Política: imbridar y embridar.
Hay en el panorama político español un ilustre dirigente que
parece que juega día sí y día no, al regate corto. Esta observación no es
propia, sino que la he oído en boca de un mucho más ilustre y sensato político del
PSOE. En ese partido que se despeño gracias a las “genialidades” del anterior
Presidente del Gobierno y a sus casos de corrupción, falta alguien que mire más
allá de la primera curva y consiga marcar el rumbo de la izquierda española. Hacer
Política, con mayúscula, es actuar con más estrategia que táctica.
Creo que se equivocan los miembros del PSOE que entienden
que el federalismo es la solución a la deriva independentista de España. Todo
ello sin considerar que las competencias de algunas comunidades autónomas son
más amplias que las que pueden tener los länder de la República Federal
Alemana. Si en algún momento los independentistas aceptasen el federalismo en
la Constitución como solución, lo sería como estación intermedia hacia el
independentismo. El federalismo les daría más fuerza en sus aspiraciones: “si
de un estado unitario hemos pasado a un estado autonómico y, de éste a un
estado federal, el siguiente paso es el estado confederal o directamente la
independencia” podría argumentar cualquier dirigente de ERC, CiU, Bildu, PNV o
alguno de los grupúsculos independentistas. Por eso, lo que puede parecer un
objetivo estratégico y la solución del guirigay que los catalanes y vascos han
producido en nuestro país, no es más que un remiendo a corto plazo y sin visos
de solucionar los problemas de España.
También creo que se equivocan los recién aparecidos partidos
políticos que propugnan una reforma electoral con un sistema esencialmente
mayoritario, con circunscripciones uninominales para cada 100.000 habitantes.
¿Realmente el sistema nos llevaría a un bipartidismo? Creo que en España no.
Prueba de ello es que los 43 diputados en Cortes catalanes se convertirían en
71. ¿Cuántos de ellos sería del PP, del PSOE o de partidos de ámbito nacional?
Hagan cálculos y no se asusten.
Podríamos preguntarnos ¿tiene esto arreglo? En principio son
muchos los problemas que aquejan al sistema político constitucional español.
Desde la creciente pérdida de confianza en la Monarquía, hasta la situación
económica de nuestro país, pasando por la corrupción instalada en todos los
niveles. Posiblemente todos estos problemas tengan algún tipo de interconexión,
pero de todos ellos hay dos que considero que son claves y que si se arreglaran
podrían solucionarse de rebote otros muchos.
El primero es el de la desconfianza del público hacia los
políticos y la política. En la actualidad el político consigue hacer carrera y
brillar gracias a su fidelidad al partido o al líder. En muchos casos
demostrada por su larga carrera política que se inicia en la correspondiente organización juvenil del
partido y, ello a costa de no haber trabajado nunca en la vida real. La
desconfianza se acrecienta cuando se comprueba que una gran parte de nuestros
impuestos van al pastel que se reparten los políticos. Pastel que ni olemos, ni
sabemos cómo sabe, ni a cuanto alcanza, porque se complementa con los
“convolutos”, mordidas, ayuditas, porcentajes del 3 o 5% y demás formas de
corrupción. Por eso, cuando los grandes partidos hacen alarde del número de
votantes ‑11 millones por unos, 7 por otros…‑ se olvidan que muchos votaron con
la mano en la nariz, votando más por el mal menor, el voto útil o voto del
miedo que por auténtica confianza.
La solución a este problema lo encontramos en una palabra complicada,
IMBRICAR.
Es necesario imbricar a la política y a los políticos en la
sociedad. Imbricar tiene el significado de superponer parcialmente. Los
ciudadanos deben ser parte de la política, sentirse parte de la política y
participar cuando ellos quieran. Esto comienza con una efectiva transparencia
de los poderes públicos, no por concesión graciosa, sino porque los ciudadanos
tienen derecho a saber. Además los políticos deben imbricarse en la sociedad y,
eso significa estar más pendientes de las necesidades y aspiraciones de las
personas que de las necesidades personales y del partido. Por eso deberían
establecerse algún tipo de limitación en el número de mandatos –en especial en
puestos ejecutivos como alcaldes, presidentes de comunidades autónomas o en la
dirección del gobierno. También debería obligarse de alguna forma a que los
políticos hayan trabajado en la vida real, como asalariados, como empresarios o
como funcionarios. Quizás una de las claves de la Transición española es que
los políticos fueron reclutados en los hospitales, en los bufetes, en las
aulas, en las oficinas ministeriales, en las universidades… y la sociedad
sentía que esos políticos les representaban.
El segundo problema tiene que ver con la estructura del
estado español. El estado de las autonomías como fórmula política abierta ha
posibilitado un proceso de transferencias del Estado hacia las Comunidades
Autónomas que ha entrado en crisis por al menos tres circunstancias. En primer
lugar porque el sistema es abierto y continuamente se producen demandas de
nuevas transferencias y, recursos económicos, por parte de las comunidades
autónomas, ya que ninguna quiere dejar de ser menos que la vecina. La
singularidad autonómica ha llevado a una hiperinflación de normas –el volumen
de páginas en boletines oficiales es sencillamente indigerible‑ generando una
desigualdad de los españoles. Este es el segundo de los problemas, no recibe el
mismo tratamiento, ni tiene los mismos derechos un paciente en el País Vasco
que en Andalucía. El tercer problema tiene que ver con el coste. Las autonomías
han incrementado el número de servidores públicos, han disparado el gasto
público. Ello es admisible en tiempos de bonanza, pero no con la crisis
económica. Por eso el despilfarro autonómico es inadmisible hoy en día. En
estos momentos más de un 20% de la población española desearía volver a un estado
unitario. Ésta también es una de las propuestas de los partidos recién
presentados a la derecha del PP. Es difícil una vuelta atrás total, pues hay
mucha gente que vive de las estructuras autonómicas, de las subvenciones… en
definitiva de las Comunidades Autónomas. Incluso los partidos políticos de
ámbito nacional se encuentran afectados por este “localismo” que ha instaurado
a barones en estos nuevos reinos de taifas.
La solución pasaría por otra palabra difícil y similar a la
anterior: EMBRIDAR. En su significado de “someter, sujetar, refrenar” se
trataría de encauzar a las Comunidades Autónomas con dos objetivos claros:
establecer un mismo régimen jurídico para todos españoles y controlar el gasto
público. La igualdad de los españoles con independencia del lugar de residencia
es una exigencia constitucional, con independencia de todos los matices que haya
podido realizar el propio Tribunal Constitucional. Igualdad fiscal, mercado
único, desarrollo de la lengua común, documentación oficial en una misma
lengua, cuerpos de funcionarios a nivel de todo el Estado, estructura salarial
similar en funciones equivalentes... Todo ello con independencia de la
diversidad cultural, el respeto y fomento de las lenguas autóctonas, la
preservación del derecho foral… Para ello habría que establecer la preeminencia
de las normas estatales sobre las
autonómicas, quizás con unas auténticas Leyes de armonización. En la obra “Recuperar
España” del Aula Política del CEU San Pablo se proponen medidas concretas
que permitirían embridar el estado de las autonomías. Para evitar conflictos de
competencias se precisarían una reforma suave de la Constitución (la propia del
artículo 167).
Si consiguiéramos imbricar a la política en la ciudadanía y
embridar el estado de las autonomías habríamos puesto los cimientos de un
estado y de una sociedad más participativa, menos costosa y, en donde lo
público esté al servicio de las personas y no al revés.
Además recomiendo el último artículo de José María Carrascal, publicado en la Tercera de ABC de ayer 4 de marzo con el título El PSOE en la encrucijada.
Hasta dentro de unos días no se podrá consultar de forma gratuita.
