La abdicación del Rey Juan Carlos I ha sido interpretada
desde muy diversos puntos de vista. Desde la afición republicana –perdónenme
esta licencia pero en estos momentos presenta rasgos más propios de hinchas de
fútbol que de políticos racionales‑ se
ha ensalzado lo democrática que es una república frente al carácter
antidemocrático de la monarquía parlamentaria[1].
Nada más lejos de la realidad. Desde un análisis técnico[2] una
República Parlamentaria es más parecida a una Monarquía Parlamentaria que a una
República Presidencialista. Por tanto, la Monarquía Parlamentaria
constitucional es tan democrática como cualquier República. Podemos tener más
dudas sobre la calidad democrática de determinadas Repúblicas presidencialistas
en las que el “Presidente” ha borrado de un plumazo la división de poderes y
mantiene una constante represión contra la oposición. Si ese es el ideal de los
“nuevos demócratas”, mejor nos quedamos con algo que ha funcionado bastante
bien, la monarquía parlamentaria española. Esta afirmación no nos impide exigir
la mejora de la democracia española, pero precisamente los grandes problemas no
se encuentran en la dicotomía Monarquía, sí o no. Transparencia, participación,
democratización de los partidos políticos, reencuentro entre ciudadanos y
políticos, Justicia más justa y rápida, control de los monopolios u oligopolios,
una organización territorial más eficaz y eficiente al servicio de todos los
ciudadanos… esas sí que son las asignaturas pendientes de nuestra democracia.
También se dice que ahora es el momento de un referéndum para
decidir entre república o monarquía. Al respecto podemos hacer dos reflexiones.
La primera es que la institución del referéndum ha sido uno de los instrumentos
preferidos por los dictadores para legitimarse. Franco organizó dos, uno 1947
(el 93% voto sí) y, otro en 1966, en
éste el 95,06% de los votos fueron afirmativos. La segunda es que también en
este punto se está engañando a la opinión pública: con las reglas del juego
político que ahora tenemos, no es posible la convocatoria de un referéndum para
decidir entre monarquía o república. De nuevo el desconocimiento o la
manipulación son las dos explicaciones plausibles. Si se quieren cambiar esas
reglas del juego político deben hacerse desde el marco democrático. Cambiar una
monarquía parlamentaria por una aún indefinida república, necesita de una
reforma constitucional agravada del artículo 168 de la Constitución. Esta
reforma precisa la aprobación por parte de 2/3 del Congreso de los Diputados,
la aprobación por 2/3 del Senado, la disolución de las Cortes Generales, la
celebración de elecciones generales, la aprobación por cada una de las dos
nuevas cámaras legislativas, también por mayoría cualificada de 2/3 y,
finalmente, la celebración de un referéndum.
El argumento esencial de los republicanos es que el pueblo
español tiene derecho a decidir quién es el Jefe del Estado. Eso ya lo decidió
cuando se aprobó la Constitución en 1978. Pero además, ¿quién creen ustedes que
sería el hipotético Presidente de la III República española? Sí, no se rompan
la cabeza: habría sido quien el PP o el PSOE hubiese designado, lo cual deja
muy limitada la elección por parte del pueblo.
Quizás deberíamos afrontar desde la racionalidad y sin
apasionamiento este tema. Podemos estar de acuerdo con el enfoque que considera
la monarquía como una anomalía histórica[3],
pero lo cierto es que en Europa hay 10 monarquías parlamentarias[4] y
que la institución en España está funcionando bien –con todos los errores y
matices‑ en este sentido “whatever works”, “si la cosa funciona…”. La clave se
encuentra en que un Monarca constitucional realiza parte de su función de cara al
público en representación del Estado. Eso supone no solo dar discursos, también
firmar leyes, asistir a encuentros internacionales, recibir a los embajadores,
entrevistarse con personalidades de la vida social, económica, deportiva… En
estas labores, la institución monárquica presenta una ventaja sobre la
republicana. En principio el cargo de rey es vitalicio[5],
aunque como acabamos de comprobar es posible la abdicación. Por el contrario,
el Presidente de una República ocupa el cargo por un tiempo limitado. Si se
trata de una república parlamentaria su ocupación es similar la de un rey
constitucional con la diferencia que es poco conocido dentro de sus fronteras y
prácticamente desconocido fuera de su país. En este sentido, la proyección
pública de un Rey es muy superior al de un Presidente de la República. El
configurarse como “la más alta
representación del Estado español en las relaciones internacionales,
especialmente con las naciones de su comunidad histórica” tal y como dice el
artículo 56 de la Constitución española viene a ser más estable en un sistema
monárquico que republicano. Evidentemente una monarquía presenta una indudable
ventaja si se trata de una persona conocida y reconocida a nivel internacional.
La otra función del Jefe del
Estado consiste en arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las
instituciones. Aquí también existe una situación de ventaja para un monarca
sobre un presidente de república. La independencia y situación apolítica del
rey juega a favor de esa función de moderación y arbitraje. Un presidente de la
república parte de una adscripción partidista y, por tanto con una capacidad de
mediación muy comprometida. Incluso puede producirse una tensión entre
Presidente de la República y Primer Ministro, con grave quebranto de las
relaciones institucionales, tal y como ha ocurrido en Rumanía entre el 2007 y
el 2012[6].
Incluso esa situación ha llevado a algunos países como Francia a buscar una
“cohabitación” entre ambas instituciones.
No creo que sea el momento
de resucitar la polémica república-monarquía. Otros problemas más graves y con
mayor repercusión exigen nuestra atención: independentismo, quiebra económica
por el gasto de las autonomías, un sistema autonómico sin limitaciones,
dificultad del Estado para embridar a las Autonomías y Entidades Locales para
conseguir su eficacia y eficiencia, así como garantizar los derechos de todos
los españoles en cualquier lugar de España. En todo caso la monarquía
parlamentaria es uno de los factores de la estabilidad política de nuestro
país, condición necesaria para el desarrollo económico, social y político.
Confiemos que Felipe VI siga
siendo un rey que reina, pero no gobierna, para ello será trascendental su
formación –creemos que excelente‑, su actitud y el consejo y cooperación de
quien le acompañen ‑comenzando por la Reina Letizia y por aquellos que trabajen
en la Casa del Rey‑ en esta nueva etapa de la democracia en España. El rey Juan
Carlos I ha dejado muy alto el listón, pero todo es posible mejorarlo.
[1]
LARA, Cayo manifiesta que "el pueblo decida en referéndum si quiere
monarquía o república, o lo que es lo mismo monarquía o democracia". http://www.eleconomista.es/flash/noticias/5827440/06/14/Cayo-Lara-reivindica-un-referendum-para-que-el-pueblo-decida-si-quiere-Monarquia-o-Republica.html
[2]
Puede verse un análisis previo en SÁNCHEZ DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA,
Manuel: “Monarquía
o República ¿es posible optar?” en A
vueltas con el Estado. Septiembre 2009. http://sanchezdediego.blogspot.com.es/2012_09_01_archive.html
[3]
PÉREZ ROYO, Javier: “Curso de Derecho Constitucional”. Madrid, 1994. Página 434.
[4]
Un estudio comparado puede encontrarse en ROLLNERT LIERN, Göran (Director):
“Las monarquías europeas en el siglo XXI“. Madrid, 2007
[5]
Que un cargo sea vitalicio añade un plus de independencia. Los jueces y
magistrados del poder judicial que son independientes e inamovibles (artículo
117 de la Constitución española) lo son en cuanto profesionales de la justicia
de por vida, al menos hasta su jubilación o su cese por los motivos
establecidos legalmente. En Estados Unidos los Jueces de la Corte Suprema son
designados por el Presidente, pero la clave de su independencia se encuentra en
que el cargo es vitalicio.
[6]
El 6 de julio de 2012 se produce la suspensión de funciones del Presidente de
la República Traian Basescu por parte del Parlamento Rumano, a instancia del
Primer Ministro Victor Ponta, de la coalición de centro izquierda Unión Social
Liberal (USL). El referéndum posterior fue nulo al no llegar al 50% de
participación, por lo que Basescu volvió al cargo. Se trataba de la segunda vez
que el Parlamento Rumano lo destituía, la anterior fue el 20 de abril de 2007 y
fue anulada por el Tribunal Constitucional.
