Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva
Parece claro que la Justicia en España no funciona todo lo bien que debería. Esta es una fórmula que evita manifestaciones radicales como “la Justicia es un cachondeo”, “es una Justicia injusta….”.
Los ciudadanos deben de confiar en la Justicia como último recurso para proteger sus derechos y bienes. Una de las claves para la regeneración de nuestro país, incluso para afrontar la crisis económica es precisamente conseguir un sistema judicial que sea ágil, seguro, confiable, apolítico... en una sola palabra: justo.
El 15 de julio podíamos leer la siguiente columna de José María Carrascal titulada "El rapto de la Justicia" que recomiendo.
El 15 de julio podíamos leer la siguiente columna de José María Carrascal titulada "El rapto de la Justicia" que recomiendo.
A lo largo de más de un año el Aula Política del CEU San Pablo ha estudiado este asunto. Entre las muchas aportaciones interesantes, la visión crítica de la periodista María Peral de El Mundo es de agradecer por su tremenda sinceridad. Muchas de sus reflexiones se recogen en los siguientes puntos completados por otras aportaciones de magistrados, políticos, académicos... que de forma esquemática se someten a su consideración:
1. 1.-Falta de implicación de los operadores jurídicos. La desilusión de los que hacen Justicia: Jueces, Fiscales, Funcionarios, Procuradores, Abogados…
· Falta de entusiasmo
· Volumen de trabajo
· Escasa retribución (la carrera fiscal)
· Falta de prestigio profesional
· Falta una promoción profesional objetiva. Promoción premiada por la fidelidad, por los padrinos, las asociaciones, la política cuando debía hacerse por la calidad de la actuación profesional
· Falta de medios
· Falta de preparación de los funcionarios de la Oficina Judicial (porcentaje de funcionarios interinos en Madrid 38%; en Andalucía 43%)
· Buenos jueces pero a veces sin experiencia en la vida.
2. 2.-Falta de voluntad política. ¿Una Justicia que controle al poder?
· El PSOE prometió dedicar el 2% del PIB… nunca ha llegado al 1%
· No se quiere arreglar la Justicia porque la función de control de poder es mejor que se ejercite mal y tarde.
· La idea que los actos de políticos sean revisados por el Tribunal Supremo 6 años después… y salen gratis.
· Cuando se quiere arreglar un servicio público, se puede hacer, tal y como ocurrió con Hacienda.
3. 3.-Tres Patrones para la Justicia. El Estado Autonómico y la Justicia
· La concurrencia de las competencias del CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma que tenga transferida competencias en materia de Justicia dificulta el funcionamiento de la Justicia
· Entre los efectos negativos:
i. Las CCAA quiere controlar –mandar porque para eso pagan‑ la parte de de la Justicia que le compete.
ii. Problemas de compatibilidad de los sistemas informáticos y transferencia de información entre las comunidades autónomas.
iii. Uso de lenguas autonómicas en la propia tramitación.
iv. Pérdida del sentido de un sistema judicial único.
v. Quiebra del principio de igualdad de los españoles.
4. 4.-Se legisla mal y demasiado. Un ordenamiento jurídico complejo.
· Hiperinflación normativa. Unión Europea, Estatal, autonómica… se introducen disposiciones normativas en Leyes que nada tienen que ver con dicha norma, se legisla de forma contradictoria, para satisfacer intereses particulares (de comunidades autónomas, de grupos económicos…). Quizás la mejor expresión de todo esto es la Ley de Economía Sostenible que en su artículo 4 proclama la simplificación normativa y, la propia norma es un galimatías que modifica decenas de normas jurídicas, que bajo la rúbrica de Economía Sostenible agrupa cuestiones heterogéneas…
· No legislar a golpe de acontecimiento (legislación sobre el menor, modificación del Tribunal Constitucional…)
· Necesidad del consenso sobre las leyes básicas del Poder Judicial.
5. 5.-La politización de la Justicia.
· “La designación” del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por parte del Presidente del Gobierno.
· La vinculación de los vocales del CGPJ a una opción política
· De los 20 vocales del CGPJ, 12 son magistrados y jueces. Han existido tres formas de designación de esos 12 magistrados. La originaria establecía su elección por parte de los propios jueces y magistrados, la de 1985 se designaban por el Congreso y el Senado y, por último, la del 2001 establece un doble mecanismo: presentación por parte de las asociaciones de magistrados y por avales de magistrados no asociados de 36 candidatos y posterior elección en el Congreso y Senado.
· Las asociaciones de jueces y magistrados como correa de trasmisión entre Política y Justicia
6. 6.-La tensión entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo que ha dejado de ser Supremo.
· Tensión que ha llevado a que los magistrados del Constitucional sean sancionados por el Tribunal Supremo. El TS estimo que hubo negligencia en la actuación del TC[1] al rechazar un recurso contra la designación "a dedo" de los letrados del Tribunal Constitucional. La responsabilidad civil la estableció el Tribunal Supremo
· En cuestiones de mera legalidad el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana al Supremo: (prueba de la paternidad, la prescripción de los delitos, igualdad de sexos en la sucesión de los títulos nobiliarios...)
7. 7.-La litigiosidad excesiva. O los expedientes en la silla
· Algunos Tribunales están desbordados por el número de asuntos.
· Pleitear es relativamente barato en España
· Una forma de dilatar una condena es recurrir y poner todas las trabas que se puedan para que el proceso se eternice.
8. 8.-La lentitud de la Justicia. Una Justicia lenta es injusta
· Es tal la demora que hasta se ha convertido en un atenuante la lentitud en impartir justicia. Un condenado por un delito puede ver reducida su condena cuando se ha tardado mucho en condenarle.
· La lentitud para cobrar un impago puede llevar a la ruina a cualquier pequeña empresa.
9. 8.-Una Justicia desigual. Falta de unificación de la Jurisprudencia.
· En asuntos que no son unificados por el Tribunal Supremo, podemos encontrar fallos y criterios dispares en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
· Otros muchos procedimientos no llegan la Tribunal Supremo.
· Otros muchos procedimientos no llegan la Tribunal Supremo.
· Se produce una gran inseguridad jurídica al no conocer cuál es el previsible fallo.
10. 10.-La falta de transparencia de la Justicia. La jerga de los tribunales
· Desde la forma de actuación –ha mejorado de forma notable en los últimos años en gran parte gracias a los gabinetes de comunicación. Hoy en día es fácil conseguir una determinada sentencia, antes sólo por amiguismo se conseguía.
· La redacción de los escritos judiciales presenta en muchos casos una lenguaje y unas expresiones difíciles, cuando no incomprensibles para los neófitos.
¿Crees que la Justicia tiene otros problemas?
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los 10 que he citado?
¿Qué ideas puedes aportar para mejora la Justicia?
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los 10 que he citado?
¿Qué ideas puedes aportar para mejora la Justicia?
Puedes dejar tu comentario.
[1] Véase las informaciones de El País http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/condena /magistrados/Constitucional/indemnizar/abogado/elpepiesp/20040124elpepinac_13/Tes y El Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2004/01/23/espana/1074857523.html
148 comentarios:
Respecto al punto 5 ("La politización de la justicia") creo que no sólo el sistema de elección del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por parte del Presidente del Gobierno es síntoma de politización. A mi juicio, las manifestaciones más graves de esta "sensación de politización" de la Justicia están todos los días en los medios de comunicación. El estallido del Caso Gürtel y el Caso Faisán ha hecho pensar a los ciudadanos que los retrasos judiciales o la admisión de pruebas tienen más que ver con los "amiguismos" o "matrimonios" entre políticos y jueces que con problemas estructurales del sistema Judicial. Esta percepción ciudadana me parece peligrosa, puesto que nos lleva a cuestionar sentencias y decisiones judiciales. No confiar en la Justicia es no confiar en el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es una de las garantías democráticas más eficaces que tenemos.
Un ejemplo perfecto para ilustrar este argumento es el tratamiento que se ha dado al error judicial en el caso de Troitiño, que se ha usado como arma contra los partidos políticos más que como una crítica al sistema judicial.
Por otra parte, creo que tras el Caso Mariluz, la Justicia está haciendo un esfuerzo por modernizar el sistema. Está por ver si lo consiguen.
Que la Justicia funcione es esencial en un sistema democrático.
Quizás yo añadiría que los Jueces se creen semidioses y están desconectados con la realidad, con la vida misma.
Necesitaríamos jueces que hayan vivido, no opositores que dedicaron ¿2, 3, 4, 5...9? años de su vida en preparar una oposición. Sabrán mucho de leyes, pero de vida y de Derecho... no sé.
Sara Montero:
Estoy de acuerdo. En general en la mayoría de los asuntos que resuelve la Justicia no hay politización.
Sí que la hay en algo que ha apuntado y es que se emplea la Justicia como medio para desgastar al rival político.
Los escándalos de corrupción y la "judicialización de la política" están haciendo mucho daño a la Justicia. Quizás podíamos añadirlo como un problema más de la Justicia.
Bien, bien dicho.
Me parece interesante esos puntos que plantea. Y quiero comentar un par de ellos.
Sobre el punto 2 (Falta de voluntad política). Está claro que a sus señorías no les interesa cambiar ciertas cosas. Lo vemos con el Tribunal Constitucional, que aun estamos esperando que se renueven a sus magistrados. Pero falta el acuerdo para lograrlo. Y esto es así porque se usa como herramienta política.
También quería comentar el punto 5, bastante ligado al punto 2.
Me centraré en el tema de usarlo "para legislar", por así decirlo.
En las dos últimas legislaturas hemos visto como, cada vez que salía una ley que a determinado partido no le gustaba, y, como no conseguía "tumbarla" en las Cortes, amenazaba -y luego lo llevaba adelante- con llevarlo al Tribunal Constitucional. Ha pasado con la ley que permite las bodas con personas del mismo sexo, con la ley del aborto y con la "ley Sinde". Esta última solo fue una amenaza, pues ha terminado votando a favor. Se ve, cómo decía antes, que lo usa como herramienta política.
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Otro punto que creo que es importante es la visión de la justicia desde "la calle". La gente teme a la justicia, como si fuera un leviatán que nadie quisiera encontrarse. Esto es así por muchos de los temas que se desarrollan en este post, claro. La justicia necesita un lavado de cara.
Un saludo.
Ángel G Ropero
Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación “la justicia española es injusta”. Lo podemos ver en casos tan mediáticos como el de Marta del Castillo. Hay varios implicados en su muerte y ninguno de ellos ha desvelado y temo que desgraciadamente desvelará dónde está el cuerpo de la joven. El hecho de encontrar el cuerpo sería fundamental para que los presuntos asesinos cumpliesen una condena justa, además de ser un “alivio” para los padres, poder enterrar a su hija y descansar en paz.
También estoy de acuerdo en que existe falta de voluntad política en materia de justicia. No creo que sea cuestión de partidos. Pienso que ni PSOE, ni PP se involucran demasiado en estos asuntos. Con el caso Mari Luz, el PP propuso reformar el Código Penal e incluir la condena perpetua revisable para delitos de extrema gravedad si ganaba las elecciones. Esto no deja de ser una promesa electoral que, quizás se cumpla o posiblemente quede en el aire como otras tantas cosas en que nuestros políticos prometen en este país.
Por otra parte, creo que es un error que el Presidente del CGPJ y del TS sean elegidos por el Presidente del Gobierno. Partiendo de ahí, ya vemos que la justicia española está politizada pero, ¿cómo solucionar esto? No sé si estaré en lo cierto pero, pienso que la mayoría de los ciudadanos tenemos una ideología más o menos marcada. Con ello quiero decir que, cualquier juez o magistrado -en determinados procesos de calado político- con su sentencia en ocasiones pueden favorecer al acusado viéndose éste beneficiado.
También coincido en que los procesos judiciales en España son demasiado duraderos en el tiempo. Creo que si un caso se resolviese con mayor rapidez, la justicia española iría mejor. El mayor problema es, ¿cómo conseguir que la justicia sea más rápida y en definitiva justa? En muchos casos, la pena de los condenados se ve reducida por la eternización del proceso y eso me parece totalmente incomprensible.
En muchas ocasiones, la justicia es desigual para casos muy similares. En los últimos días se está hablando mucho de Miguel Montes Neiro, el preso más antiguo de España. Lleva en prisión más de 35 años y no ha cometido delitos de sangre. Se le ha denegado el tercer grado y por ello se ha puesto en huelga de hambre. Tal y como señaló el Defensor del pueblo Andaluz, su estancia en prisión no se trata de legalidad sino de equidad. Moralmente creo que es injusto que Montes Neiro siga en prisión después de más de tres décadas y mientras tanto hay etarras como Troitiño que asesinando a 22 personas, ha cumplido 24 años de prisión de los 2700 a los que fue condenado y está en libertad. Sin duda, esto es otro de los tantos ejemplos de justicia, injusta.
F. JAVIER ALAMEDA, PERIODISMO, 3º D
En mi opinión, el principal problema de la Justicia en España es la lentitud.
Los expedientes se acumulan y se acumulan en ciertos Juzgados, y eso ralentiza el proceso.
Creo que, antes de acudir a la vía jurisdiccional para resolver un conflicto de intereses, se deberían emplear otras vías, como la de la mediación y el arbitraje. Así, los Juzgados tendrían menos causas que resolver. De este modo, el proceso judicial debería ser la última vía empleada a la hora de resolver un conflicto de intereses.
Asimismo, si una persona considera que no se le han respetado ciertos Derechos Fundamentales, antes de acudir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, puede presentar un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo, cuya tramitación es gratuita.
El problema estriba en que la figura del Defensor del pueblo no está tan arraigada como por ejemplo en los países nórdicos, donde sus ciudadanos están más habituados a esta institución.
Otro de los principales problemas de la Justicia en España es el de la falta de medios. Aunque se ha intentado "digitalizar" los Juzgados con más ordenadores y recursos informáticos, la actual situación de crisis económica hace que resulte difícil-y costoso- modernizar la Justicia.
A mi parecer, la Justicia española también se ve muy deteriorada por la injerencia de los medios de comunicación. En muchos casos mediáticos, como el de Mari Luz Cortés o el de Marta del Castillo, los medios "organizan" un juicio paralelo al mismo proceso judicial, y esto puede afectar a la larga al fallo final de una resolución judicial.
Por ejemplo, cuando los 9 miembros de un Jurado Popular están deliberando sobre un caso, aunque están aislados, su decisión puede verse afectada por los comentarios de la prensa.
Creo que los medios de comunicación deberían ser más cuidadosos a la hora de cubrir ciertas informaciones, pues los únicos que están legitimados para procesar o juzgar a una persona son los Jueces y Magistrados (Artículo 117. CE) y no un periódico o una cadena de TV en busca del sensacionalismo y el morbo.
Pues bien, estos son, a mi entender, los principales problemas de la Justicia en España.
A pesar de todo, no debemos minusvalorar el trabajo que realizan los Jueces y Magistrados españoles, pues éstos desarrollan su labor en condiciones muchas veces adversas.
F. Javier Alameda, Periodismo. 3ºD.
a Manuel Sánchez de Diego,
Es completamente cierto que los escándalos de corrupción y "la judicialización de la política" están haciendo mucho daño a la Justicia pero desgraciadamente en España existe corrupción y muchisimos casos de caciquismo retrograda y abuso de poder y el papel de los juesces es esclarecer y juzgar esos casos porque en caso contrario hablaremos de "la politizacion del poder judicial"
Hugo JIménez Núñez
Lo primero antes de realizar un análisis de cualquier asunto es necesario proponer una definición de este y ofrecer una explicación objetiva que permita entender mejor la opinión posterior.
Una definición de justicia no muy complicada que anda por diferentes documentos se trata de: 1) Calidad de justo. 2) Manera justa de proceder. 3) Organización de que dispone el Estado para dirimir las diferencias entre las personas y castigar los delitos de acuerdo con la ley y el derecho.
Estas acepciones a simple vista parecen evidentes y, como no, asequibles en su cumplimiento. Sin embargo, dándole unas cuantas vueltas de tuerca al tema, se observa que cojea por diferentes lugares.
Como expone la periodista María Peral en el texto, hay múltiples factores que hacen de la justicia una quimera. ¿Es justicia lo que encontramos en España actualmente?
El mayor problema que observo dentro del sistema judicial actual es la politización de esta. Hoy, la mayoría de los Estados son democráticos y es el poder quien tiene el mando jurídico. Es de obligado cumplimiento que la ley y el orden se hagan pensando en el ciudadano, en la población. Pero de esto, en un siglo XXI corrompido y problemático queda bastante poco, ya que la situación ha llevado a los que nos dirigen, guiados por sus intereses personales a que todo vaya hacia determinados grupos sociales elitistas, donde lo realmente importante es el fin y para nada el proceso, como dirimió Macquiavelo en su obra.
Es en este punto donde creo que aparece otro de los puntos esenciales de la justicia: la ética. Nos arrimamos peligrosamente a una sociedad en la que triunfarán y se mantendrán solamente aquellas personas que pertenezcan al grupo más “cool”, como se diría en este núcleo, o los que tenga un enchufe político. Por eso es tan importante la ética dentro del derecho. ¿Luchar por una sociedad justa y acabar en la calle o unirse a lo que interesa y permanecer en tu cargo? He ahí la cuestión…
El otro problema esencial que quiero tratar es la lentitud judicial. Según datos estadísticos en España, puedes tardar 6 años en ganar un pleito. La Justicia española está colapsada, con más de 9 millones de asuntos al año para 5.000 jueces. Además, España es el país de Europa con más litigios (205 por 1000 habitantes), el primero con más abogados (120.000). El resultado es que el plazo medio de resolver una demanda en primera instancia son 300 días y lo normal es que, con apelaciones, se vaya a cuatro y seis años. Y esos retrasos suponen un alto coste para la economía, los particulares y las empresas. Sólo en la Sala de lo Contencioso están bloqueados, por litigios, fondos por más de 6.000 millones de euros.
Así es muy complicado. Es muy complicado tener una buena imagen del poder judicial, es muy complicado creer en él, es muy complicado tener una solución en un tiempo coherente…
Además de estos, los otros puntos tratados en el texto de El Mundo son totalmente aplicables y pienso que el único, por ahora que tiene solución es la lucha entre TC y TS. Son 2 órganos de gobierno y se debería de poder llegar a un acuerdo para limitar su actuación y que no se enfrascaran en discusiones que lo único que motivan es una mayor pesadez y dificultad en la justicia.
Esta es mi opinión.
Considero que el principal problema de la Justicia española es la falta de ‘’trabajadores de la Justicia’’, ya que la ausencia de convocatorias para jueces que emite el Consejo de Judicatura, retarda la justicia en nuestro país. El problema, por tanto, no es una falta de interés de los funcionarios, si no una acumulación de trabajo que no son capaces de reducir. Una de las soluciones sería convocar más plazas para jueces, pero nos encontramos con el gran problema del dinero, y en la época en la que nos encontramos, sería una solución que quedaría al margen.
El multilingüismo de España es para la CE una riqueza que merece una especial protección, como establece el art. 3.3 CE. En cuanto al problema mencionado del uso de lenguas autonómicas en la propia tramitación, he de decir que no estoy de acuerdo, me parece un derecho reconocido a los ciudadanos más que una obligación, quien quiera lo usa, quien no, no. El art. 231.2 LOPJ establece que ‘’Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidades Autónomas, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que pudiere producir indefensión’. Por tanto basándome en este artículo, queda claro que no causa ninguna indefensión el uso de lenguas autonómicas siempre y cuando todos los implicados la conozcan, por lo que no supone un problema en la justicia ese punto. Más nos debería preocupar el gasto destinado en traductores en el Senado, lo que si me parece una medida innecesaria y costosa. El gasto por sesión en el Senado en traductores es de 12.000 euros; una medida fuera de lugar después de los recortes presupuestarios en sueldos de los funcionarios y recortes sociales realizados por el ejecutivo para reducir el déficit.
El tema de la legislación del menor ha sido debatido durante los últimos años debido a casos como el de Marta del Castillo. La máxima pena para los menores que sean mayores de 16 años es de 8 años de internamiento en régimen cerrado, con otros 5 de libertad vigilada; para los menores entre 14 y 16 años la pena es de 4 años de internamiento en régimen cerrado y 3 en libertad vigilada. Lo que choca de esta ley es que una persona que todavía no tenga 18 años que cometa un homicidio le caerá 8 años de cárcel como mucho, mientras que si acaba de cumplir los 18 serán de 15 años, como establece el art. 138 CP. Aquí la justicia ha cometido un gran fallo, ya esta situación es conocida por mayores y adultos lo que propicia que muchas mafias utilicen a niños para cometer delitos, debido a su reducida pena, o que en casos en que el menor haya sido partícipe en un delito, se le intente acusar de autor principal del mismo para que no se condene al adulto.
Finalmente decir que los problemas en la Justicia son algo que nunca se podrán reducir al 100%; pero debemos seguir intentándolo cada día.
Sara Martínez Cazalilla
Estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho mis compañeros hasta ahora, pero no se nos debe olvidar que por muy subjetiva que pueda ser la justicia los límites de su interpretación están marcados por la legalidad y los jueces son los únicos que pueden dictar sentencias, los demás solo podemos emitir opiniones.
Ayer salió la resolución (muy ajustada) de la posibilidad de que Bildu pueda presentarse a las próximas elecciones. Durante todo el día de hoy he estado escuchando comentarios desalificativos hacia un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional. Entiendo que es un tema muy sensible para la ciudadanía española, pero desde los medios de comunicación y los partidos políticos no pueden dedicarse a desacreditar al órgano que guarda los principios de nuestra Constitución, tan apreciada por todos.
Por supuesto, tampoco el gobierno debe intervenir para deslegitimar o intentar cambiar el sentido de la propia sentencia. Esto sería un delito muy grave, ya que hay que recordar que la separación de poderes es una premisa básica de los estados democráticos actuales. Hasta ahora solo he escuchado argumentos políticos a favor o encontra de esta resolución, pero me ha costado encontrar argumentos puramente jurídicos, donde se citen artículos legales, otro síntoma más de la excesiva politización del ámbito judicial.
A veces se nos olvida que esto también es la democracia.
Me parece curioso que estemos discutiendo la lentitud de la Justicia, como decía Javier, cuando estamos viendo a diario lo sorprendentemente rápidos que han sido los procesos de Sortu y Bildu. Sin entrar en los diferentes plazos y procesos, el mensaje que recibe la ciudadanía es que la justicia es lenta para lo que le interesa.
Además con todo el tema de la candidatura de Bildu a las elecciones lo que se ha percibido, como ha dicho Sara, es la posición política de la resolución del Tribunal Constitucional. Dos ejemplos de ello: hoy el País ha señalado que: “El fallo revela que la división ideológica, y no solo jurídica (…) ha persistido entre los magistrados del TC.”y El Mundo ha titulado hoy de esta forma: “Bildu asegura que la decisión del Constitucional ha sido 'política'”
Resumiendo, mientras los medios de comunicación den a los asuntos relacionados con la administración de justicia el tratamiento que hemos visto hasta ahora, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que la Justicia es un sistema alejado de los problemas jurídicos de las personas de a pie y se basa más en cuestiones políticas que en legales. ¿Y quién va a confiar en semejante sistema?
Más allá de todos los problemas señalados en el post, creo por estos motivos que hay un defecto del sistema judicial español que no estamos teniendo en cuenta y es una imagen pública bastante deficiente. De hecho, en el barómetro del CIS de febrero de este año tanto el Tribunal Constitucional como los Tribunales de justicia suspenden en confianza. (Se puede consultar en la pregunta 7 de esta encuesta: http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2860_2879/2861/Es2861.pdf )
Dejo los enlaces de El País y El Mundo por si alguien quiere echarles un vistazo:
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Via/libre/Bildu/elpepiopi/20110507elpepiopi_1/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/06/paisvasco/1304695616.html
En mi opinión la politización de la justicia es un hecho, ya que documentándome sobre el tema he encontrado que existe un manifiesto contra la politización de la justicia, elaborado y firmado por 1.091 Jueces y Magistrados españoles. Es de suponer que si esta elevada cifra de firmantes existe,la justicia esta dejando bastante que desear en este aspecto.
http://www.legaltoday.com/files/File/pdfs/manifiesto-jueces.pdf
Yo por mi parte, considero que al margen de politización e idelogía,el principal problema de la " justicia justa" que se realiza en España es la lentitud y el escaso personal que existe ante tanto trabajo. Esto provoca que ocurran cantidad de casos mal resueltos, o resueltos con un final injusto, como podemos comprobar prácticamente a diario en los medios de comunicación.
Es mencionable no obstante, que estos medios solo resaltan los casos excepcionales y no los que se resuelven correctamente. Esto hecho también provoca cierta inquietud en los ciudadanos, que acabamos teniendo una visión nada afortunada de la justicia.
A Sara Montero M, hoy, que ha salido la sentencia y los votos particulares, ya oirás opiniones jurídicas.
Y es que los votos particulares consideran que el TC "se extralimitó" en sus funciones al analizar una de las pruebas porque dice que se convirtió en un tipo "super-casación" cuando esa no es el trabajo del Tribunal Constitucional.
Eso entraría dentro del problema número 6 de la justicia, ¿no? Las tensiones entre TC y TS
Beatriz Yubero Parro
Respecto al post del profesor Manual Sánchez, he de decir que considero, al igual que la citada periodista del diario El Mundo, María Peral que los problemas en los que se ve envuelta al mala gestión del sistema judicial en España son muchos, no obstante matizaría algunos puntos al respecto, puesto que la propuesta es un esquema de lo que en realidad, Peral trata con más profundidad en su estudio.
En primer lugar creo sin lugar a dudas que el problema de la gestión judicial se ve ralentizado por algo que en ese país parece ser el “no va más” de todos los sistemas, la burocracia.
Tramites si fin, ni utilidad alguna que no sólo entorpecen la labor de los profesionales encargados de los casos sino que además, originan un caos administrativo que conlleva, en muchas ocasiones, la ralentización de los procesos hasta incluso, en años. Sin embargo, no solamente será en este campo donde la burocracia española y el conocido “vuelva usted mañana” tengan cabida desgracidamente.
En segundo lugar, el profesor Sánchez de Diego menciona en sus primeras palabras del texto concretamente que “Los ciudadanos deben de confiar en la Justicia como último recurso para proteger sus derechos y bienes”; en este punto lo siento profesor, difiero:
Por mi parte he de decir que creo que la justicia debería ser el primer recurso al que acudieran los ciudadanos para proteger los derechos y bienes que hayan sido vulnerados por un ente ajeno, no obstante he de decir que también considero que habría que hacer una gran reconversión de lo que los medios propagan como justicia.
La justicia protege nuestros derechos, bienes y libertades, no cabe duda, pero la justicia no puede ser tratada como moneda de cambio de cualquier problema.
Pero... ¿Quién protege a la justicia? Hoy en día muchos son los medios de comunicación de masas que utilizan desinteresadamente el nombre de la justicia para conseguir audiencia; unos cuantos puntos a costa del nombre de la institución.
Demandas de paternidad en programas de tercera, querellas criminales (como mal-dicen) o seguimientos de casos que en manos de la justicia resultan mediáticos (un claro ejemplo es el caso Marta del Castillo) perjudican por su condición de “shows televisivos” la situación de los implicados, provocan que el nombre de la entidad sea requerido para amenazar (“Te voy a poner una demanda por no bajas la basura!”) y que cada día la gente acuda con mayor frecuencia a los juzgados para resolver temas que bien podrían resolver en la más estricta intimidad. Dialogar, se ha convertido también hoy en día en un acto burocrático.
Para finalizar, puesto que me estoy extendiendo demasiado, me gustaría apuntalar un tema al que también se ha recurrido en el post, la justicia vs política. De sobra es conocido que la Santa Trinidad ( Justicia, Medios de Comunicación, Opinión Pública) es quien hoy en día rige nuestras vidas, la información que recibimos, nuestra manera de pensar; sin embargo debido a esta condición mediática la Justicia en mi opinión ha caído en la trampa de algo que también se encuentra mediatizado, la política.
Justicia y política van de la mano; en ocasiones parecen ser como, esa extraña pareja que siempre está discutiendo. Viven enfrentados pero no pueden vivir el uno sin el otro. En mi opinión, la justicia si está politizada y creo que el caso más reciente es el que vemos estos días acerca de la decisión “Bildu si, Bildu no”. Es triste, pero todo funciona por influencias, cadenas de poder donde el más fuerte, el poderoso es el que marca las pautas.
En este caso, la política parece ser el líder, y la justicia, la batuta que marca la pauta.
Diego García Menéndez (3ºD)
Quizás tenga un poco de ventaja a la hora de comentar ciertas cosas por tener familiares que ha estudiado Derecho y ha estado trabajando en ello durante toda su vida, con lo que he podido vivir parte de sus dificultades y he “aguantado” sus quejas.
Con respecto a la falta de implicación de los profesionales… no se puede generalizar. Es cierto que en todos sitios cuecen habas, pero si bien la mayor parte del problema se lo achacaría a los funcionarios, los autónomos y también los jueces no tienen por qué tener una falta de entusiasmo personal. La escasa retribución me parece una queja absurda y más en estos momentos que cualquier trabajo es bueno. El volumen de trabajo en los jueces parece ser desproporcionado, aunque en otros casos vemos lo opuesto con lo que no puedo opinar al respecto.
La falta de objetividad sí que es más preocupante, pero todos sabemos lo difícil que es no tener alguna inclinación política o social; sin embargo, los jueces están obligados a dejarlas de lado, y la mejor manera de ayudarles sería no dejándoles ejercer ni en sus ciudades de origen ni, por si acaso, en su comunidad autónoma.
La falta de voluntad política y la politización de la Justicia están íntimamente relacionadas. Los políticos han acaparado el sistema judicial y los jueces han perdido sus estatus de intocables ya que los tribunales más importantes del Estado están controlados por los políticos, y este es el problema más grave, en mi opinión, de la Justicia española. Han conseguido una injerencia enorme sin que la gente se escandalice y esto complica la democracia. La elección de magistrados por el Senado y el Congreso debería ser eliminada en pos de conseguir una Justicia total y realmente independiente, pero de cualquier manera que sea responsable de sus actos.
Los Tribunales Superiores Autonómicos son una auténtica broma. Cómo se van a juzgar a los políticos por corrupción en los propios tribunales que ellos controlan. Esto se suma al problema burocrático que existe a nivel de las CCAA-Estado que aunque es fácil de resolver mina nuestra economía y parece un obstáculo infranqueable que ralentiza los procesos de cualquier gestión administrativa.
La tensión entre el TS y el TC es un problema que parece derivado de los magistrados que exceden sus competencias, pero que no son amonestados, o son confundidos por la compleja jurisprudencia, que viene al caso de la hiperinflación normativa. La solución es poner freno a estos magistrados y hacer una jurisprudencia clara y precisa, quizá tomando modelos de otros países.
La legislación a golpe de acontecimientos es un problema, ya que la opinión pública ejerce en esos momentos mucha influencia, pero desgraciadamente a veces es la única manera de que los políticos reaccionen, aunque sean medidas electoralistas.
Por último referirme a la lentitud de la Justicia, que yo creo derivada de la litigiosidad excesiva y de las injerencias del Gobierno en el sistema judicial, que cada uno quiere cambiar según sus proyectos, aunque no tengan conocimiento del tema y que acaban complicándolo. Que las demoras en emitir un veredicto puedan resultar en atenuantes me resulta vergonzoso y si es problema del juez se deberían tomar medidas más severas contra esas negligencias. Pero también eliminaría esos atenuantes y, sobre todo, la prescripción de los delitos (aunque no de manera extrema).
Cristina del Gallego Baraibar. 3ºD de periodismo.
En primer lugar decir que estoy completamente de acuerdo con la idea de que tenemos una “Justicia injusta” y con la mayor parte de los argumentos expuestos en este blog.
Pero, me gustaría añadir ya no tanto el punto de vista de los magistrados y jueces, sino el de los ciudadanos de a pie. En realidad, me gustaría relacionarlo con los puntos 7, 8 y 9 de este blog, concretamente con estas afirmaciones:
A)Punto7:
“Una forma de dilatar una condena es recurrir y poner todas las trabas que se puedan para que el proceso se eternice”
B) Punto 8:
“Una Justicia lenta es injusta
Es tal la demora que hasta se ha convertido en un atenuante la lentitud en impartir justicia. Un condenado por un delito puede ver reducida su condena cuando se ha tardado mucho en condenarle.”
C)Punto 9:
“En asuntos que no son unificados por el Tribunal Supremo, podemos encontrar fallos y criterios dispares en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades”
Los he vuelto a copiar porque no solo me parece un problema a la hora de juzgar un delito, sino porque, también siento que podrían afectar, como he expresado anteriormente, también a la sociedad en general.
Me explico: si uniéramos un poco los puntos 7 y 8, nos daríamos cuenta de que tenemos una justicia muy lenta, que no cumple los plazos y, en ocasiones, llegan a pasar años hasta que se resuelve un caso. Y esto, ya no solo puede ser un atenuante para el condenado sino que, en mi opinión, cuando acudes a un juzgado para resolver cualquier tipo de demanda, si lo que se impone es la tardanza y, tu proceso judicial se eterniza infinitamente, la única visión que te queda de la Justicia en general es la de un puro desastre. Y, esto, bajo mi punto de vista, no beneficia ni al sistema jurídico , que irá perdiendo credibilidad,ue ni a la sociedad que, conociendo poco a poco este tipo de situaciones, no querrá volver a acudir a los tribunales excepto en casos de fuerza mayor.
El siguiente punto que he destacado es el 9 y me parece bastante importante porque, si no hay igualdad de criterios a la hora de juzgar un mismo caso, ¿cómo sabrá la sociedad que su caso ha sido juzgado correctamente si ni los jueces se aclaran? Y es que creo que, si la jurisprudencia no es capaz de ponerse de acuerdo ni para establecer una sentencia común para un mismo problema en todo el país, un ciudadano podría acudir a los distintos tribunales y, en cada uno le darían una solución distinta a su problema, lo que no favorece en absoluto la opinión que la gente tendría de la justicia.
Por tanto, y a modo de conclusión, opino que la jurisprudencia estatal debería solucionar este tipo de problemas no solo para funcionar correctamente, sino también para que la sociedad sepa que, a la hora de acudir a un juzgado, van a ser resueltos sus problemas con JUSTICIA, cosa que ahora mismo escasea en España.
Un saludo.
Lorena de Gregorio Carretero (3ºD)
Estoy de acuerdo con que un sistema político justo ayudaría a España a salir de la mala situación en la que se encuentra. Parece que la política no le importa a nadie hasta que le afecta directamente, y creo que en estos momentos la crisis nos toca a todos.
Supongo que la implicación de cada operador jurídico será mayor o menor según el caso, pues en mi opinión, los oficios relacionados con la justicia no están tan mal pagados, sí que gozan de prestigio y sí que tienen una buena preparación, al menos teórica; pero lo que no podemos negar es, en muchas ocasiones, la falta de objetividad de estos profesionales y el enorme volumen de trabajo que tienen que atender. Esto último se traduce en una justicia lenta y por tanto, ineficaz. Y desde luego, claro que a los políticos no les interesa mejorar la justicia; los primeros beneficiados de este mal funcionamiento son ellos y la politización actual de la justicia es evidente.
En cuanto a la relación de la política central con las autonómicas creo que la teoría plantea un buen sistema que no se cumple en la realidad: cada día conocemos problemas de competencias que han sido invadidas por quien no le atañen. Precisamente por esta razón creo que la tramitación de la justicia, la haga quien la haga en principio, debería ser en castellano, para no dar lugar a más problemas si una autonomía invade competencias estatales. Con respecto a la pérdida de igualdad de los individuos según la comunidad autónoma en la que vivan, pienso que es real, pero que todos los españoles tenemos unos derechos mínimos garantizados y que, por tanto, la diferencias existentes son para mejor, para tener más derechos, no para restringirlos.
También apoyo la idea de que este sistema jurídico es demasiado complejo. Ya vimos cómo la Constitución Española, que se supone que es la norma suprema que ninguna de las otras puede contradecir, tuvo que ser modificada como consecuencia de las leyes europeas. Y este es sólo un caso más, como es el de la nombrada Ley de Economía Sostenible, o más conocida como “Ley Sinde”.
La tensión entre el Tribunal Supremo y el Constitucional no deberían existir. Ya que el Tribunal constitucional no está dentro del sistema judicial, ambos organismos deberían servir para apoyarse el uno al otro y así mejorar el sistema de justicia y no para provocar más problemas en éste.
Todas las sentencias deberían contar con fallos similares, a pesar de haber sido dictadas por Tribunales Superiores de Justicia distintos. Para eso existe el criterio de analogía que quizás los jueces deberían utilizar más a menudo. Y si la sentencia anterior no les parece pertinente, para eso tienen la cuestión de constitucionalidad.
Es claro que el lenguaje de las sentencias judiciales es complejo. A cualquier persona sin conocimientos de derecho le resulta imposible entender lo que se quiere decir en ellas. Si bien, estos escritos deben ser interpretados por especialista, pero no estaría de más que también pudieran ser comprensibles para el afectado, sin necesidad de un abogado.
Como he explicado, la justicia en este país no funciona. Por eso, desde las universidades, tanto profesores como alumnos, debemos plantearnos qué hacer para que esto mejore. Sin embargo, si este debate no surge también entre los políticos, nuestras aportaciones, que seguramente puedan ser muy útiles, no servirán.
Después de leer todos los comentarios, fácilmente se puede llegar a la conlusión de que a la justicia le falla la politización y su lentitud.
Sí, es cierto. La justicia está influida por la política, pero ¿hasta qué punto esto es inevitable?, ¿en qué medida es posible llevar a efecto la división de poderes que propugnaba Montesquieu? Incluso en la propia concepción de Derecho se esconde cierta ideologización. Algunos de vosotros habéis dicho que la labor de los jueces/magistrados es la aplicación de la ley, lo más independientemente posible. Pero esto es, grosso modo, la definición del Derecho continental. ¿Qué pasa con el Derecho anglosajón? Según el mismo, y hasta donde tengo entendido, el juez disfruta de mayor libertad a la hora de emitir sus sentencias.Corregidme si me equivoco, pero creo que el Tribunal Constitucional, como intérprete de la Constitución, sería una ejemplo de la rama anglosajona en nuestro país. Y otra cosa: ¿hasta qué punto es bueno esa servidumbre a la ley? Todo el enjambre nazi que hizo el trabajo sucio del genocidio estaba obedeciendo estrictamente la ley. A pie juntilas. Por tanto, no la sacralicemos .
Sería interesante comparar los sistemas judiciales de diferentes países para ver cómo resuleven esa dicotomía. El primer caso que me vino a la cabeza fue Italia. He encontrado una artículo, que pese a estar escrito en 2008, viene bastante bien para este tema. De todas formas, no voy a seguir hablando de esto porque nos alejaríamos bastante del caso español,pero como resumen, todos tienen estos problemas, y en un grado mucho más grave -con asesinatos incluidos- que en el nuestro.Si metéis en Google "Minacce all'indipendenza della giustizia" os sale.
Otros de los problemas, que ya he señalado al principio, es la lentitud. En este punto, haría una división entre, por un lado, la justicia común, de calle, como se quiera llamar. Es aquélla cuyas resoluciones se alargan ad infinitum; aquélla que la gente repele. Por otro, tenemos la justicia del "star system", la que sale en los medios, la que todos más o menos conocemos.En ambos casos, el problema, como ya señaló Beatriz Yubero, es la burocratización -aunque a veces pueda estar intencionada-. Aquí recojo una idea que ya nombró Cristina del Gallego, y es que ciertas competencias del estado deberían ser de ámbito estatal. "Las autonomías nos la inventamos en 1978", le oí decir una vez a Bono. Además, no sé en qué grado estará implantada, pero se podrían incluir las TIC para agilizar los trámites judiciales.
Para terminar, recuerdo que, hace no mucho tiempo, por febrero de 2009, se produjo la primera huelga de jueces en la historia de España. Prácticamente, sus reinvindicaciones coinciden con lo expuesto en los comentarios: ampliación de la plantilla, equiparación salarial con otras comunidades y hartazgo sobre las declaraciones de ciertos políticos acerca de las intromisiones en los asuntos judiciales. Parece claro que se necesita reformar.
Estoy completamente de acuerdo tanto con el post como con los comentarios de mis compañer@s de clase y lo que a mí me gustaría comentar es algo que no deja de sorprenderme desde hace unos días cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional de considerar legal a Bildu. Se han comentado muchas cosas que me han recordado al caso del punto 6- Tensión entre Tribunal Supremo y Constitucional. Además me parece "injusto" que los partidos le acusen de no ser independientes al aplicar el Derecho y eso es probablemente lo que hace que la ciudadanía se muestre más intranquila y enfadada. Escuchar opiniones enfrentadas y sólo decir que son decisiones "justas" cuando le son favorables a sus intereses partidistas.
También es cierto y quería resaltar el punto 10- La falta de transparencia de la Justicia; la jerga de los tribunales no ayuda al "pueblo llano" a comprender su cometido. Tal vez debería haber más "votos particulares" que explicasen mejor sus posturas y el porqué de esos razonamientos. Mientras tanto tendremos que creer en la locución latina "alea jacta est" y que la Justicia haga lo que tiene hacer: ser justa (y necesaria).
Mª Antonia Rosado Gallardo 3ºD
De todos los puntos destacados en el artículo yo destacaría dos problemas que, a mi juicio, están más presentes en la calle: la falta de credibilidad y la falta de medios.
El primero, viene, principalmente, por la excesiva politización del poder judicial, refiriéndome al control que el poder ejecutivo y político obstenta sobre los órganos judiciales en este país. Creo que no es de recibo que los miembros de órganos como la Fiscalía General del Estado, el CGPJ o el Tribunal Constitucional (sin formar parte éste último parte del poder judicial propiamente dicho)sean elegidos más que por sus méritos y capacidades profesionales, que obviamente también tendrán, sino por afinidades ideológicas. Esta situación no afecta sólo a la justicia, sino que en España vivimos un predominio del poder ejecutivo sobre el resto de poderes que pone bastante en duda nuestro sistema democrático, al menos como Montesquieu lo entendía.
Por otro lado, la falta de medios afecta en especial a la lentitud de la justicia. De ahí que la ciudadanía, por lo general, evite resolver sus problemas en los juzgados ya que les supone una pérdida de tiempo, años, y dinero, en abogados.
Todo esto unido al poder de los medios de comunicación, que en los últimos tiempos sobrerrepresentan los fallos o decisiones polémicas de la justicia, puede ser la causa de la pobre impresión que de ella se tiene en estos momentos.
Efectivamente,como dicen mis compañeros, yo también veo la lentitud y la politización de la justicia como los grandes problemas de la misma en nuestro país.
Estoy muy de acuerdo con el comentario de Sandra García es que la justicia solamente es lenta en según que casos. Los intereses políticos, mediáticos o económicos pueden favorecer la rapidez de los procesos.Creo que al final, con esto, lo único que se logra es una justicia mediatizada, una justicia interesada que, en lugar de perseguir lo justo, busca favorecer intereses particulares de los poderosos. Una justicia así, como dice el artículo, es injusta.
Por otro lado, la politización de la justicia me parece inevitable. El Sistema de Montesquieu es, como tantas otras teorías, muy bonita sobre el papel, pero díficilmente aplicable en realidad. Es lógico pensar que, a la larga, los estamentos jurídicos los conforman personas, y las personas como tales tienen una opinión poítica. Y no es ninguna tontería, sobre todo en nuestro país, pensar en lo necesaria que es la afiliación y los contactos y las ideas políticas para llegar a ciertos cargos (Como el ejemplo que se nos dió el otro día en clase sobre la elección de los vocales del CGPJ en función de a que presidente estaban dispuestos a votar)
En cualquier caso, y con los últimos casos como el de Bildu, la justicia parece estar en el punto de mira de la opinión pública. Tal vez consiga avanzar de algún modo gracias a esto. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde.
Para empezar, creo que nunca se podrá encontrar una justicia perfecta para todos en un Estado. Siempre tendrá sus deficiencias, y como es obvio, se deberá trabajar para reducir al máximo.
Uno de los problemas, el tratado en el punto 4, creo que resta credibilidad a la Justicia. Si esta va a remolque de la sociedad nunca podrá ser del todo justa. A su vez parece difícil de evitar. Por ejemplo, en un tema como el ciberacoso o la privacidad de lo publicado en las redes sociales muchos serán los que salgan impunes hasta que el delito se legisle de forma correcta.
Respecto al punto 5, el problema es de los políticos y no tanto de la Justicia en sí. Si la imagen de estos fuese la correcta, la de profesionales que dedican una parte de su vida al buen funcionamiento del Estado, no sería un gran problema que existiese cierta "politización" en la elección de algunos miembros del Poder Judicial.
Por último destacar el punto 1 y las similitudes que se encuentran con otro servicio que cubre un derecho de todo ser humano, el derecho a la salud. Y es que en el sistema sanitario español también podemos encontrar esa falta de entusiasmo en los profesionales, un gran volumen de trabajo, falta de medios...y como no la lentitud comentada después en el punto 8.
Juan Antonio Lopesino 3º D Periodismo
Mª Antonia Rosado Gallardo 3º D
Creo que la evidente politización de la justicia no es un problema único de ésta, sino que afecta a todos los poderes de este país. En España, no existe una división de poderes efectiva, al menos en la práctica, por ello no es de sorpresa que órganos como la Fiscalía General del Estado o el CGPJ e incluso el propio Tribunal Constitucional, estén ocupados por personas afines ideológicamente en lugar de por las más preparadas. Creo que la supremacía del poder ejecutivo también está presente en las Cortes Generales, que debería ser un mecanismo de control al Gobierno y, sin embargo, en mi opinión no funciona como tal, pero este es otro tema.
Dicho esto, y centrándome en la justicia más "a pie de calle", me parece que la ciudadanía percibe la justicia como algo tedioso; una pérdida de tiempo, en la resolución de los casos, y dinero, en abogados. Quizá la lentitud de la justicia no tenga que ver tanto con la falta de personal o inversiones, pues España cuenta con una amplia y extensa red de funcionariado, sino, como se menciona, en la multitud de subordenamientos y administraciones. Una mayor unanimidad y centralización, al menos dentro del Estado, podría simplificar nuestros trámites, tanto en la justicia como en otras áreas.
Por último, me gustaría añadir otro motivo que empobrece la imagen de la justicia: los medios de comunicación. Sin generalizar, hemos de reconocer que en los últimos tiempos asistimos a una sobrerrepresentación en los medios de los fallos y decisiones polémicas de la justicia. Sin entrar a juzgar la conveniencia o no de que se muestren, o más bien nos lo muestren, remuestren y vuelvan a mostrar, sí es cierto que poco a poco van minando la imagen de la justicia ante la opinión pública.
MERCEDES FERNÁNDEZ MERCADO (3ºC)
La justicia es lenta, en eso estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con Javier, que proponía aumentar las vías de mediación y arbitraje para que no llegaran tantos casos a los juzgados; no estoy de acuerdo en poner como excusa la crisis económica para evitar una digitalización e informatización de los procesos judiciales. Primero, ese problema no es nuevo, estaba antes de comenzar la crisis. Segundo, precisamente porque estamos en una crisis que nos está afectando, sobre todo, en forma de paro, sería bueno emplear a gente en ello, en mejorar la justicia, y no en levantar aceras u otras acciones del famoso e inútil Plan E que daba trabajo durante un tiempo, pero que no suponía beneficio alguno más allá de esos jornales temporales.
También estaría bien aumentar el número de Jueces. Yo propondría un sistema más jerarquizado dentro de la carrera judicial de manera que no fueran necesarias unas oposiciones tan duras y densas, sino más especializadas en materias o de diferentes categorías para agilizar la formación de jueces además de, como alguien decía, evitar interminables años de estudio que acaban apartando al juez de la realidad. Jueces de diferentes categorías en lugar de tantos interinos que, al fin y al cabo, no se someten a pruebas objetivas.
No es que esté de acuerdo con el tema de los atenuantes por lentitud, pero, de cualquier modo, el condenado no tiene la culpa de los problemas de la justicia. Lo ideal sería no dar lugar a tener que aplicar atenuantes por este motivo, sino que hubiera una fijación de plazos razonables para las resoluciones, según los distintos casos, cuyo incumplimiento conllevara una penalización al órgano judicial concreto.
Se ha hablado del papel de los medios de comunicación y su papel a la hora de crear opinión pública sobre la justicia. Se ha relacionado esto con el caso de Marta del Castillo. No estoy muy de acuerdo en las exigencias de cambiar las leyes, pues no se puede legislar para casos excepcionales. Además, este ha sido un caso mediático que ha jugado con sentimientos, más que con hechos objetivos.
En cualquier caso, cabría preguntarse, en algunos casos: ¿es problema de la justicia o de la legislación? Al fin y al cabo, los jueces son intérpretes de leyes, como decía Montesquieu, un poder nulo, “la boca que pronuncia las palabras de la ley”. ¿No puede estar, a veces, el problema en quienes legislan? Muchas veces, las críticas a los jueces deberían ser para los legisladores: un juez no puede estar implicado en el caso de que conoce, mientras que los legisladores son sensibles a influencias de lobbies, grupos de presión, etc.; ante un juez hay igualdad de armas entre las partes en litigio, lo que no ocurre en el proceso legislativo; los jueces actúan cuando se produce una demanda, cuando muchas veces se legisla por motivos electoralistas, sin que haya necesidad de intervenir.
En cuanto a la condena, en 2004, del TS a magistrados del TC… En este caso, la encuentro necesaria. Si un juez no puede juzgar en una causa cuando hay incompatibilidades (como que le afecte el caso personalmente o sea familiar de algún implicado), ¿cómo un recurso de amparo puede llegar al TC cuando le afecta directamente como organismo? Obviamente, quién puede pensar que el TC va a vulnerar derechos fundamentales… En este caso, veo correcto que el TS funcionara como un “órgano alternativo” al TC en un caso en el que, obviamente, el TC no iba a sentenciar en contra de sí mismo.
… Por ahora, nada más. Un saludo.
Esther García del Río 3ºC.
Primeramente he decir que me parece formidable el hecho de que se nos ofrezca la posibilidad de conocer, comentar y discutir sobre temas, como el que aquí se trata, que son de suma relevancia y de inmediata actualidad, que nos afectan a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos del Estado de derecho en el que vivimos, pero especialmente como estudiantes y futuros periodistas de este País.
A raíz de los puntos propuestos en el blog, en primer lugar me llama la atención que no se haga referencia a la falta de interés y al desconocimiento generalizado que -lamentablemente- existe en la sociedad española en torno a los modos de actuar, la organización, y en general sobre la jurisdicción y estructura del Estado constitucional español. Lo cual desemboca, por un lado, en una intensificación de la manipulación comunicativa por parte, tanto de los medias como de los políticos, y por otro lado en una inseguridad ciudadana a la hora de no poder proteger y confiar sus derechos más básicos a un sistema judicial en el que han perdido la fe, y es ahí cuando surgen frases como "Esto solo ocurre en España" fundadas o no, eso depende en última instancia en la interpretación y análisis individual que cada uno hagamos sobre la información de la que nos servimos, pero he ahí de nuevo el problema del desinterés que comentaba anteriormente; se oyen muchas voces de quejas , pero se ven pocos manifestantes en las calles en relación a la importancia del tema en cuestión. Destacan aquí los casos de Marta del Castillo, y la niña Marí luz; una vez cometidos los crímenes se plantea la reforma de la ley del Menor, cuando antes de producirse ni era comentada, haciendo alusión al punto 4.se legisla mal y demasiado "no legislar a golpe de acontecimiento".
En cuanto a la politización de la justicia , en mi opinión me sugiere más bien una manipulación conjunta de los medios y los partidos políticos cuando en un determinado momento les es más o menos favorable sacar unos u otros escándalos a la luz, simplemente porque les es o no conveniente - para muestra el caso Gürtel, los ERES de Andalucía, el tan comentando proceso de creación/ilegalización de SORTU y BILDU, en momentos tan próximos a unas elecciones -.
Por último he de hacer mención a un tema que se ha puesto en entredicho como consecuencia de la desaparición de Marta del Castillo, me refiero a la penalización de la mentira como ocurre en otros países occidentales -EEUU-, medida -como todas- con detractores y fuertes apoyos, en mi opinión, la falta de impunidad ante un falso testimonio, puede alargar el proceso judicial durante un extenso periodo en beneficio de los acusados, y en este caso reconocidos autores del crimen , cuya condena se verá disminuida en favor de no haber hallado el cuerpo del delito. Sin embargo, supondría una limitación de nuestras libertades como individuos si no se nos permitiera una defensa mediante todo aquello que encontremos a nuestro favor, partiendo de que es labor del juez, de la fiscalía y de los abogados determinar con todos los medios a su alcance la veracidad del testimonio o culpabilidad del sujeto, a partir de la máxima -en este país- de que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Diego Cabanillas Raboso (3ºC)
Primero habría que observar la propia filosofía del ciudadano español y de la que teóricamente bajo Soberanía Nacional parte el sistema. Hemos visto estos últimos años como el sistema judicial se ha llenado con una serie de leyes un tanto populistas de nomenclatura ambigua y que además han servido como cajón de sastre.
Bajo mi punto de vista esto va en contra de la propia filosofía de la Ley, de las regulaciones que en diversos ámbitos propone el ejecutivo y aprueba el Congreso y el Senado. Una ley debería estar definida y realizada en base a una serie de parámetros como la claridad, la precisión y que se refiera a ámbitos concretos en los que regular.
Pero tenemos el ejemplo de la "Ley de economía sostenible", donde aparte de la ambigüedad del propio nombre observamos que tiene una sección en el articulado conocida como Ley Sinde para regular la problemática de las descargas de contenidos con derechos de autor de Internet. Asímismo, aunque ahora no lo recuerdo con claridad, se que hubo una modificación legal en un tema de correos que se incluyo en una Ley de Industria que nada tenía que ver en principio con la actividad postal.
Si la actual política legislativa en mi opinión está complicando y confundiendo todavía más nuestro sistema legal, respondiendo en muchas ocasiones a esa banalización política que desde hace unos años se viene promoviendo, poco podemos esperar acerca de tener un sistema claro, justo y certero hacía lo que se quiere regular.
Después está la politización evidente de los tribunales. Es a mi modo de ver algo que va en las dos direcciones, la política se inmiscuye en los tribunales y los tribunales en la política. Pero olvidamos la gravedad que supone esto, donde en la práctica podríamos considerar que hemos la tradicional división de poderes que es uno de los pilares básicos de nuestra democracia.
Otro problema es como ya se ha comentado el atasco en los tribunales. Y es que el sistema judicial no se ha modernizado en estos años al ritmo de lo que requiere un mundo tecnológico como el actual. Aparte de la renovación que se requiere para digitalizar millones de expedientes y la creación de un software adecuado para gestionarlos dando respuesta así a las distintas necesidades que tiene nuestro sistema. Así nos evitariamos los problemas cada vez más frecuentes donde se demuestra que la justicia es demasiado lenta y comete errores, algo que no debería ser admisible. Se han liberado a miembros de ETA por errores judiciales, porque un informe no llegó a tiempo o este se traspapeló.
En definitiva, la problemática es global, y hace falta una limpieza a fondo con el propósito de además de agilizar el sistema, simplificar todo nuestro sistema con el fin de que sea efectivo, rápido, ágil y justo.
Pero mientras la Ley sea más una batalla política en su nacimiento que una búsqueda de lo necesario, y mientras hagamos de los Tribunales un arma que podemos manejar a nuestro antojo, el sistema se irá enrareciendo y complicando más hasta ser ingobernable. Yo desde luego apuesto por ser práctico y por buscar la sencillez y la honestidad sobre el actual exceso político y burocrático.
Ahora que me leo, parece un alegato liberal, pero nada más lejos, simplemente intento, quizás utópicamente, que frente a un sistema que cada vez se colapsa más, proponer en estas lineas un cambio a fondo que simplifique todas estas cuestiones buscando efectividad.
MIGUEL DE LA ASUNCIÓN SÁNCHEZ (3ºC)
Sobre el debate de los medios de comunicación en relación a la politización de la justicia, me gustaría comentar un par de cosas.
La primera es ¿realmente influyen tanto los medios en la justicia? Normalmente, hay relativamente pocos casos que despierten el interés popular. Hemos tenido últimamente el de Bildu, el de Marta del Castillo y la niña Mari Luz. Se saca a colación el debate en los medios sobre la justicia, pero nadie se para a plantear realmente que puntos se podrían reformar. Como han dicho mis compañeros, creemos que con soltar un "estas cosas solo pasan en España" y quedarnos tan anchos, está todo resuelto, o una queja sobre una ley, sin pararnos a pensar como podríamos solucionarla.
La segunda es, está claro que la Justicia y la política están relacionadas. Pero a mi modo de ver eso es algo ineludible en un mundo como el actual, y no tan solo en España, sino también en el mundo. Igual que se nos explicó el otro día en clase como se elige en cierto modo a los vocales del CGPJ para colaborar con acuerdos políticos, algo que ocurre en España, me planteo si sería mejor una elección popular de jueces, como ocurre en 39 Estados en Estados Unidos, un derecho y un sistema judicial bastante diferentes al actual (Y esta elección incluye a los jueces de las Cortes Supremas). El hecho de la libre elección ciudadana hace que los candidatos tengan que politizarse y venderse mas allá de su trabajo. Sería necesario hacer que la política no pasase de cierto punto, pero tal vez sea demasiado pedir. El cambio judicial debería comenzar por un cambio político.
Diego Cabanillas Raboso (3ºC)
Abre usted un debate interesante Miguel con su idea de los medios y la justicia. ¿Influyen los medios de comunicación en la justicia? Los Tribunales deberían estar al margen de la presión pública que estos generan, pero para mí está claro que no lo están. ¿Pero quien influiría aquí la presión popular o indirectamente los medios a través del público? El objeto de los medios actuales es obtener más puntos de share que el contrario aparte de ganar influencia política sobre un determinado partido. ¿Da la Justicia influencia política?
Estoy derivando hacía otras cuestiones, pero es un hecho a tener en cuenta que en los casos más famosos de los últimos años ha habido una presión popular que a mi modo de ver ha hecho que la Justicia no haya sido tomada con la equidad con la que debe ser tomada en comparación con casos similares. Las faltas se convierten en delitos, la libertad se convierte en cárcel. Y no hablemos de la Justicia Popular, esa que se toma antes que la real y reglada y que nos lleva a tachar de asesino a alguien que posteriormente se demostró inocente como fue el caso de Diego Pastrana. Pero los medios llevaron a la gente a considerar a esta persona como el asesino y violador de su hijastra en base a una mala autopsia.
¿Entonces de quien es el poder? ¿Dónde está la responsabilidad en estos casos que se derivan de la presión popular? ¿Existe justicia si un tribunal debido a la presión popular impone una pena mayor a una persona de la que le habría impuesto en circunstancias similares si ese caso no hubiese salido a la luz?
A excepción de algunos comentarios que considero que no son del todo ciertos, estoy totalmente de acuerdo con la mayor parte de las cosas que se están hablando en este blog.
Muchos de los jóvenes actuales compartimos una misma idea de la justicia que no siempre podemos considerar justa y que no llega a satisfacer al cien por cien los deseos y las necesidades de la ciudadanía española, provocando nuestro malestar.
Es bastante lamentable que con apenas 20 o 21 años, tengamos esta percepción de la justicia, que es un eje fundamental de la democracia. Además, creo que va a ser bastante difícil cambiar esta idea en un plazo corto de tiempo después de los problemas que arrastra.
Creo que es fundamental que no perdamos la confianza en la justicia y, en mayor medida, en los jueces y magistrados españoles que son los que tienen más responsabilidad y que día a día están siendo juzgados por la sociedad. Lo que tendríamos que hacer, porque me incluyo entre las personas que emiten juicios de valor sobre alguna de las sentencias emitidas, sería dejar trabajar a estas personas en paz y confiar en que van a hacerlo siguiendo sus propios principios, aunque algunas veces perdamos la esperanza al ver casos como el de Marta del Castillo, con el que se ha “condenado” a la justicia española.
En mi opinión, el verdadero problema está en que la política está detrás de todo, cuando debería quedarse al margen y dejar a la justicia actuar de una manera totalmente independiente, algo que hasta ahora estamos poniendo en duda. El gran peso de los partidos políticos no está haciendo otra cosa que dañar la figura de muchos componentes de la sociedad, donde destaca la justicia.
Por otra parte, no todo son palabras malas. Considero que los juzgados y tribunales están masificados por casos que podríamos considerar absurdos y que podrían resolverse de cualquier otra forma, sin tener que hacer uso de los tribunales. Por ello, éstos deberían tomar cartas en el asunto y rechazar muchos de ellos, estableciendo un límite entre los casos importantes y los que no lo son. Esto, unido a la gran lentitud en los trámites da como resultado el perfil de la justicia actual: una justicia masificada y donde llegar a una resolución final parece casi imposible.
Sin embargo, el gran número de casos o la lentitud en las resoluciones no me parece que sean los principales problemas de la justicia. Para mí, el problema está en el veredicto final de los casos de mayor relevancia social en España, de los que informan las televisiones, las emisoras de radio o la prensa escrita. Por ello, no creo que los medios de comunicación influyan en la imagen que los ciudadanos tienen de la justicia, ya que su función básica es dar a conocer las decisiones ya tomadas.
Igualmente, me parece que las reciente resoluciones sobre el caso Bildu y el caso del etarra puesto en libertad Troitiño han desatado todo tipo de críticas en la sociedad española, llegando también a oídos del resto del mundo. Desde mi punto de vista, estos veredictos son los que indignan a los ciudadanos. Muchos de ellos ven en estas resoluciones un trato de favor hacia los terroristas, olvidándose de las víctimas que se han quedado por el camino. Poner en libertad a una persona encarcelada por haber cometido un atentado, imaginando cuál iba a ser su actuación en el momento en el que pisara la calle, y cambiar radicalmente esa decisión apenas unos días después, es un hecho que muestra que algo falla en la justicia española, que no todo está bajo control y que hay que “modificar” los mecanismos llevados a cabo hasta ahora. Además, creo que estos fallos (los que tienen una mayor importancia socialmente hablando) son los que provocan los problemas entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, a pesar de ser órganos aparentemente complementarios.
Creo que la justicia debería tener una mayor protección, ya que está completamente abandonada. A pesar de esto, me hago la pregunta de: ¿quién debe proteger a la justicia? ¿serían sus propios miembros los que deberían hacerlo?.
Soledad Parés Peg
Manuel Pérez Villatoro. 3ºD Periodismo
El punto que a título personal me genera más controversia es el que hace referencia a la politización del poder judicial en España, hecho que cada día queda más refrendado a nivel práctico mediante leyes e iniciativas que pueden llegar a coartar la justicia.
Que el poder judicial está politizado es un hecho, y lo podemos observar mediante la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Esta elección, que como todos sabemos está marcada directamente por el Congreso y el Senado, hace además que exista una sobrerrepresentación clara de los abogados y juristas que forman parte de las Organizaciones Profesionales de Jueces y Magistrados. Concretamente, y según los datos ofrecidos por Jesús Manuel Villegas (Magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara) en la actualidad las dos asociaciones mayoritarias que copan el CGPJ (la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces Para la Democracia) no representan más que al 40% de la carrera judicial española, mientras que están copando aproximadamente el 70% del CJPJ. Esto va en detrimento a su vez del resto de abogados, la mayoría pertenecientes al Consejo General de la Abogacía Española, cuyo presidente ha reiterado en múltiples ocasiones mayor equidad en la elección de los miembros del CGPJ.
Sin embargo, e problema radica en los partidos políticos, que en base a un mayor control y preponderancia sobre su contrario (ya sean PP o PSOE) están apostando por estas medidas en deterioro del sistema de división de poderes. Este es uno de los grandes problemas de la actualidad, la creencia de que vivimos en una democracia en la que existe una clara separación de poderes cuando, en realidad, lo que se está sucediendo en una fusión clara del poder judicial con el parlamento. Podríamos afirmar que uno de los poderes creado para someter al Ejecutivo, como es el poder Judicial, está siendo fagocitado poco a poco por él.
Es decir, el clásico estado de derecho pensado por teóricos como Montesquie se está viendo claramente amenazado en España, dónde prima más la convicción de cada persona hacia su partido político (al que le otorga total apoyo sin rechistar de forma general) que la propia justicia. Esta afirmación queda corroborada a diario, ya que cada vez más los diarios, enclaustrados en sus opiniones políticas y sin capacidad para ver más allá de sus propias convicciones, están arengando más y más a la desobediencia civil en relación a la justicia. Hoy en día todo el mundo es juez y jurado, y por ende la sociedad (motivada por las opiniones populistas de la prensa de partido, como podríamos denominar al tipo de periodismo que los medios que se declaran independientes hacen en la actualidad) se cree capacitada no sólo para dictar una sentencia que consideren “más justa”, sino que también considera con más asiduidad que tiene el criterio y el apoyo suficiente para enarbolar el estandarte de la razón y la desobediencia civil.
Pero ¿podemos confirmar estos datos con cifras?, ante esta pregunta podríamos responder de forma positiva, ya que, según una encuesta llevada a cabo entre los diferentes letrados españoles por el Consejo General de la Abogacía Española afirma que nada menos que el 85 % de éstos considera que “el CGPJ se ha convertido en un órgano tan politizado que difícilmente podrá gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la justicia”. Algo bastante esclarecedor.
Aún podría quedar sin embargo la duda de cómo llevar a cabo la elección de estos miembros del CGPJ. Este hecho se podría solucionar en principio llevando a cabo una oposición basada en una serie de premisas (entre las que se podría incluir las actuales, es decir que sean abogados y juristas de "reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en la profesión").
En definitiva, el bipartidismo y el intento de unos pocos por establecer su imperio político se está tornando en una absorción del poder judicial, la pregunta es ¿como podemos evitar que esto suceda?
Cristina Alcalá López, 3ºD Periodismo
A la pregunta: ¿Crees que la Justicia tiene otros problemas?
Sí, a parte de los ya mencionados y con los que estoy totalmente de acuerdo:
- Se aplica la ley, que no justicia. Siendo, a veces, estas leyes injustas e improcedentes.
- La ley va siempre por detrás de la sociedad a quien va dirigida. Tarda en adaptarse a la realidad social.
- El sistema vela más por el reo que por la víctima.
Quizás la lentitud y las sentencias irrisorias en determinadas causas de índole público -o no tan público- sea el origen de la desilusión y desasosiego de los españoles con respecto al sistema judicial y a sus legisladores.
Unas leyes convincentes, menos burocracia y mayor rapidez para enjuiciar, condenar o absolver, sean la clave para que el descontento popular decaiga.
La justicia emana del pueblo, reza nuestra Constitución. Nada más lejos de la verdad teniendo en cuenta la realidad a pié de calle cuando todos piden unas leyes justas (cuando gritan justicia se refieren a esto) y nadie, ningún grupo político se atreve -algunos de forma tímida y con la boca pequeña- a exponerlo seria y decididamente en las Cortes. Elevando la voz del pueblo allí donde en teoría debería ser oída, escuchada, tenida en cuenta y actuar conforme a ella.
Y a continuación, respecto a los 10 puntos, añado:
1- * Endurecer el estatuto de la función pública. Desblindarla. Basta ya de calienta sillas.
* Inversión en medios técnicos acordes con la realidad tecnológica de nuestro tiempo. El papel debería estar extinto en los juzgados.
* La experiencia no puede ser una exigencia pues ésta se adquiere con la práctica: Un día en la calle equivalen a 3 años de academia.
3 - * Centralizar la Justicia y unificación de las FFyCCSE, refiriéndose a la descoordinación total que existen entre estas y la Policía Autonómica (Mossos D’Esquadra y Ertzaninztza) con bases de datos no compartidas.
4 - * Encontrar un sistema de elección y designación en el que NO se impliquen fuerzas políticas, sino que sean los más preparados y con más experiencia y prestigio profesional.
5 - *Devolverle al máximo Tribunal su condición de Supremo y que el Tribunal Constitucional se limite a emitir sentencias de su competencia y recomendando al primero pero nunca obligarlo.
Si aceptamos como válida nuestra tésis sobre la no división de poderes entre el poder ejecutivo y judicial, también deberíamos aceptar como válida la tésis de la no división entre el poder legislativo y judicial, al ser las cámaras las que nombran, aunque sea a propuesta de, a miembros del CSPJ. De igual manera podríamos llegar a la conclusión de que en realidad en España no existe la división de poderes, y es más un espíritu que reconoce la Constitución que lo que después demuestra la realidad práctica.
Pongamos como ejemplo el Congreso de los Diputados. Votamos una lista en una circunscripción determinada que obtendrá una representación en el hemiciclo en base a otros aspectos como la población de esa circunscripción para que esta obtenga una presencia X en el Congreso. Tras las elecciones un partido obtiene una mayoría, u obtiene un número determinado de diputados que unido a acuerdos puntuales con otras fuerzas podría proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno que tenga el respaldo sobretodo del Congreso. En la práctica no hay diferencia entre el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta y apoya. El Gobierno cuenta con una mayoría en el Congreso que va a avalar su política si se mantienen los apoyos si acaso el Gobierno los necesitase con otras fuerzas. Si es mayoría absoluta, el caso sería aún más fácil. Entonces ocurre una cosa y es que en contadas ocasiones las decisiones del Gobierno se van a ver limitadas por el Congreso si este cuenta con apoyos suficientes entre las fuerzas políticas y con los votos de su grupo. No va a ser un impedimento para la toma de decisiones que requieran la aprobación de las cámaras. En el Senado puede haber una mayoría distinta a la del Congreso, pero el Congreso tiene la capacidad de desautorizar las decisiones del Senado y aprobar la política del Gobierno en última instancia.
Caso distinto sería bajo el sistema estadounidense, donde existen unas elecciones presidenciales y unas elecciones legislativas que se celebran posteriormente. Y al igual que ocurre actualmente, no siempre la mayoría legislativa corresponde con la del Partido que ostenta el poder ejecutivo. Actualmente el Congreso estadounidense esta en manos republicanas, por lo que los demócratas de Obama deben negociar con los Republicanos para sacar adelante algunas políticas, y estas en ocasiones se ven impedidas o muy reducidas como ocurrió con el caso de la reforma sanitaria. Pero claro no me gustaría no decir también que el sistema norteamericano al igual que las elecciones a juez están amparados en siglos de tradición y en un sistema judicial y político distinto al nuestro que ha mostrado su efectividad en el territorio que le es propio. Aquí la tradición democrática es distinta y las necesidades del país, probablemente también por lo que puede que el sistema anglosajón - norteamericano no se adecue del todo a la realidad de nuestro país.
Me parece bien que se reflexione sobre la Justicia.
Si hay algo que arreglar es esto. Se puede hacer, no hay más que mirar como funciona la Agencia Tributaria. Basta tener ganas de arreglarlo y dinero.
Saludos
Creo que dar categóricamente por buena la tesis de que en el Estado español no existe separación de poderes (como me ha parecido entender de seakermdc) y ésta es sólo una utopía de la Constitución, me parece muy atrevido.
Sí es cierto que se tata de un sistema defectuoso con errores que hay que subsanar pero creo que se plasma más allá de la base teórica.
Para mí el principal problema de la justicia es la lentitud. Se trata de un sistema obsoleto en gran parte producido por la falta de recursos: ausencia de recursos informáticos, falta de personal, dispersión de organismos, etc. La informatización de las causas supone un mayor control que puede no interesar desde la política, pero que, para mí, es esencial.
Además, he podido ver cómo los propios abogados se metían en pleitos absurdos y sin posibilidad de ganar sólo por, supongo, cobrar la minuta a sus clientes. Esto repercute de forma directa en la ralentización de la justicia.
¿Solución? Además de la evidente de mayor presupuesto, supongo que la delegación de funciones en profesionales de menor o igual rango podría ser una posible respuesta. Creo recordar (si no es así que hay me corrija porque ahora no encuentro el dato) que hace tiempo se propuso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los jueces no tendrían que llevar toda la instrucción criminal y podrían delegar parte a las fiscalías sin dejar el control.
¿Qué os parece?
Uno de los problemas que se dan en nuestra administración de justicia es, por un lado, el número de jueces, nunca suficiente para la cantidad de pleitos que se producen, especialmente en derecho civil y derecho administrativo, y por otro lado la cantidad exagerada de actuaciones judiciales que provocan los ciudadanos por asuntos, en algunas ocasiones, nimios que podían solventarse por la conciliación previa o la mediación entre partes.
En mi opinión muchos son los problemas de la administración de justicia, pero en cuanto a las citadas, encuentro alguna expuesta un tanto radical y utópica, por ejemplo; “Buenos jueces pero a veces sin experiencia en la vida”. ¿Qué se entiende por experiencia de la vida (años de estudio, haber disfrutado de la vida, conocer muchos países…)? A mi entender basta con jueces estudiosos y eficientes en sus lugares de destino.
La total independencia del poder judicial y que solo exista una última instancia y no dos como sucede en la actualidad con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
José Luis Tijerín Iglesias. (3ºD) Periodismo.
Considero que quizás una parte importante de los problemas de la Justicia española sea la lentitud a la hora de actuar.
Existen otros inconvenientes como el de la politización de la Justicia, como usted menciona en el punto 5, las cuales parecen mucho más primordiales y eclipsan la importancia de que los juzgados funcionen de forma fluida, lo cual facilitaría enormemente la labor de los encargados de impartir justicia.
En el punto 1, usted hace referencia al "volumen de trabajo", lo cual se relaciona con el punto 7. En él menciona que el colapso de los Tribunales viene dado por el hecho de que pleitear no es caro y las numerosas trabas y recursos que existen para alargar los procesos lo máximo posible. El resultado de esto sería el punto 8 y el hecho de que la lentitud pueda incluso beneficiar a un condenado porque su condena se ha reducido por este motivo.
Esto me recuerda a las constantes quejas que se hacen al Sistema Sanitario español por ser muy lento a la hora de atender a los pacientes. Por eso recibe tantas críticas.
En mi opinión esto es un gran problema. En ocasiones los Juzgados están tan desbordados que da la sensación de que todo se hace de forma precipitada. Esta lentitud provoca una sensación de ineficacia en la ciudadanía.
Respecto al primer punto no estoy de acuerdo en todo, creo que los actores jurídicos están implicados, el problema viene de más arriba, de los políticos que establecen su financiación e imponen la forma de actuación. El sistema debería corregirse porque ningún magistrado debería serlo por su ideología, pero tampoco un fiscal debería depender de la doctrina impuesta por su órgano jerárquico superior. Todo ello puede provocar un menor entusiasmo en la labor judicial de sus actores, unido a otros factores como una excusa informatización y excesiva burocracia.
Tampoco estoy de acuerdo con el punto 7, ya que si se permitió que una persona pueda recurrir una decisión judicial, al considerarla injusta, debe hacerse con todo respeto a la decisión del afectado. Puede que su intención sea dilatar el proceso, pero si se establecieron esos procedimientos, y eso supone un correcto funcionamiento de la justicia, no hay razón legal (aunque sí moral) para estar en contra. En cuanto a que pleitear es barato, si nos pusiésemos así, algunas personas no podrían defender sus intereses. Supongo que si el Juez considera inadecuado recurrir a la justicia, o que las pretensiones no son adecuadas, o que el recurso a la decisión anterior es malintencionado, impondrá el pago de las costas judiciales a esa parte. En cuanto al desbordamiento de los Juzgados, una mayor informatización solucionaría este problema.
Se legisla mal y demasiado, quizás, pero el problema no es la legislación. La raíz del problema jurídico existente en nuestro país es que desde que pertenecemos a la Unión Europea, cedimos una serie de competencias y la soberanía que poseíamos para legislar en esas materias. En un Estado autonómico como el nuestro, donde ya existían tres niveles administrativos distintos (estatal, autonómico y local), un cuarto nivel ha supuesto un caos normativo.
Es un problema del Estado, sí, pero ¿quién debe elegir a los Jueces? Por desgracia, la plena objetividad no existe, y en la elección de un Juez no es una excepción. Ya fuesen los encargados de realizar la elección los propios jueces, personas anónimas, etc. siempre influirá algo en su decisión. Dicho esto, la orientación política no debería ser un impedimento para la objetividad. Eso está claro, pero al ser la ley un objeto que puede verse desde varias perspectivas y emulando un derecho fundamental por encima de otro según la moral y pensamiento de un Juez, ¿cómo conseguir esta objetividad? Por ejemplo, en la cuestión del aborto, un Juez puede hacer prevalecer el “derecho a la vida” del bebé porque considera que la mujer no estaba en peligro ni física ni psíquicamente, pero otro Juez puede creer que sí. La línea de la objetividad es muy fina, nada es perfecto y la justicia menos. Además para corregir estas deficiencias objetivas en la justicia se crearon múltiples órganos dentro de la estructura judicial, para salvaguardar la seguridad jurídica en nuestro país.
Para terminar, decir que la justicia es lenta lo comparte la mayoría de la sociedad. No quiero repetirme, pero la excesiva burocratización y la escasa informatización y cooperación entre Juzgados puede ser el motivo de esta lentitud. Por tanto, sí, la afirmación de que una justicia lenta es injusta me parece adecuada. La objetividad de los Jueces no es perfecta y las distintas perspectivas que se pueden sacar de la ley permiten la inexistencia de un criterio común en la función judicial; por lo que se han creado órganos judiciales superiores para solucionar los problemas jurídicos que surjan en esta cuestión.
¿ Soluciones? No soy conocedor de la materia pero algún método para simplificar, reducir la burocracia, mejorar la cooperación entre órganos… existirá para conseguir dicho fin.
Marco Almodóvar Navarro 3º C
Si nos detenemos a encontrar más puntos problemáticos de la Justicia española, seguramente los encontraríamos. Pero los citados aquí son suficientes y sobradamente importantes como para darse cuenta de que la el Poder Judicial no es eficaz a cualquier plazo. De serlo no tendríamos que preocuparnos del punto 4, 5,7(3). Es un sistema muy complejo y como se puede leer, "poner todas las trabas que se puedan para que el proceso se eternice" es posible.
¿Qué hay falta de entusiasmo? Seguramente. Los ciudadanos ven como políticos y otros altos cargos ven su juicio con palomitas y refresco, porque saben que poco les pasará. Y si les pasa, recurrirán y recurrirán, cierta parte de la opinión pública les apoyará (como en todo), se revisará el caso...Y entonces habrán pasado 5 años.
Esto último como ejemplo. Encontraremos la misma respuesta aquí: Las ideas para mejorar la justicia no han de venir de los ciudadanos, sino de quienes les representan por haber sido elegidos democráticamente. Y si los ciudadanos lo intentan y no conviene a la totalidad del poder político (Gobierno, oposición y todo grupo o partido), sabemos que "poner todas las trabas que se puedan para que el proceso se eternice" es posible. Por que pueden hacerlo sin problemas. Incluso, apoyados por la opinión pública, que de todos modos, a todos efectos, son ciudadanos.
Daniel Ruiz Hernández. 3ºC
Laura Benito (3ºD)
A la orden del día están las críticas contra los políticos de nuestro país. Si tenemos ahora que cuestionar cuál es la calidad de la justicia española, cuyo CGPJ (órgano del gobierno de la justicia) está prácticamente politizado…
Quiero pensar que esto no es así, que vivo en un país donde “SÍ se quiere arreglar la Justicia porque la función de control de poder es mejor que se ejercite BIEN y PRONTO”. Porque de no ser así, “apaga y vámonos”. Y espero vivir en un país donde sí existe transparencia en la justicia. Pero creo que esto tan solo es una utopía.
Sin embargo, la realidad es distinta. ¿Cómo no hay una solución problemas de compatibilidad de los sistemas informáticos y transferencia de información entre las comunidades autónomas?¿Por qué no se unifica un sistema para toda España?. Y si la respuesta es porque les interesa más a los políticos tener la justicia desorganizada para que ellos puedan campar a sus anchas …
Y el resultado de tener unos despachos con papeles amontonadas debido a la falta de un consenso para compatibilizar (o incluso crear) sistemas informáticos entre comunidades, un condenado por un delito puede ver reducida su condena cuando se ha tardado mucho en condenarle, ¿dónde está, pues, la justicia?
Tamara Molina Montalvo (3ºC)
Comparto con mis compañeros las críticas que recibe la Justicia debido a su lentitud, como bien explica María Peral en el punto 9. Me parece interesante la solución que Mercedes Fernández propone: la contratación de más personal para aumentar las vías de mediación y arbitraje, lo que a su vez ayudaría a disminuir el número de desempleados.
Y como consecuencia de esta lentitud deriva otro problema: la Justicia va por detrás de la sociedad a la que se dirige. Por lo tanto, la Justicia tarda a la hora de adaptarse a la realidad social provocando la desconfianza en los españoles que la asocian a la desigualdad, a poca transparencia, a desigualdad, a desconfianza… En fin, todo lo contrario a lo que ésta quiere decir.
Otra de las deficiencias está recogida en los puntos 2 y 5. El poder se utiliza como herramienta política, por lo que a éste no le interesa que nadie le controle ni que le vigile. Pero sí que quiere mantener su posición privilegiada en su vinculación, por ejemplo, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Conseguir el perfecto funcionamiento de la Justicia está muy alejado de la realidad, pero no por ello se debe pensar que la mejora de sus problemas es imposible. Los 10 puntos de María Peral son una muestra de las deficiencias más significativas que existen en España y lograr solucionarlas sería un buen principio para lograr el acercamiento a lo que se entiende por Justicia.
En mi anterior comentario (curiosamente borrado antes de ser publicado) comentaba el caso de Bildu donde el Tribunal Constitucional había contradicho el fallo del Supremo, relacionándolo con el punto 6 del artículo. También decía que me parecía bien que hubiera "votos favorables" para que la gente menos experta entendiera la resolución de estos juicios en los que tanto se habla con una "jerga leguleya" complicada de descifrar, algo que también es importante para creer en el Estado de Derecho.
Relacionado con esto, Sortu vuelve a la carga, pero no creo que en este caso el Constitucional le dé la razón, aunque tal vez se creó un mal precedente hace unas semanas y ahora veremos otros cuantos días de polémica donde el punto 9 (una justicia desigual) puede provocar la ira de algunas personas. Ojalá la llegada de las elecciones enfríe todo un poco y la cosa se calme.
Por último, me gustaría hablar de dos temas de máxima actualidad como la concentración de Democracia Real Ya y la acusación de violación al director del FMI, Dominique Strauss-Kahn. En el caso de lo primero, me pregunto si el "fallo represivo" de la Junta Electoral Provincial de Madrid de prohibir la concentración de hoy día 18 podría hacer que la Policía volviera a desalojar la Plaza o no. Y en cuanto al francés socialista, es una pregunta: ¿pueden o deben expulsarle del FMI o hay que esperar a que él dimita? Y otra pregunta (algo más retórica): ¿Puede o deben los partidos más conservadores acusar a todos los socialistas del mundo por la actitud de un presunto violador? ¿Y si luego se demostrara que no es así (no se ha respetado demasiado el habeas corpus aunque los indicios tienen muy mala pinta para Strauss-Kahn), podría o debería defenderse de esas injurias y calumnias por parte de todo el mundo? En todos los casos, debemos confiar en que la justicia sea justa o como diría un dicho en latín: Alea iacta est (la suerte está echada).
Gabri Solera (3º D Periodismo)
Después de leer la mayor parte de los comentarios, parece claro que coincidimos en dos puntos: 1. la falta de independencia del poder judicial, y 2. la lentitud de la Justicia.
Con respecto a la primero, planteo la siguiente cuestión: ¿hasta qué punto es posible (y deseable) una aplicación estricta de la Ley? En la propia concepción del Derecho que se desprende de vuestras participaciones, implícitamente contiene también una ideología. La servidumbre a la ley del juez o magistrado es algo que defiende el Derecho Continental, pero es sólo un punto de vista. En el Derecho Anglosajón se le da más libertad, y nadie lo considera delito. Recuérdese que en los juicios de Nuremberg, los autores de las fechorías del genocidio nazi alegaron en su defensa que estaban cumpliendo la ley, y aunque en este punto tenían razón, al final se les condenó.
En el segundo problema, la lentitud, distingo dos clases de justicia: la de la gente común, aquélla que se demora ad infinitum, que la gente aborrece...Aunque cabría preguntarse si esto es verdaderamente así, cuando se presentan tantísimos recursos de amparo en el Tribunal Constitucional... Y la justicia del star system, ésa que sale en los medios, y que parece más rápida. Para resolver este dilema, ya se han ido señalando soluciones como simplificación de los trámites (menos burocracia), aunque ello llevaría aparejado el problema de la disminución de empleos; hacer de la Justicia una materia de ámbito únicamente estatal; el uso de otros medios previos a los trámites judiciales, como la mediación o el arbitraje, etc. No sé hasta qué punto estarán integradas, pero la adaptación de las TIC, o de las nuevas tecnologías para la agilizar los trámites administrativos tampoco estaría demás.
Por último, me gustaría recordar que hace cosa de dos años tuvo lugar la primera huelga de la Justicia en España. Las reivindicaciones de entonces coinciden en gran medida con lo que estamos hablando aquí, esto es: aumento de sueldo, de plantilla, la no injerencia de los políticos que con sus opiniones merman el prestigio del la Justicia a ojos de los ciudadanos, etc.
Elena Alonso García, 3ºD
Alba Garcia Ruiz 3ºC
Estupefacción e indiferencia. Por este orden además. La justicia produce desde una visión pueril:
Parpadeo de asombro. El Tribunal Supremo y el Constitucional no hacen más que discutir entre ellos. Uno se traspasa en sus competencias y el otro se indigna y ataca. Chiquilladas. Las peleas internas en vez de la colaboración y ayuda mutua proyectan una imagen cuanto menos poco seria.
Seriedad. “Se legisla mal y demasiado”. La “Hiperinflación normativa” no hace más que recalcar la pérdida de sentido de las mismas. Se hacen normas a voluntad, contradictorias y cada vez que surge un asunto para acallar a colectivos y comunidades afectadas. Falta seriedad.
La pierden también por la politización del sector. Los políticos pierden la credibilidad de una forma vertiginosa cosa que se trasfiere a lo judicial. Un ejemplo reciente: legalización de Bildu y todo su debate que incluía al Tribunal Constitucional.
Ahí está la estupefacción. En cuanto a la indiferencia, es fácil que se produzca si la gente no puede leer lo que escribe su poder judicial, el cual usa, asimismo, una jerga propia e incomprensible en muchos casos. La solución la tenemos los del sector “de traducción”. Es competencia de los que se dedican a la comunicación hacer comprensibles estos textos. Simplificación y divulgación, por tanto, en nuestras manos.
Creo que actualmente poca gente puede negar que la Justicia en nuestro país es casi siempre lenta, a menudo imprecisa y en muchas ocasiones injusta. Solo hace falta ver, por ejemplo, que Francisco Montes Neiro lleva 33 años en prisión sin cometer ningún delito de especial gravedad, y en cambio terroristas como De Juana o el golpista Tejero salieron de la cárcel mucho antes de cumplir sus condenas.
¿Y la culpa de quién es? Pues como deja entrever usted, el problema principal de la Justicia es que cada uno tiene su parte de culpa. El Gobierno, por conformarse con el sistema actual a pesar de sus carencias para así seguir teniendo poder sobre la estructura judicial. Las Comunidades Autónomas, porque continuamente quieren pasar por encima del Estado, rebasando sus competencias. Los jueces, por el excesivo tiempo que se suelen tomar a la hora de realizar su trabajo, retrasándose los juicios hasta años después de haberse cometido la falta o delito (aunque entiendo perfectamente que esta situación no la deseen ni ellos mismos). Y los ciudadanos también, claro está, porque solo salimos a la calle cuando algo nos afecta de manera muy directa.
¿Soluciones? Evidentemente es necesario, en primer lugar, una remodelación en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Me parece increíble que a estas alturas los políticos todavía tengan la capacidad de designar a los altos miembros de un poder que se debería presuponer como neutral. Lo mínimo exigible sería que todos los miembros de estos órganos fuesen elegidos por los Jueces y Magistrados ya que, al menos en teoría, ellos son los principales conocedores de la Justicia de nuestro país. Por arriba han mencionado que incluso se podría otorgar esta potestad a los ciudadanos mediante unas elecciones. Esto a mi me parecería un error, ya que los partidos políticos seguramente entrarían de lleno en la campaña y los votantes se decantarían por apoyar a aquellos Jueces y Magistrados afines al partido al que suelen votar en las Elecciones Generales.
Por último, sobre la influencia de los medios de comunicación que se ejerce sobre el poder judicial y de la que se ha hablado en varios comentarios, debo decir simplemente que, si bien es cierto que ha habido abusos por parte de muchos medios a la hora de, por ejemplo, no respetar la presunción de inocencia, en general la presión mediática ejercida sobre la Justicia dista mucho de ser parecida a la que se efectúa en otros campos, como la esfera política nacional e internacional, que ocupa la gran mayoría del espacio informativo en nuestro país.
Un saludo.
Todos sabemos que para entender a un juez (o charlar con él sobre tus problemas) primero hay que contratar un buen abogado.
No hay quien observe a la justicia desde dentro. El gremio tiene sus propios métodos (jerga, colegios, asociaciones, estatus social). Se rigen por sus propias normas: su ley privada, sus privilegios.
¿Cómo vemos la justicia? Como algo que nadie le desearía a un ser querido.
Todo los puntos que aquí contamos pueden ser la causa, pero el hecho es que la salud de la justicia en España, comparte síntomas con su política y con todo lo que tenga que ver con la Administración publica y la burocracia. La lógica habla de independencia de la Justicia ¿Cómo si no va a mantener la libertad; pero la lógica habla mucho.
Si no recaudas dinero (como hace Hacienda), no dispones de la tecnología y del crecimiento; y si hay posibilidad de manipulación, a nadie le sorprende que suceda. Solo se reza para que a la hora de dictar sobre una herencia, te den la razón.
¿No se ríen de la justicia los medios que cuestionan abiertamente resoluciones o los gobiernos y partidos que coleccionan imputados? ¿No se ríe de la justicia un Notario?
Un departamento de comunicación solvente es necesario. Pero también tirar de las estructuras de la Justicia y rejuvenecerlas, acercarlas a la realidad. Es entonces cuando una huelga en la administración sí movilizaría a la opinión pública y obligaría a invertir recursos.
Una justicia que alberga al menos estas diez razones por las que debería ser reformada no puede ser una justicia muy eficiente. Por lo que leo en los comentarios de esta entrada veo que mis compañeros coinciden en la nefasta imagen del sistema debido, sobre todo, a su lentitud y politización.
Si el Poder Judicial debe estar formado por profesionales independientes no entiendo el porqué de que tanto el presidente del CGPJ como del TS sean designados por el Gobierno, como también me choca que al hablar de sentencias del TC sea necesario especificar qué magistrados son progresistas o conservadores. Me parece que son consideraciones que deberían estar totalmente aisladas del ejercicio del Derecho justo y, por tanto, las resoluciones de estos magistrados no se deberían ver influenciadas por corrientes políticas.
En cuanto a la lentitud de los procesos, es alarmante la demora que algunos de estos pueden alcanzar. Sin ir muy lejos en el tiempo, en 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a la justicia española por su exagerada lentitud. El fallo del Tribunal dictaminó que España violó el derecho a que una causa sea resuelta dentro de un plazo razonable (según se recoge en el Convenio Europeo de Derechos Humanos) al demorar durante cuatro años el recurso de casación que presentó un ciudadano.
Este es solo un ejemplo para ilustrar la lentitud que tan mala imagen dan a nuestra justicia y que tanto la saturan.
Todos los problemas de la justicia española expuestos en el post me parecen que se asemejan, en menor y mayor medida, a lo que ocurre en la realidad. Personalmente, pienso que lo referido en el punto 3 (‘’Tres patrones para la justicia’’) y en el punto 5(‘’Politización de la justicia’’) son, ahora mismo, los mayores peligros exponenciales para el sistema judicial español y están a la orden del día.
En cuanto al punto 3, creo que la justicia española debe iniciar un proceso paulatino hacia la unificación total (salvo excepciones muy puntuales). Iría más allá, pienso que dentro del seno de la UE se debería apostar cada vez más por un sistema judicial común. Compartimos ciertos valores mínimos, entonce por qué no dar un paso más. Si nos ceñimos a lo que comenta de forma detallada este punto del post, pienso que las CCAA quieren abarcar, en todos los sentido, mayor número de competencias, las que tienen ahora y las que podrían llegar a tener en un futuro. Ahora mismo, son 11 comunidades las que tienen competencia en materias de Administración de Justicia. En su derecho están de monopolizar esta actividad, siempre que no rebasen ciertos límites aceptados por ellos mismos, no invadiendo las competencias estatales. Ahora bien, aún con todo, el modelo de justicia actual resquebraja ciertos valores de igualdad entre los propios españoles. Hay leyes referidas a una misma materia que varían, en parte, de un lugar a otro, hay cierta descoordinación entre CCAA... Eso no puede ser. Por ello, pienso que se debería allanar el camino para la compatibilización de los sistemas, la propia gestión judicial y la elaboración de propuestas que vayan encaminadas hacia estos aspectos.
Un tema también preocupante es el proceso de politización que vive la justicia. Todos los días, todos las decisiones judiciales que guardan relación con temas de calado nacional (terrorismo, corrupción…) son tratados bajo una visión ‘’política’’, es decir, sea cual sea la decisión, desde los medios de comunicación, desde los propios partidos, va a ser objeto de debate político, denostando la independencia de los jueces y tribunales. Este debate es muy peligroso, ya que si no creemos en la independencia judicial, entonces, el Estado de Derecho, la democracia, estará en entredicho. Para evitar todo esto, se debe avanzar de manera profunda en una dirección dirigida a evitar ciertas controversias sobre la neutralidad del poder judicial. Para ello, lo primero es la remodelación en el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Esta elección debe escapar de laz ‘’zarpas’’ de los políticos. Este debe ser el primer paso a dar.
Otro tema sobre el que actuar es el de la lentitud de la justicia. Los procesos, en numerosas ocasiones, van por detrás de la propia sociedad. Esto es un asunto a considerar, ya que la justicia y sus procesos deben ir acordes al ritmo de la sociedad. Las decisiones judiciales se han de tomar dentro de unos plazos mínimos.
Javier Sillés Perpiñán, Periodismo. 3ºD
Primeramente he decir que me parece formidable el hecho de que se nos ofrezca la posibilidad de conocer, comentar y discutir sobre temas, como el que aquí se trata, que son de suma relevancia y de inmediata actualidad, que nos afectan a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos del Estado de derecho en el que vivimos, pero especialmente como estudiantes y futuros periodistas de este País.
A raíz de los puntos propuestos en el blog, en primer lugar me llama la atención que no se haga referencia a la falta de interés y al desconocimiento generalizado que -lamentablemente- existe en la sociedad española en torno a los modos de actuar, la organización, y en general sobre la jurisdicción y estructura del Estado constitucional español. Lo cual desemboca, por un lado, en una intensificación de la manipulación comunicativa por parte, tanto de los medias como de los políticos, y por otro lado en una inseguridad ciudadana a la hora de no poder proteger y confiar sus derechos más básicos a un sistema judicial en el que han perdido la fe, y es ahí cuando surgen frases como "Esto solo ocurre en España" fundadas o no, eso depende en última instancia en la interpretación y análisis individual que cada uno hagamos sobre la información de la que nos servimos, pero he ahí de nuevo el problema del desinterés que comentaba anteriormente; se oyen muchas voces de quejas , pero se ven pocos manifestantes en las calles en relación a la importancia del tema en cuestión. Destacan aquí los casos de Marta del Castillo, y la niña Mari luz; una vez cometidos los crímenes se plantea la reforma de la ley del Menor, cuando antes de producirse ni era comentada, haciendo alusión al punto 4.se legisla mal y demasiado "no legislar a golpe de acontecimiento".
En cuanto a la politización de la justicia, en mi opinión me sugiere más bien una manipulación conjunta de los medios y los partidos políticos cuando en un determinado momento les es más o menos favorable sacar unos u otros escándalos a la luz, simplemente porque les es o no conveniente - para muestra el caso Gürtel, los ERES de Andalucía, el tan comentando proceso de creación/ilegalización de SORTU y BILDU, en momentos tan próximos a unas elecciones -.
Por último he de hacer mención a un tema que se ha puesto en entredicho como consecuencia de la desaparición de Marta del Castillo, me refiero a la penalización de la mentira como ocurre en otros países occidentales -EEUU-, medida -como todas- con detractores y fuertes apoyos, en mi opinión, la falta de impunidad ante un falso testimonio, puede alargar el proceso judicial durante un extenso periodo en beneficio de los acusados, y en este caso reconocidos autores del crimen , cuya condena se verá disminuida en favor de no haber hallado el cuerpo del delito. Sin embargo, supondría una limitación de nuestras libertades como individuos si no se nos permitiera una defensa mediante todo aquello que encontremos a nuestro favor, partiendo de que es labor del juez, de la fiscalía y de los abogados determinar con todos los medios a su alcance la veracidad del testimonio o culpabilidad del sujeto, a partir de la máxima -en este país- de que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Esther García del Río. 3ºC
Gema Quintans Luque, 3ºD Periodismo.
Estoy de acuerdo con los 10 puntos planteados aquí. En mi opinión, los tres últimos son los los más importantes. Estamos hartos de ver en los medios de comunicación casos abiertos desde hace varios años, y esta situación es injusta dado que la justicia debe juzgar por unos hechos comprobables. Cuanto más tiempo pase, puede que menos pruebas contundentes haya para juzgar.
Tampoco es raro encontrar casos donde la justicia se ha tomado de forma desigual. En el Estado Español debería haber una única justicia, aplicada a todos por igual y por todos de igual forma. No tiene sentido entonces que hayan procedimientos que no lleguen ni al Tribunal Supremo. Creo que este es un punto importante que se debería revisar para poder decir con razón que todos somos iguales ante la Ley.
En cuanto al último de los puntos, la transparencia tendría que ser efectiva en un estado democrático. Si esto no se hace, el camino a la desconfianza en el sistema jurídico seguirá abierto y los ciudadanos no tendrán ya esperanza en que sus casos puedan ser resueltos. Y esto es algo que no se debe tolerar.
Aparte de esto, creo que otro problema de la justicia no es tanto la justicia en sí como la Ley. Los distintos tipos de delitos deben ser juzgados equitativamente, por su gravedad. Al no ser lo mismo un robo que un asesinato, las condenas tampoco pueden ser iguales. Con las rebajas de años que la Ley permite que se hagan, las condenas por delitos graves y por delitos no tan graves pueden llegar a parecerse.
Sucede lo mismo con otro de los tan polémicos casos: la Ley del Menor. ¿Por qué una persona a la que le queda un día para cumplir la mayoría de edad a la hora de ser juzgado tiene un trato diferente que otra persona con escasos días de haber pasado la frontera de edad? Es algo que no entiendo, y no deberían permitirse injusticias como estas en un sistema 'justo'.
Por eso, creo que la solución tiene que partir, en un primer lugar, del Tribunal Constitucional y del Gobierno. Sin el apoyo del Gobierno, los ciudadanos no tendremos voz en esta lucha, o al menos no la suficiente para lograr hacer algo.
Sergio Latorre González, 3ºD Periodismo
En primer lugar, decir que me parece estupendo que podamos debatir y compartir ideas todos juntos a través de este blog ya que los debates siempre son interesantes.
En cuanto a los temas planteados, coincido plenamente con la mayoría de las opiniones de los compañeros. Los problemas de la justicia en España se derivan de 2 factores: politización y lentitud. Me parece lamentable que los magistrados de órganos tan importantes como el TC o el CGPJ estén más marcados por sus ideologías que por la justicia. El error es que algunos de ellos tengan que ser elegidos por el Gobierno; ante esto, propondría que fueran elegidos por licenciados expertos en Derecho para garantizar esa independencia política tan deseable e indispensable que deberían tener.
El otro aspecto, la lentitud, creo que es también manifiesta. Esperarse hasta 10 minutos antes de acabar el plazo para ver si se ilegaliza un partido (como Sortu) o esperar 2 o 3 años a que salga cualquier juicio hace tener, ya no sólo a los españoles, si no a cualquier país que nos mire, una sensación de vergüenza ajena y de que esto es un pitorreo. De todas formas, además de esto, aspectos como la Ley del Menor o la rebaja de años de condenas, simplemente por comportarse bien en las cárceles, hace que la Justicia en España sea esperpénticamente mala.
David Óscar Gómez Muñoz
Debo referirme en primer lugar al primer párrafo de la entrada del blog en la que usted hace referencia a la confianza en la justicia.
Es uno de los problemas de la justicia está claro y es que concebimos en una sociedad, que todo ser humano puede equivocarse salvo en el ámbito de la justicia y ya si es un tema que nos atañe a nosotros somos más tercos.
Cierto es que con la corrupción que vivimos en nuestro país uno ya no sabe si fiarse de que el panadero de en frente de casa le dé bien las vueltas, por lo tanto no se va a fiar de que un tipo ajeno a una situación emita una opinión firme y dicte una resolución.
La justicia por supuesto que tiene más problemas y es, para mí sin ceñirme tanto a los jueces, lo caro que resulta contratar a un abogado en contraposición a lo barato que resulta denunciar. Y son muy pocos los que verdaderamente se implican en un caso. Y es que al escuchar, un abogado tiene que ser casi psicólogo.
Por otro lado, las demandas y querellas por memeces, hacen que temas graves como violaciones o asesinatos por ejemplo, tengan que esperar años para resolverse.
Falta una mayor inversión en la Justicia por parte del Gobierno así como en la formación de cada uno de los profesionales que se dedican a ello. Aún en tiempos de crisis, en mi modesta opinión deberíamos invertir más y durante unos años acelerar procesos y que en un futuro a medio plaza tengamos la posibilidad de solucionar en menos tiempo nuestros asuntos jurídicos.
Para no ir punto por punto, voy tocando temas y expresando mi opinión.
La justicia en España no está separado del poder y en un Estado democrático es esencial la separación de poderes. El gobierno y el Congreso no tienen que tener ninguna opción de elegir a magistrados del Supremo o del Constitucional porque están politizando organismos que no deberían serlo. Cada uno por su prestigio profesional debe ascender y llegar donde se merece.
Respecto a los problemas Supremo-Constitucional. Yo no sé la función de un tribunal que por su nombre: Supremo debería serlo y no lo es porque es cuestionado por el Constitucional. Es la pescadilla que se muerde la cola, una vez el Constitucional ratifica lo que dice el Supremo y en otras ocasiones lo rectifica. En unos casos unos magistrados votan a favor y otros en contra. Cuando las resoluciones se toman por un voto: sabes evidentemente que es un hecho pero te planteas si llegan a tantas dudas, ¿no puede ser lo contrario?
Acabo. por lo tanto con el comienzo y es que con esa desconfianza, en mi opinión evidenciada con hechos, y una justicia que no es justicia tenemos problema y para años si no se toman soluciones ya.
En cuanto a mi posición sobre los 10 puntos, estoy totalmente de acuerdo en todo y lo expreso en los párrafos anteriores. En resumen: más inversión, menos denuncias y querellas por tonterías, menos politización, independencia, acceder a altos cargos por méritos y formación.
Como idea esencial para que mejore la Justicia una mayor inversión en formación, infraestructuras y básicamente lo referido anteriormente, no me repetiré.
Espero sinceramente que haya planteamientos y soluciones pronto porque si ya es un caos a día de hoy, dentro de unos años puede provocar movimientos parecidos a los del 15-M.
Sofía Domínguez Fernández 3ºC
Me gustaría mencionar un problema añadido no mencionado en el texto presente: a día de hoy, la mayor parte de los ciudadanos no tienen conocimiento suficientes -ni siquiera mínimos- de cómo es la justicia sobre la que se apoyan.
Considero que existe una importante falta de información en materia legal que hace que nos movamos a tientas cuando nos vemos envueltos en cuestiones judiciales.
Yo misma, en 3º de carrera, soy consiciente de que mis conocimientos en este campo son más que limitados.
Si mañana tengo que resolver cualquier mero trámite legal, voy a cerrar los ojos y a confiar en la competencia de mi abogado.
Con ésto quiero decir que a lo mejor, más que plantearse reformas fuertemente relevantes, hay que perfeccionar las existentes -incluso con algunos de los errores- haciendo conocedores a los usuarios y no sólo a los "vendedores".
Una buena medida será empezar instriyendo a los más pequeños desde el colegio porque somos muchos los que hemos necesitado de una asignatura sobre derecho en la carrera para tener una Constitución.
Laura Lorca Pérez (3ºD)
La Justicia en España es independiente. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución (artículo 117). Su puesta en duda supone cuestionar uno de los principios rectores del Estado español. Supone admitir que hay fuerzas externas que impiden que los profesionales del derecho diriman y otorguen a cada uno lo que le corresponde. Supone negar la validez del “más justo de los poderes” y derrumbar la pirámide de autoridad del país, en cuya cumbre está, o al menos debería, el Poder Judicial.
Pero lo excepcional es, sin embargo, escuchar que éste es independiente.
Si atendemos a la procedencia de algunos de los magistrados de nuestro ordenamiento jurídico es fácil deducir que la política se inmiscuye en él. El Tribunal Constitucional podría ser un caso paradigmático de ello. De sus 12 miembros, 8 son propuestos por las Cortes Generales (escaños = políticos), 2 por el Gobierno y los otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Éste último integrado por 20 magistrados (más su presidente) también a propuesta de las fuerzas políticas (8 elegidos por las Cortes Generales y los 12 restantes por asociaciones de jueces y magistrados, o por magistrados independientes, que, en segunda instancia, han de someterse al voto del Congreso y del Senado).
Visto así, el poder “más poderoso” es el político, sea o no justo. Porque son los partidos quienes colocan a buena parte de los profesionales del derecho en sus puestos. Así se concluye que la Justicia simpatiza con sus “colegas”, que actúa en consecuencia.
Bildu podría ejemplificarlo. Son muchas las voces que defienden que apoya sus fines con medios ilegales (apoyo tácito a la violencia, integración de terroristas en sus filas, presiones, extorsión...). Incluso hay quienes estiman que sus fines resquebrajan el sistema de libertades y democracia del país. Se han escuchado opiniones de todo tipo y, de entre ellas, algunas hablan de lo conveniente que le resulta al Gobierno que Sortu sea legal (porque de lo contrario el PNV no le daría su apoyo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo) y, como ya se sabe de dónde vienen los magistrados, se deduce: Justicia = injusticia = política. Y todo ello antes y después de que el TC zanje el asunto estimando que es un partido legal.
Pero las opiniones no siempre tienen la ley en la mano. Para cuestionar un proceso judicial y admitir que su resolución está motivada por cuestiones que no se ajustan ni a los hechos ni al derecho hay que tener evidencias. Porque los magistrados también pueden ser juzgados si toman decisiones manifiestamente injustas (ej: prevaricación), así que no es tan obvio esto de saltarse la ley y resolver al libre arbitrio.
No cesamos de preguntarnos qué es lo justo o injusto. La mayoría de comentarios del blog se lo plantean. ¿Habrá alguien que proteja nuestros derechos?
Con esta incertidumbre, pienso que España tiene un serio problema de autoridad. En España no hay autoridad o, si la hay, no se cree en ella. Los medios de comunicación fomentan esta crisis con la difusión de desconfianza en el Poder Judicial, una desconfianza que los ciudadanos acatan y convierten en duda propia. Y todo se vuelve cuestionable. Pero hay resoluciones que no deberían serlo, porque ante veredictos inapelables como los de TC no cabe recurso alguno. Y las preguntas que se planteen sobre ellos acabarán siendo retóricas.
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Y es que las sentencias, como las personas que las toman, son subjetivas. Lo contrario sería imposible. Alguien debe adoptar esas decisiones y para eso está la Justicia (aunque nunca llueva a gusto de todos). Por lo que cuestionar una y otra vez lo injusto de lo justo no hace más que sembrar desasosiego en una población que ya está bastante “indignada”.
En definitiva, yo añadiría un nuevo problema a la Justicia de España: la falta de confianza que se tiene en ella. Y aquí, compañeros y compañeras periodistas, nosotros tomamos parte.
Tania Menéndez Fernández (3ºD Periodismo)
300 años de prisión. Esta es una de tantas condenas que estamos acostumbrados a oír. ¿Cómo puede ser eso si la media de edad española está entre los 70 y 80 años? Pues puede darse, al igual que muchas cosas en nuestro sistema jurídico.
Por supuesto que es muy difícil lidiar con el bienestar de los 47 millones de habitantes de España, sin embargo, hay cosas que deben ir solucionándose para que el país, como Estado de Derecho mejore.
Como vienen explicando mis compañeros a raíz del post inicial, problemas como la lentitud, la escasez de efectivos juristas, la politización, falta de unificación de la jurisprudencia, etc. son consecuencia de un sistema jurídico con muchas grietas, grietas que el ciudadano de a pie desconoce.
Creo que uno de los problemas de la justicia siempre está en que acaba defendiendo a los mismos. Ésta está creada en buena medida por y para los políticos, que siempre acaban lavándose las manos. ¿Y el ciudadano de a pie? Creo que no se le tiene demasiado en cuenta. A lo que hay que añadir la desinformación que nos caracteriza y que en ocasiones no parece preocuparnos. Los medios de comunicación, de mano de esos políticos “semidioses del sistema” aprovechan grandes problemas y conflictos que llaman tanto la atención como intentan convencer al pueblo de que todo está bien. Sin embargo, son tantos los fallos, que ellos mismos acaban por ceder. Es el caso de Rocío Wanninkhof, aquella joven a la que presuntamente asesinó la “novia” de su madre. Esta fue incluso condenada y posteriormente absuelta del crimen. ¿Por qué? A mi modo de ver es por la demanda de la opinión pública de un culpable, una cabeza de turco que salga en los medios y que vuelva a demostrar que la Justicia española acaba con los malos.
Otros casos de ilegalizaciones, corrupciones… también se hacen eco en los medios de comunicación.
Son este tipo de casos los que conocemos, y ¿qué hay de otros crímenes en pueblos alejados de la mano de Dios, o la corrupción en pequeñas localidades o … tantas otras cosas?
En casos como el de Rocío Wanninkhof, Marta del Castillo, Sonia Carabantes o tantos nombres que acabamos por conocer, lo que cabría hacer es una Reforma del Código, el Penal. Ya que la responsabilidad e irresponsabilidad de los menores culpables, las condenas “justas e injustas” y muchos otros detalles que obstruyen, es algo que debe solucionarse ya.
Pero volvemos al mismo punto, al desconocimiento de las personas que a no ser que estén estudiando carreras relacionadas, la mayoría no ha visto una sentencia en su vida, y lo más próximo que han oído es que un equipo sentencia un partido cuando marca tres goles. Es un poco triste que en un país como el nuestro, las cosas sean así. De este modo, como vemos que los castigos son de quita y pon o demasiado flexibles, la gente comete actos que posteriormente no serán sancionados, como podemos apreciar cada día en los informativos o en esos medios de comunicación.
Tristemente, creo que la confianza en la Justicia en España se ha perdido desde hace algún tiempo. Si a eso le sumamos algunos hechos que se han producido en los últimos años, e incluso en los últimos días, dicha confianza parece haberse reducido un poco más. Y esto es evidente. Por ejemplo, la mayoría de los comentarios que se han hecho hasta este momento en este blog hablando sobre la Justicia, todos de una manera u otra, de forma más ‘light’ o más ‘heavy’, hablan de errores judiciales, de una justicia lenta, de la politización de la Justicia…y yo, no puedo estar más que de acuerdo con todos ellos.
Partiendo de esa confianza 0 hacia la Justicia por parte de la mayoría de los ciudadanos españoles, incluyendo a personas con una posición social o política digamos que más elevada, demuestran que las cosas no se están haciendo bien. La Justicia en nuestro país está tropezando una y otra vez contra la misma piedra, y no será porque no nos damos cuenta de ello. Supongo que será porque o no estamos capacitados para corregirlos (me niego a creerlo) o porque en este país estamos habituados a ver un problema, no reconocerlo y mirar rápidamente hacia otro lado. Se hacen los tontos y nos toman como tales.
Hay una palabra a lo largo de esta entrada que estamos comentando, que yo subrayaría y pondría con letras mayúsculas y cursiva: CONSENSO. “Necesidad del consenso sobre las leyes básicas del Poder Judicial”. Dichas leyes están hechas para los delincuentes, pero se aplican a los ciudadanos que por así decirlo no se meten ni buscan meterse con nadie. Ojalá el ‘consenso’ se aplicará en estos momentos que vivimos y no sólo en lo relativo a la Justicia, aunque este apartado lo dejaremos al margen, ya que nos desvía del tema que nos ocupa, que no es otro que los “problemas de la Justicia en España.”
Está claro, tal y cómo se indica en el punto 1, que la “desilusión de lo que hacen Justicia” es clara. Si bien es cierto, como en toda profesión habrá abogados buenos o malos, jueces mejores o peores. Por ello, excluiremos de lo que podamos decir posteriormente a todos aquellos profesionales, en la máxima extensión de la palabra, de la Justicia. Aquellos que cada día ponen su granito de arena para que la Justicia vaya por el mejor camino.
Hace poco se hacía referencia en clase que un juez/a trabajaba nada y menos, ya que en el último año había realizado una o dos sentencias. No recuerdo los datos con exactitud, pero el ejemplo nos viene genial ahora, ya que lo que no pueden hacer nunca es tirarse media vida opositando para ser juez y cuando lo consiguen, vivir la vida sin hacer su trabajo de una manera competente, olvidándose incluso de mandar a la gente a la cárcel. Craso error y primera posible solución: mayores controles para que cada uno haga su trabajo debidamente unas horas mínimas diarias.
Seguiré a continuación porque sino me excedo en carácteres. Siento estarme alargándome tanto.
Si bien es cierto, el volumen de trabajo, que se relaciona con la lentitud, al que se ven sometidos los jueces es muy elevado. Excesivo cuanto menos. Así, los jueces también tienen motivos para estar molestos, por lo que el descontento del que hablábamos es, en cierto modo, natural. Para ello, una mejora de los medios técnicos ayudaría, y es de hecho una de las cosas que pedían los jueces en la huelga que hicieron tras el caso Mariluz. Y he aquí otro craso error que ayuda a reducir la credibilidad de los ciudadanos en la Justicia, ya que por otro error judicial (los culpables que si lo son están en la calle y nadie se da cuenta hasta que no realizan otro delito), el asesino de Mariluz estaba en la calle y todo se salda con una multa al juez de 1500 euros. Esto demuestra la creencia de muchos de que esta Justicia no trata a todos por igual, no da a cada uno lo que le corresponde y trata a los culpables declarados como si no lo fueran y a los presuntamente culpables como si lo fueran. Un ejemplo claro, es el trato dado a la atleta española Marta Domínguez. Ella recibió una sentencia pública antes de tiempo y después de que todos hablaran de su culpabilidad, incluidos los medios de comunicación, nos encontramos con que el producto con el que se dopaba se vende en herbolarios. De risa vamos.
Sigo aquí para acabar ya que me estoy excediendo…
…La lentitud como se indica es otro de los problemas, y es que es incomprensible que si se quiere hacer justicia, situaciones claramente legales persistan en el tiempo durante meses o años sin que salga una sentencia firme al respecto.
Y ya por último, ¿se puede por lo tanto hablar de justicia independiente? Para ello deben cambiar muchas cosas en la Justicia como se ha dicho en la entrada y como han dicho mis compañeros en sus comentarios. Pero también los medios de comunicación no deben acusar a personas antes de que la sentencia sea firme. Las personas en nuestro país parece que son culpables hasta que se demuestre lo contrario y eso no puede permitirse.
Otro de los problemas es la politización de la Justicia y que lo relacionaremos con la pregunta que hemos formulado en el párrafo anterior. Pregunta que queda zanjada si hablamos de la reciente sentencia del TC sobre Bildu. Me encanta la frase del Tribunal Supremo ha dejado de ser supremo que viene muy bien al caso, aunque dejaremos la consideración de si la sentencia y todo lo demás es justa e injusta y nos centraremos en todo lo que ha rodeado este caso. ¿Cuántos políticos se han manifestado, en contra o a favor, antes de la sentencia del TC? Politicos del PSOE, del PNV, del PSE, de Bildu incluso…salieron a la palestra para dar su opinión. Estas opiniones estoy seguro de que no favorecen, sino todo lo contrario, y son e definitiva una muestra de la politización de la Justicia.
La solución más evidente a todo ello es que hay que aumentar el gasto público destinado a la Justicia, pero, ¿cuánto entonces le destinaríamos a la sanidad, a la enseñanza o al desempleo?
De momento ya, excepto algunos que siguen mirando para otro lado la gente ve que esto va bien. Creo que nuestra democracia es sólida, pero está en plena juventud y es ahora cuando se está dando cuenta de errores que no se pueden volver a cometer. Lo primero que hay que hacer es intentar que los ciudadanos vuelvan a confiar en la Justicia porque de momento, y para acabar mi comentario como empezó la entrada, “parece claro que la Justicia en España no funciona todo lo bien que debería”.
Perdón por extenderme tanto en lo que debería de haber sido un breve comentario, pero no quería dejar de decir algunas cosas.
Un saludo a todos
Raúl Hervás
LAURA BAUTISTA LESMES 3ºC PERIODISMO
Considero que el principal problema de la justicia en España no hace referencia a un punto en concreto de esta lista, sino a todos y cada uno de ellos. La justicia favorece a unos y perjudica a otros, causa recelo entre los ciudadanos, tiene una imagen que la hunde como órgano principal de cualquier Estado. Un país donde no exista una defensa eficiente de intereses, derechos o libertades, o que esta sea tan lenta que resulte cuestionable, es un gran bache para recurrir a ella o para abogar a su amparo en caso de necesitar ayuda.
En cuanto a la lentitud no puedo hablar de una causa concreta, pues considero que es un cúmulo y un círculo vicioso. La cantidad de recursos por analizar en las listas del sistema judicial introduce en los ciudadanos una desconfianza casi peor que el dudoso tratamiento de los mismos. Es lento debido a esta acumulación de trabajo y se acumulan los recursos por tanta lentitud. Hemos llegado a un punto de donde es complicado salir. La duración de estos procesos es beneficio de las grandes empresas y los grandes grupos, mientras son la ruina de aquellos que se lanzan a la piscina con la cartera vacía y solo ansias de justicia. Las reducciones de condenas para individuos que cuenten en su expediente con numerosos asesinatos aumenta aún más la desconfianza en la justicia en España.
A su vez, en cuanto a la política, creo que a pesar de su diferencia de funciones van de la mano, son matrimonio y amparo la una de la otra. Los grandes corruptos de nuestra política se hunden en largos litigios y en cortas condenas (en relación a sus actos) y en nombre del Estado, dando volteretas por las lagunas del sistema, se contradicen leyes y reglamentos para llegar al consenso que interesa. La revisión de la justicia falla en su función de control del poder donde conviene que sea torpe y lenta, como afirma María Pidal.
La inversión planteada para mejorar este organismo se promete pero no se cumple, en menoscabo de otras reformas de menor importancia, ya que considero que la justicia es uno de los pilares más importantes de cualquier país. España necesita una lavada de cara, como ya se comenta, y una reorganización de su esquema de valores y de prioridades, no solo de manera simbólica como hasta ahora, sino que tenga su reflejo en hechos palpables.
LAURA BAUTISTA LESMES 3ºC PERIODISMO
Considero que el principal problema de la justicia en España no hace referencia a un punto en concreto de esta lista, sino a todos y cada uno de ellos. La justicia favorece a unos y perjudica a otros, causa recelo entre los ciudadanos, tiene una imagen que la hunde como órgano principal de cualquier Estado. Un país donde no exista una defensa eficiente de intereses, derechos o libertades, o que esta sea tan lenta que resulte cuestionable, es un gran bache para recurrir a ella o para abogar a su amparo en caso de necesitar ayuda.
En cuanto a la lentitud no puedo hablar de una causa concreta, pues considero que es un cúmulo y un círculo vicioso. La cantidad de recursos por analizar en las listas del sistema judicial introduce en los ciudadanos una desconfianza casi peor que el dudoso tratamiento de los mismos. Es lento debido a esta acumulación de trabajo y se acumulan los recursos por tanta lentitud. Hemos llegado a un punto de donde es complicado salir. La duración de estos procesos es beneficio de las grandes empresas y los grandes grupos, mientras son la ruina de aquellos que se lanzan a la piscina con la cartera vacía y solo ansias de justicia. Las reducciones de condenas para individuos que cuenten en su expediente con numerosos asesinatos aumenta aún más la desconfianza en la justicia en España.
A su vez, en cuanto a la política, creo que a pesar de su diferencia de funciones van de la mano, son matrimonio y amparo la una de la otra. Los grandes corruptos de nuestra política se hunden en largos litigios y en cortas condenas (en relación a sus actos) y en nombre del Estado, dando volteretas por las lagunas del sistema, se contradicen leyes y reglamentos para llegar al consenso que interesa. La revisión de la justicia falla en su función de control del poder donde conviene que sea torpe y lenta, como afirma María Pidal.
La inversión planteada para mejorar este organismo se promete pero no se cumple, en menoscabo de otras reformas de menor importancia, ya que considero que la justicia es uno de los pilares más importantes de cualquier país. España necesita una lavada de cara, como ya se comenta, y una reorganización de su esquema de valores y de prioridades, no solo de manera simbólica como hasta ahora, sino que tenga su reflejo en hechos palpables.
LAURA BAUTISTA LESMES 3ºC PERIODISMO
Considero que el principal problema de la justicia en España no hace referencia a un punto en concreto de esta lista, sino a todos y cada uno de ellos. La justicia favorece a unos y perjudica a otros, causa recelo entre los ciudadanos, tiene una imagen que la hunde como órgano principal de cualquier Estado. Un país donde no exista una defensa eficiente de intereses, derechos o libertades, o que esta sea tan lenta que resulte cuestionable, es un gran bache para recurrir a ella o para abogar a su amparo en caso de necesitar ayuda.
En cuanto a la lentitud no puedo hablar de una causa concreta, pues considero que es un cúmulo y un círculo vicioso. La cantidad de recursos por analizar en las listas del sistema judicial introduce en los ciudadanos una desconfianza casi peor que el dudoso tratamiento de los mismos. Es lento debido a esta acumulación de trabajo y se acumulan los recursos por tanta lentitud. Hemos llegado a un punto de donde es complicado salir. La duración de estos procesos es beneficio de las grandes empresas y los grandes grupos, mientras son la ruina de aquellos que se lanzan a la piscina con la cartera vacía y solo ansias de justicia. Las reducciones de condenas para individuos que cuenten en su expediente con numerosos asesinatos aumenta aún más la desconfianza en la justicia en España.
A su vez, en cuanto a la política, creo que a pesar de su diferencia de funciones van de la mano, son matrimonio y amparo la una de la otra. Los grandes corruptos de nuestra política se hunden en largos litigios y en cortas condenas (en relación a sus actos) y en nombre del Estado, dando volteretas por las lagunas del sistema, se contradicen leyes y reglamentos para llegar al consenso que interesa. La revisión de la justicia falla en su función de control del poder donde conviene que sea torpe y lenta, como afirma María Pidal.
La inversión planteada para mejorar este organismo se promete pero no se cumple, en menoscabo de otras reformas de menor importancia, ya que considero que la justicia es uno de los pilares más importantes de cualquier país. España necesita una lavada de cara, como ya se comenta, y una reorganización de su esquema de valores y de prioridades, no solo de manera simbólica como hasta ahora, sino que tenga su reflejo en hechos palpables.
Bárbara Gabalda Álvarez (3ºD)
Creo que la justicia, efectivamente, adolece de muchos problemas, pero que no es enteramente achacable a ella misma.
Seguramente si tuviésemos capacidad y tiempo como para ir a todos y cada uno de los juzgados de la capital, veríamos que son mayoría los casos que se instruyen y se juzgan con una relativa normalidad. Pero es verdad que ha habido errores apabullantes que han saltado de inmediato a los medios de comunicación y que han vendido en exceso el titular de que la Justicia no funciona.
La Justicia conforma una pirámide donde si funciona mal la base, los juzgados de primera instancia o instrucción, los siguientes, es decir, las Audiencias Provinciales, las Territoriales, el Tribunal Supremo y el Constitucional van a funcionar también mal. Es verdad que carecen todos ellos de medios informáticos suficientes como para no tener que verse “comidos” por los expedientes. Esto además conlleva a un retraso considerable, incluso de años, desde el inicio de las actuaciones hasta la resolución de una sentencia firme, lo que provoca una cierta desesperación en los litigantes.
Por otro lado habría que cuestionarse si ha sido positivo la transferencia en materia de Justicia a las Comunidades Autónomas , creo que debería el Estado haberse arrogado la competencia en exclusiva de la Justicia, ya que habría evitado problemas como los manifestados en el punto 3.
Efectivamente exigimos y tenemos derecho a ello a una justicia, rápida, eficaz y transparente, pero ¿ se le puede achacar solo a la Justicia estos problemas? O ¿más bien los jueces se limitan a aplicar la ley e interpretarla tal y como está ¿ ¿ tal vez es el legislador el que no legisla con la claridad y rapidez suficiente?
También creo que habría que buscar una promoción de jueces a instancias superiores por méritos propios y nunca por la afinidad de ideas a uno u otro partido político. Ha sido vergonzosa la renovación del Tribunal Constitucional, que ha tardado años porque los dos grandes partidos no se ponían de acuerdo acerca de la elección de sus miembros.
Por último sí creo en la necesidad de un Tribunal Constitucional que vele porque no exista colisión de intereses entre una ley y la Constitución, pero al igual que he dicho antes no creo que el Tribunal Constitucional deba estar formado por miembros con afinidad manifiesta a determinado partido político ya que esto por si mismo resta credibilidad al sistema judicial.
Respecto al punto 4, que hace referencia a la incorrecta y excesiva legislación en España considero que, debido a que los ciudadanos no son plenamente conscientes de los instrumentos y mecanismos de funcionamiento de la jurisprudencia del Estado Español, sus opiniones se basan en los hechos y acontecimientos sociales que provocan una mayor repercusión y relevancia tanto en el ámbito nacional como internacional.
Un ejemplo claro de ello serían las emociones que determinadas acciones despiertan en la sociedad, reflejadas en los últimos años por los sonados y famosos casos de Marta del Castillo y Mari Luz (entre muchos otros). Todos ellos fueron analizados y valorados previamente por los medios de comunicación y por los ciudadanos, quienes con razón o sin ella habían procedido a la realización de un proceso judicial antes incluso de que sus imputados fueran sometidos ante la justicia de nuestro país. Estos hechos hacen cada vez más patente las carencias y defectos que poseen las leyes de nuestro sistema jurídico, el cual debería estudiar y modificar adecuadamente cada una de ellas con el objetivo de mejorar su aplicación.
Es conveniente que estas rectificaciones se lleven a cabo de una manera minuciosa y metódica, por lo que hay que dejar transcurrir un tiempo a la hora de tomar ciertas decisiones. Es decir, no hay que tratar el tema cuando está en pleno auge (en cuanto a su importancia e interés como debate social y colectivo se refiere), sino que es necesario que el foco de atención se desvíe a otros asuntos, permitiendo con ello una elaboración más objetiva de las reformas, sin dejarse llevar por fenómenos de carácter subjetivo como son la presión social y los sentimientos personales de cada uno.
En base a esta idea, creo que es de vital importancia la existencia de un consenso entre los tres principales organismos judiciales (TS, TC Y CGPJ), para que no se repitan los mismos errores ni se produzcan nuevas disputas a la hora de dictaminar las leyes. Estas deben aportar el orden y la estabilidad que precisa toda sociedad, con la intención de acordar cuáles son las competencias y funciones concretas de cada uno de los tres órganos mencionados previamente, y de esta forma reducir el tiempo de tramitación de todas y cada una de sus materias, además de aumentar la eficacia y rapidez en las actuaciones que hagan alusión al poder jurídico. Este comentario se puede relacionar directamente con el punto 8, que se refiere a la desigualdad y falta de unificación de la jurisprudencia nacional.
Finalmente, estoy de acuerdo con muchos de mis compañeros en que una de las medidas correctas para mejorar nuestra justicia sería el incremento del número de jueces y magistrados, por dos razones: en primer lugar, para solucionar muchos de los problemas que supone hoy en día la falta de personal, causante del retraso en la mayoría de las resoluciones judiciales; y, en segundo lugar, propondría una especialización en la carrera jurídica más acorde a las necesidades de los distintos organismos competentes, reduciendo el período mínimo de preparación que permite desempeñar su ejercicio de una forma más apropiada. La finalidad central de este argumento sería que al reducir el volumen de trabajo que se debe resolver, cada juez o magistrado pudiera prestar mayor atención y servicio a cada caso en concreto, aportando una mayor objetividad y determinación en sus diferentes veredictos.
Rocío Melcón de Asís, 3º D
Sergio Lozano Álvarez. Periodismo 3ºD
Creo que el punto 7 es uno de los más complejos. La litigiosidad excesiva considero que es fruto de los últimos años. Es algo más subconsciente de lo que parece a simple vista. La gente ha tomado conciencia de sus derechos en los últimos años y ante cualquier afrenta punible muchos no dudan en tirar de tribunales para defenderse. Uno de los culpables a mi juicio son los medios y lo son en distintos aspectos.
Por un lado, tenemos la cuestión de un gran número de informaciones relacionadas con demandas y querellas referidas a distintos aspectos -unos de los más comunes el derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen- que nos bombardean desde los programas informativos hasta los de crónica social y otros de mayor esparcimiento. Pero sin embargo hay un feedback, una retroalimentación, por la cual la libertad de expresión con la que muchos periodistas se abanderan sirve también para crear estas noticias. Publicaciones que ofenden a los implicados y que por ellos los medios son puestos ante los tribunales. Esto genera un círculo vicioso en el que demandados crean una sociedad más dispuesta a demandar.
Si esto fuera el origen del atasco de muchos tribunales sería más fácil solucionarlo. Existen también otras condiciones, como son la falta de personal funcionario. Cada vez hay mayor iniciativa respecto a los litigios en la gente y el mismo personal. Ese personal funcionario también sufre de desmotivación. No les pagan lo suficiente, son los primeros en sufrir recortes y por otro lado son los profesionales más defenestrados. Periodistas, políticos y funcionarios son las tres profesiones más denigradas.
¿Quién se hace entonces cargo de ese atasco? Es una patata caliente que año tras año se la van pasando los organismos públicos encargados de destinar personal a los juzgados y tribunales.
En el segundo punto no estoy completamente de acuerdo. Pleitear debería ser más barato de lo que en realidad es. Creo que todos tenemos derecho a acceder a la justicia sin necesidad de gozar de una generosa economía. Y bueno, todo sin hablar de las querellas, en las que lo peor no son las costas, sino los procuradores. Pero como he dicho antes no existía esa conciencia relativa a la participación el Justicia y hoy día sí la hay. Desde los sindicatos, organizaciones de consumidores y los medios se anima a defender los derechos. Incluso hay quien haciendo uso de su derecho a la propia imagen y haciendo uso también de mucho tiempo libre y ganas decide presentarse ante los tribunales diciendo que las cámaras de la calle Montera vulneran sus derechos fundamentales.
Realmente no es que sea barato, es un precio que estamos dispuestos a pagar por los convencionalismos sociales. ¿Cuánto vale tu honor? -Que se lo digan a Isabel Preysler, que su honor debe ser más valioso- Los únicos que lo tienen barato -debe de ser de algunas de las ventajas- son los funcionarios, que se pueden representar a sí mismos en juicios con la Administración. Pero por lo demás, no creo que sea una de las principales causas del exceso de litigios en España.
Una vez leídos algunos de los comentarios de mis compañeros veo que la mayoría coinciden en que los grandes problemas de la justicia son la politización y lentitud de la misma. Esto es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo.
Aludiendo a la politización de la justicia, vemos como bien dice una compañera que el Tribunal Constitucional está formado por magistrados progresistas y conservadores. La justicia debe ser independiente como dice el artículo 117 de nuestra Constitución, entonces, ¿por qué nos encontramos con esta división? Recientemente hemos visto su actuación en el caso Bildu, donde gracias a una mayoría de progresistas el recurso salió adelante. Aquí se demuestra como predominan los ideales políticos más que una aplicación efectiva del derecho, que en el caso del Tribunal Constitucional, no le corresponde tal actuación, sino unica y exclusivamente ver si se respeta o no la Constitución. Esto entronca además con el hecho de que el Tribunal Cosntitucional está atribuyendose competencias y ejerciendo un papel que le corresponde a la jurisdicción ordinaria.
Respeto a la lentitud de la justicia, ésta está muy relacionada con el excesivo volumen de trabajo en juzgados y tribunales. Esto se podría solucionar con la digitalización de los documentos y el apoyo de sistemas informáticos y técnicos. Este gran volumen de trabajo también se debe a la resolución de casos que, a mi parecer no merecen tanta importancia frente a otros que verdaderamente si la tienen. Aquí cabría plantearnos la siguiente cuestión: ¿por qué se resuleven antes las querellas de los famosos que casos como el de Marta del Castillo o el de la pequeña Mari Luz?
Por último, la principal función de jueces y magistrados es aplicar las leyes, pero ¿y si estás leyes no están bien hechas? Este es el caso de la ley del menor...Si no tenemos leyes justas, no habrá sentencias justas y, por tanto, tampoco, habrá justica justa. Este es otro gran problema que se podría añadir a los 10 puntos de la periodista María Peral.
Gracias. Un saludo.
Patricia López García, 3D Periodismo
Ainhoa Prieto Ambrós 3ºD
Creo que el principal problema de la Justicia es que no se puede adoptar la misma solución para casos diferentes y por tanto se produce una aplicación injusta por principio.
Un ejemplo son las sentencias de divorcio: es absolutamente injusto someter a las mismas resoluciones a todos los padres separados (que ya de por sí soportan un trato desigual frente a la mujer por el simple hecho de ser hombres). ¿Por qué debe, en caso de separación, el padre hacerse cargo de la hipoteca (y abandonar la casa), de la pensión alimenticia, de gastos extras y además salir perjudicado a la hora de disfrutar de sus hijos? Se imparte justicia partiendo de una norma desigual basada en convencionalismos que en pleno 2011 no se ajustan a la realidad y no son compatibles con otras leyes que persiguen la igualdad. Cuando una ley discrimina a una de las partes sin valorar las circunstancias de cada caso se convierte en una injusticia. En Aragón la ley de igualdad en las relaciones familiares es la primera en España que establece la custodia compartida como norma preferente. Además el juez analizará las condiciones económicas y laborales de los padres beneficiando al que se encuentre en una situación peor y asegura el derecho de los abuelos y otros familiares a seguir viendo a los niños. Creo que es un inicio para mejorar y hacer más igualitaria la Justicia.
Y en un contexto más general otra solución para acabar con la lentitud de la Justicia sería que personas cualificadas que están cobrando el desempleo realizaran trabajos administrativos para agilizar la actualización de los expedientes que se almacenan en las salas desde hace años y pudieran cotizar por esa actividad. Por un lado se pondría al día la Justicia y por otro se reduciría el paro por lo que todos saldríamos beneficiados.
Ana Garay Blanco, 3ºD Periodismo
Reafirmando lo que han comentado mis compañeros, destacaría principalmente dos problemas en la justicia española, en primer lugar, la politización de la institución y en segundo lugar, la lentitud en el proceso judicial.
No entiendo cómo en un Estado, como España donde impera una división de poderes, los políticos pueden proponer y participar en la elección de los jueces, un sector que en definitiva, no les es competente. La Justicia tiene que estar integrada por personas competentes que conozcan el oficio y lo lleven a cabo independientemente de los ideales que profesan. Optaría por una remodelación en este punto, apostaría por la idea de que fuesen los propios jueces y magistrados los que eligiesen a unos compañeros que considerasen aptos e idóneos para el puesto.
Por otro lado, la lentitud del proceso judicial no es novedad. Siempre se ha dicho que los despachos correspondientes están hasta arriba de papeles y de casos que se demoran año tras año. Como apuntaba Mercedes Fernández más arriba, se podría aumentar el número de jueces o personal que ayudase a distribuir y archivar los casos en función del tiempo y se podría dividir sus competencias en función de la especialidad, es decir, repartiría los casos a estudiar en diferentes secciones.
Al mismo tiempo comparto la idea de Beatriz Yubero, es cierto que la imagen de la justicia se ve perjudicada cuando sectores de la sociedad, refiriéndome como lo hizo mi compañera, al “famoseo” utiliza la justicia como mero instrumento para resolver sus disputas personales. Llevan, el show de un terreno público a un terreno privado. Considero que casos sin importancia y meramente mediáticos, tendrían que tener un hueco paralelo al proceso como tal,y pongo un ejemplo de hace un par de meses, Belén Esteban en un juicio contra su “vecino traidor”. Cierto es, que cada situación lleva sus respectivas diligencias, pero es inadmisible que casos similares al de Marta del Castillo sigan hoy sin solución y otros como, las querellas que interponen los participantes de diversos programas de televisión tengan una resolución en un plazo máximo de dos semanas. La Justicia es para todos y defienden los derechos de todos nosotros, pero hay que saber cuándo acudir o no a ella y más, si se pueden solucionar las cosas detrás de los platós de televisión.
Aún así, y a pesar de sus errores, la Justicia es un instrumento excepcional que vela y defiende nuestros derechos y sigo y quiero creer que esto sigue siendo así.
Un Saludo
Ana Garay Blanco
Creo que los puntos recogidos en el análisis de María Peral sintetizan de forma acertada los problemas que aquejan hoy a la justicia española, sin embargo, de entre ellos me gustaría destacar uno por considerarlo especialmente peligroso: la politización de la justicia.
La separación de poderes propuesta por Montesquieu tiene hoy tanto valor como en el momento en que lo dijo, pese a que en muchas ocasiones por la fuerza de la costumbre acabemos justificando ciertas injerencias que ocurren a los ojos de todos como si fuesen excusables.
No sólo la elección del Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo son un síntoma de esta politización. Desde el punto y hora en que los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por Congreso, Senada, CGPJ y Gobierno se está produciendo una intromisión del poder ejecutivo y legislativo en el judicial. A mi juicio es intolerable que los medios hayan podido hacer quinielas sobre la decisión del Tribunal Constitucional acerca de Bildu en base a la afinidad política de cada magistrado, cuando el único margen que debería dejarse al azar son los límites interpretativos de nuestra Constitución.
De modo paralelo, los miembros del CGPJ, máximo órgano de control de los jueces en nuestro país, son escogidos por el poder legislativo ( no olvidemos, encarnado por parlamentarios de un partido político u otro) de entre una lista elaborada por Asociaciones de Jueces. Asociaciones, con sus afinidades políticas y estructuras jerárquicas de poder.
Resulta así que los máximos responsables de impartir justicia en nuestro país lo son gracias a unas fidelidades y simpatías que es lógico que en algún momento deban pagar.
Me gustaría añadir que no menos preocupante es la negativa percepción de la justicia que se ha extendido entre los españoles, que muchas veces se quejan de su lentitud e ineficacia. Se ha propagado la idea de que cometer un delito en España sale barato, o al menos compensa. Al público no puede dejar de parecerle indignante ver casos como el de “El Rafita” que, tras el asesinato y violación de Sandra Palo y no habiendo cumplido íntegramente su condena, está en libertad y reincidiendo en numerosos delitos. Si a esto le sumamos la lentitud pasmosa con la que funciona el sistema y las consecuencias, incluso económicas, que bien señala María Peral, la conclusión de la sociedad es clara: la justicia en España no existe.
Creo, en definitiva, que esta concepción es extremadamente peligrosa para el Estado de Derecho. El sistema judicial es la máxima garantía de seguridad para los ciudadanos, y es exactamente eso, seguridad, lo que estos le exigen al Estado. Si la ciudadanía pierde la confianza en su sistema judicial, los cimientos de la confianza en el Estado desparecen.
Tras leer este artículo, me he dado cuenta de que en el programa electoral de los partidos políticos no aparece ninguna propuesta que pretenda reformar el Sistema Judicial.
Hasta que no ocurre una desgracia producida por un fallo judicial, como fue el caso de Mariluz Cortés, no se producen manifestaciones para que cambie la Justicia en España.
Debería existir un modelo unitario para todas las comunidades en materia de Justicia para agilizarla y que los órganos judiciales no soporten una carga competencial absolutamente desproporcionada. También es necesario que se invierta en personal y materiales y que el gobierno garantice que los jueces ejercen eficazmente sus funciones para que exista una justicia independiente.
No puede existir una justicia libre si el Presidente General del Poder Judicial y el del Tribunal Supremo son elegidos por el gobierno. Son muy frecuentes las sentencias contradictorias en función de quién sea el fiscal o juez debido a la vinculación política que éste tenga.
El artículo 24.1 de la Constitución española, establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión. Es necesario acabar con el colapso de la Administración de Justicia porque la Justicia es uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico.
ANA TALAYA ESCRIBANO. 3D
Estoy muy de acuerdo con el punto número 3: "Tres patrones para la Justicia" ya que opino que las Comunidades Autonomas están siguiendo una política independentista en muchos casos, cosa que no sólo les perjudica a ellas en el entendimiento con otras, sino que se rompe la visión unitaria de la Justicia española. Creo que se debería poner una normativa de carácter obligatorio y que realmente se cumpliese para evitar así estos problemas de entendimiento y facilitar la unidad.
Este tema también se pone en relación con el punto 9, ya que se vuelve a observar cómo la Justicia no está unificada con respecto a temas que se tratan de diferente manera por el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de las Comuniddes Autónomas, lo cual, como bien dice el artículo, crea una gran inseguridad política.
En cuanto al punto número 4, opino que es verdad que se legisla mal y demasiado, y aunque creo que hay necesidad de llegar a un consenso en las leyes básicas,también es cierto que a veces, y por la evolución de la vida, se dan situaciones nuevas ( por ejemplo: delitos debido a la proliferación de las redes sociales en Internet) que tienen que ser legisladas en el momento,ya que esa realidd antes no se daba.
Por último, en mi opinión el principal problema de la Justicia, a parte de todos los ya citados, es la desconfianza que se proyecta hacia los ciudadanos y que hace que todos los anteriores problemas parezcan mayores y se retroalimenten.
Alberto Iglesias Fraga, 3ºD
En primer lugar, decir que estoy de acuerdo con casi todos los comentarios que han puesto mis compañeros sobre la politización y la lentitud de la justicia en España. Por ello creo que no puedo aportar mucho más en ese campo, pero sí creo que sería conveniente analizar si estos problemas de la justicia son coyunturales, particulares al caso español, o por el contrario son estructurales a la idea de justicia en si misma.
Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos vive hoy momentos de politización sin precedente en los últimos 20 años, síntomas de los vientos que soplan en Washington con el auge de movimientos ultraconservadores. Una serie de hechos, el más reciente (enero de 2011)es la decisión del magistrado Antonin Scalia de participar en una actividad del movimiento ultraconservador Tea Party, de extrema derecha. Una muestra de la interacción de la justicia con las otras dos ramas del poder en EEUU, que nada tienen que envidiar a los escándalos de Baltasar Garzón y la composición del TC en España (FUENTE: http://wmaracaibo.com/?p=13551). Si se me permite una ligera reflexión, el hombre siempre tiende a converger todos los poderes que existen en nuestro mundo, y por ende, las barreras entre los tres poderes se ven amenazas por la propia naturaleza del hombre.
En cuanto a la lentitud de la justicia, si bien los países más desarrollados suplen de mejor o peor manera este problema, si nos comparamos con otros países hispanohablantes, como Argentina, vemos que también sufren de una grave lentitud del sistema judicial (VER: http://www.mdzol.com/mdz/nota/187940)
Con este texto no pretendo obviamente disculpar a nuestra administración. De hecho si nos comparamos con nuestro entorno europeo, somos uno de los paises con mayor lentitud en la justicia (Como ya dijo el Consejo de Europa: http://www.larazon.es/noticia/2326-la-ue-critica-la-lentitud-de-la-justicia-en-espana). Pero sí hay que tener en cuenta otros factores, además de la inversión o el aumento del personal, para reformar correctamente el sistema judicial español.
LIDIA LÓPEZ DE LA TORRE.
La justicia emana del pueblo, por tanto todos tendríamos que tener derecho a una justicia rápida y eficaz; cómo bien dice el punto 1 del artículo,en mi opinión no es que se dé una falta de implicación de los operadores jurídicos, sino que todo se hace más lento debido a ese gran volumen de trabajo que soportan, y una parte totalmente innecesaria y absurda, ejemplo que se puede ver en el "mundo rosa".
Esa lentitud también relacionarla con el punto 8; si la justicia obtiene una gran volumen de trabajo y dicta sentencias años más tarde de su presentación, la mayoría de imputados, ya sean personas físicas o jurídicas, saldrán beneficidos mientras que los realmente afectados, las víctimas, serán los que más desventajas obtengan; a esto hay que añadirle que determinados órganos jurisdiccionales aplican sentencias distintas para casos totalmente similares. Con todo y con esto, la población cada vez menos confía en la Justicia,a pesar de la sabiduría que sus miembros portan. Para que comencemos a confiar más en la eficacia del Ordenamiento Jurídico, realmente los jueces y magistrados tendrían que seguir lo mostrado en el artículo 117 de la CE, destacando en mi opinión: independencia, responsabilidad, imparcialidad y sometimiento al imperio de la ley y del derecho. De este modo, me muestro en desacuerdo con la vinculación de los vocales del CJPG a cualquier opción política. Como buenos profesionales tienen que ceñirse a lo que la CE y el Código Penal establecen.
Una solución que se me ocurre, sería para acelerar el proceso de sentencia: concienciar a la población, ya que es ella misma la que quiere soluciones rápidas y eficaces, de acudir a la justicia cuando sea total y estrictamente necesario. Y ante todo, que desde que somos pequeños nos eduquen y enseñen valores tales como la dignidad de la persona, tanto física como psíquica, y el respeto a la vida.
Interesante y muy completo resumen de María Peral acerca de los principales problemas de la justicia en España. Huelga decir que estoy a favor de la postura de la periodista que, más que opinión, vierte una serie de datos realistas que reflejan muy a las claras la situación del poder judicial en nuestro país.
Si bien cada punto daría para un desarrollo tan extenso como para ocupar un libro entero; me gustaría detenerme tan solo en algunos de los aspectos que se destacan en el esquema.
Para comenzar me acercaré al punto dos, titulado "Falta de voluntad política". Creo que aquí reside el principal problema de la justicia española. Bien define el segundo apartado de este punto el problema en sí mismo: "No se quiere arreglar la Justicia". No hay más. El legislativo y el ejecutivo cada vez intervienen más directamente en la actuación del judicial (y no solo con el nombramiento de altos cargos), así que ganar unas elecciones o tener amplia representación en las Cámaras es sinónimo también de tener un pequeño control del poder Judicial. El sometimiento de los jueces únicamente a la ley pasa a ser pura teoría. Lo peor de todo es que esos jueces influenciados directamente por los partidos políticos (porque son ellos quienes los ponen en sus puestos) son los que crean doctrina y los que están al frente del único poder que, de manera teórica, verdaderamente lucha por la igualdad y por la equidad social.
El siguiente punto que me parece interesante analizar es el cuarto; "se legisla mal y demasiado". Quizá sea éste el aspecto al que más rápido acude la sociedad cuando se ha de criticar a la Justicia. La escasez de jueces, el atraso informático de los juzgados o el tiempo que se tarda en emitir sentencias son reproches totalmente ciertos; pero no son los únicos culpables de que el poder judicial no de más de sí. Y es que parte de la culpa también es de la gente corriente que desconoce, por ejemplo, la figura de los jueces de paz y acude sin pensar a los tribunales como el que va a por el periódico por la mañana; incluso cuando la cantidad económica que el demandante pretende recibir es ínfima en relación al coste del juicio. Y es que ese tipo de juicios, en los que el beneficio económico (que tampoco debería ser el único motivo por el que acudir a los juzgados) es tan escaso, ha aumentado exponencialmente en los últimos años; gracias, en parte también, a los buffetes de abogados que tienen concertados contratos con los clientes para que ambos salgan ganando en este tipo de pleitos.
Si a esto se le suma que la retórica es parte clave de la justicia y, por tanto, va complicando y enrevesando la actividad judicial cada vez más; parece lógico que el número de juicios aumente y, por ende, el número de juicios sin resolver también.
(SIGUE)
Precisamente sobre el argot de la justicia trata el punto décimo del artículo de María Peral. Considero razonable que la justicia, como toda materia, posea una jerga propia, repleta de tecnicismos y términos solo aptos para los estudiosos de la misma. Creo, además, que el hecho de que esta jerga sea tan extensa (más amplia que el de otras materias) no aleja a la ciudadanía de la justicia. Sin embargo, sí considero que el uso indiscriminado de esta jerga (es decir, el usar palabras propias de la justicia en lugar de palabras más corrientes) y que la dificultad con la que una sentencia (y lo que conlleva) llegan a la población aleja a la justicia de la población y no permiten que la gente interiorice que el sistema, a veces, funciona.
Por último, me gustaría comentar brevemente el punto que señala la disputa entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Me resulta curioso ver cómo, siendo los dos tribunales más alejados de las instancias primeras de la vía ordinaria judicial(y siendo el Constitucional un órgano independiente de los demás), aparecen tan habitualmente en periódicos y reciben tal cantidad de recursos. En mi opinión, parece muy fácil recurrir en todos los tribunales que componen la vía judicial hasta poder llegar al Supremo (o al Constitucional en caso de ser posible). Esta reiteración de juicios sobrecarga también un sistema judicial demasiado necesitado de recursos.
En síntesis, considero que el poder judicial español está lejos de funcionar tal y como se plasma en la Constitución. Para ello creo no solo es necesario que la separación e poderes sea efectiva y que pueda haber más jueces, con más recursos y menos carga de trabajo; creo que también es necesaria una concienciación por parte de la sociedad de que no se puede abusar del poder judicial. Las primeras cuestiones me parecen ya casi imposibles de alcanzar, pero éste último me parece una utopía inalcanzable en casi cualquier sociedad.
Alberto Iglesias Fraga 3ºD
Vuelvo a comentar, el primero se borró, no se que pudo pasar.
En primer lugar decir que estoy de acuerdo con casi todo lo que han planteado mis compañeros: la justicia en España está claramente politizada (véase caso Bildu, que sin ir más lejos, han conseguido estar en las urnas este domingo pasado) y tiene un grave problema de lentitud. Pero creo que debemos pararnos a pensar acerca de si ese problema es un problema coyuntural a España (sólo nos afecta a nosotros) o es un problema estructural a la justicia en sí.
Sobre el tema de la lentitud sí parece que es un problema particular de España (El Consejo de Europa dijo en octubre del año pasado que éramos uno de los peores países de la UE en esa materia) y que se achaca principalmente a la falta de medios y la complejida burocrática española, que nos pone al mismo nivel y en la misma situación de ineficacia que países como Argentina o Colombia, con mucho menos presupuesto que puedan
dedicar a esta materia.
Pero en cuanto a la politización que en España sufren las Altas Instancias de la Justicia, ahí si creo que es un problema común a la mayoría de los países del planeta y que cabría preguntarse si la división de poderes en la que vivimos no implica necesariamente que uno de los poderes acabe intentando invadir competencias de los otros, por muchas barreras legales que se ponga. Sin más, propongo el ejemplo de EEUU, donde los jueces participan en actos políticos de organizaciones y lobbies de presión sin que nadie (o casi nadie) lo denuncie. El último caso ha sido el del juez Antonin Scalia, de la Corte Suprema americana, que está relacionado
con la formación ultraconservadora del Tea Party.
No quiero decir, con que sea un problema estructural, que España no puede reducir la politización de la justicia, sino que va a ser muy dificil eliminarla por completo cuando en otros países, con mayor trayectoria democrática y de (al menos sobre el papel) justicia no lo han logrado.
3ºC Andrea Rullán de San Andrés
Seré breve, pues lo bueno y breve, dos veces bueno.
¿Cómo va a ser la justicia buena en nuestro país cuando ni los propios ciudadanos, que tanto nos quejamos de ella, no la respetamos? Quiero decir, la justicia española no es que se defina por ser una de las mejores del mundo. Pero tampoco la peor. Funciona lentamente, pero funciona. El problema que yo entiendo aquí, procede de los propios ciudadanos que tanto se quejan de la justicia y tanto le piden y que luego, a la hora de la verdad, no respetan. Como ejemplo el de la semana pasada cuando la Junta Electoral prohibió la manifestación convocada por Democracia Real Ya (o concentración) en la puerta del Sol de Madrid y la gente continuó reuniéndose en ella. Está bien manifestar las ideas, pero siempre desde el respeto a la ley, y en este caso a la Justicia, pero sobre todo a los demás. Ya que por su actuación (eludiendo el dictamen de la junta) muchas otras personas que sí tenían legalizadas sus manifestaciones no pudieron hacerlas. ¿Está bien la justicia en España? Está visto que no funciona cuando ni los propios españoles la toman en serio. Entonces, ¿por qué ella debería tomarnos en serio a nosotros? Puede que sea su deber velar por los derechos de los ciudadanos españoles pero también es nuestra obligación respetar lo que dicte, nos guste o no.
VÍCTOR NAUZET HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
3ºD ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL UCM
Del análisis de María Peral repararé en alguno de los puntos que considero clave:
Varios son los problemas que lastran el buen funcionamiento de la justicia española. En primer lugar, el exceso de liturgias procesales, que nos lleva a una lentitud acusada en los procesos-mal endémico de la justicia de nuestro país-. A ello hay que sumar la falta de implicación de los operadores jurídicos, lo que se convierte en la razón principal del mal trato dispensado por parte de estos a los ciudadanos implicados en alguna causa.
Para llegar a entender la profundad de estos problemas debemos remitirnos a los datos desprendidos del informe de la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del poder Judicial. Según el informe del 2009, el más reciente, se presentaron al CGPJ 14.998 quejas. Estas reclamaciones no hacen más que evidenciar las carencias que presenta la justicia española, que tiene un grado mayor en los puntos mencionados líneas arriba y sobre los que reflexionaremos en las que siguen. Entre todas las quejas formuladas cobran especial importancia las que piden una justicia atenta (43,7% del total)-cuestión elemental en la que creo que deberíamos reparar, a pesar de no verse lo suficientemente contemplado por el análisis de María Peral-y una justicia ágil y tecnológicamente avanzada (43,3% del cómputo global).
En el apartado de justicia atenta (que recibe más quejas que la lentitud de la jusitica) destacan el trato respetuoso que debe recibir el ciudadano por parte de funcionarios de dependencias judiciales y el tiempo de espera en los juzgados y tribunales. En este sentido, basta con acercarse a un juzgado-cosa que he hecho en unas pocas ocasiones-para comprobar la desafección con la que el personal de administración de los centros judiciales atiende al ciudadano. Estos pueden encontrar sus causas, fundamentalmente, en la falta de motivación, escasa formación especializada y volumen ingente de trabajo. Y es que no podemos pretender recibir un trato diligente de miembros de una administración-la judicial-desbordada y carente de vocación de servicio (la cual es perfectamente recuperable en tanto se reúnan las condiciones necesarias, estas son una mayor agilidad en los procesos y mayor formación especializada). No obstante, no es conveniente generalizar, pues en todos los juzgados y tribunales también hay profesionales cualificados para tales menesteres.
(VIENE DEL ANTERIOR COMENTARIO)
Otro de los aspectos que determinan un buen trato al ciudadano son las esperas que este tiene que hacer cuando asiste a cualquier requerimiento judicial. No es de buen recibo esperar toda la mañana para prestar declaración y que finalmente no pueda efectuarse porque el juicio había sido suspendido y nadie había notificado tal suspensión (circunstancia que se repite con frecuencia en gran parte de los juzgados de nuestro país). De igual manera, no es concebible que alguien que tenga que esperar toda la mañana para que llegue su turno de declarar o de responder a algunas preguntas, más cuando vivimos en la tecnología de la información que nos brinda la oportunidad de mantenernos en contacto estemos donde sea gracias a los dispositivos móviles. Así pues, considero necesario una apuesta por personal más motivado y cualificado y mejor comunicación de la administración judicial con el ciudadano, a lo que ayudará una mayor agilidad en los trámites judiciales y la consecuente reducción en el volumen de trabajo-en lo que nos centraremos en el siguiente párrafo-y las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación. Si se acometen tales acciones el crédito del sistema judicial se verá incrementado, pues uno de los valores que pivotan sobre el mismo es la experiencia que el ciudadano tiene en las dependencias judiciales.
La lentitud de la justicia es otro de los motivos de las quejas y otros de los puntos descritos en el post (concretamente el punto número ocho), aunque debemos citar los puntos siete-excesivo litigio- y cuatro-ordenamiento jurídico complejo-para explicar las raíces sobre las que se hunde. Tal es la gravedad de la cuestión que el Consejo de Europa hizo público en octubre del año pasado un informe bienal (con datos de 2008) donde advertía una tendencia alcista en la duración de los procesos judiciales, que nos sitúan los terceros por la cola de los países Miembros (una demanda ante un tribunal español de primera instancia fue ese año de 296 días, sólo superado por Portugal e Italia). Las causas de la tardanza desmedida en las resoluciones de casos la encontramos en la ingente cantidad de juicios pendientes. Y es que la media de casos que lleva cada juez se ha cuadriplicado en los últimos veinticinco años y en la última década la cantidad de asuntos que tramita nuestra administración de justicia ha pasado de los seis a los nueve millones. Con estos datos no es de extrañar que los expedientes se apilen en salas habilitadas ex profeso y en almacenes improvisados en forma de silla u otro mobiliario de oficina capaz de servir a tal efecto.
(CONTINÚA)
(VIENE DEL ANTERIOR COMENTARIO)
Al número de casos hay que añadir el exceso de liturgias procesales, que no hacen más sino aumentar la maraña judicial. En este sentido, la ex magistrada Manuela Carmena apunta en un reportaje de El País dónde radica el fallo del sistema. “El problema es que hemos metido el siglo XVII en el ordenamiento y ahora lo vamos a meter en el expediente judicial digital, pero sin cambiar las normas del proceso”, expone su excelencia. Además, indica que “la mayoría de los papeles que tramita el juzgado no sirven para nada” por lo que precisa de su eliminación. Todo esto, unido a una estructura obsoleta y tan pesada, hacen que el sistema judicial no satisfaga las expectativas de los ciudadanos (en el barómetro del CIS de febrero de 2010 el 48% de los entrevistados considera el sistema de justicia español mal o muy malo y el 28,7%, regular).
En suma, concluyo que los problemas fundamentales de la justicia española son la lentitud y la impersonalidad del sistema-lo que origina sensación de malestar entre los ciudadanos-, males que encuentran su causa en los excesivamente complejos procedimientos litúrgicos y en el número exorbitado de casos que resuelve la justicia española, que necesita de más personal cualificado, más jueces, menos trámites y mayor informatización del sistema. No obstante, es mi mera aportación al texto de María Peral, elaborado una vez ha sido consultados datos de referencia y habiendo reflexionado sobre los puntos expuestos por la periodistas.
Saludos,
Víctor Nauzet Hernández
VÍCTOR NAUZET HERNÁNDEZ 3ºD
VEO QUE HA HABIDO UN ERROR AL PONER MI COMENTARIO (CONSTABA DE VARIAS PARTES Y SOLO SE HA SUBIDO LA ÚLTIMA). COMO NO PUEDO BORRARLO, PONDRÉ NUEVAMENTE, CON LAS PARTES ORDENADAS, MI COMENTARIO:
(parte 1)
Del análisis de María Peral repararé en alguno de los puntos que considero clave:
Varios son los problemas que lastran el buen funcionamiento de la justicia española. En primer lugar, el exceso de liturgias procesales, que nos lleva a una lentitud acusada en los procesos-mal endémico de la justicia de nuestro país-. A ello hay que sumar la falta de implicación de los operadores jurídicos, lo que se convierte en la razón principal del mal trato dispensado por parte de estos a los ciudadanos implicados en alguna causa.
Para llegar a entender la profundad de estos problemas debemos remitirnos a los datos desprendidos del informe de la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del poder Judicial. Según el informe del 2009, el más reciente, se presentaron al CGPJ 14.998 quejas. Estas reclamaciones no hacen más que evidenciar las carencias que presenta la justicia española, que tiene un grado mayor en los puntos mencionados líneas arriba y sobre los que reflexionaremos en las que siguen. Entre todas las quejas formuladas cobran especial importancia las que piden una justicia atenta (43,7% del total)-cuestión elemental en la que creo que deberíamos reparar, a pesar de no verse lo suficientemente contemplado por el análisis de María Peral-y una justicia ágil y tecnológicamente avanzada (43,3% del cómputo global).
VÍCTOR NAUZET HERNÁNDEZ 3ºD
(parte 2)
En el apartado de justicia atenta (que recibe más quejas que la lentitud de la jusitica) destacan el trato respetuoso que debe recibir el ciudadano por parte de funcionarios de dependencias judiciales y el tiempo de espera en los juzgados y tribunales. En este sentido, basta con acercarse a un juzgado-cosa que he hecho en unas pocas ocasiones-para comprobar la desafección con la que el personal de administración de los centros judiciales atiende al ciudadano. Estos pueden encontrar sus causas, fundamentalmente, en la falta de motivación, escasa formación especializada y volumen ingente de trabajo. Y es que no podemos pretender recibir un trato diligente de miembros de una administración-la judicial-desbordada y carente de vocación de servicio (la cual es perfectamente recuperable en tanto se reúnan las condiciones necesarias, estas son una mayor agilidad en los procesos y mayor formación especializada). No obstante, no es conveniente generalizar, pues en todos los juzgados y tribunales también hay profesionales cualificados para tales menesteres.
Otro de los aspectos que determinan un buen trato al ciudadano son las esperas que este tiene que hacer cuando asiste a cualquier requerimiento judicial. No es de buen recibo esperar toda la mañana para prestar declaración y que finalmente no pueda efectuarse porque el juicio había sido suspendido y nadie había notificado tal suspensión (circunstancia que se repite con frecuencia en gran parte de los juzgados de nuestro país). De igual manera, no es concebible que alguien que tenga que esperar toda la mañana para que llegue su turno de declarar o de responder a algunas preguntas, más cuando vivimos en la tecnología de la información que nos brinda la oportunidad de mantenernos en contacto estemos donde sea gracias a los dispositivos móviles. Así pues, considero necesario una apuesta por personal más motivado y cualificado y mejor comunicación de la administración judicial con el ciudadano, a lo que ayudará una mayor agilidad en los trámites judiciales y la consecuente reducción en el volumen de trabajo-en lo que nos centraremos en el siguiente párrafo-y las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación. Si se acometen tales acciones el crédito del sistema judicial se verá incrementado, pues uno de los valores que pivotan sobre el mismo es la experiencia que el ciudadano tiene en las dependencias judiciales.
(continúa)
(parte 2)
En el apartado de justicia atenta (que recibe más quejas que la lentitud de la jusitica) destacan el trato respetuoso que debe recibir el ciudadano por parte de funcionarios de dependencias judiciales y el tiempo de espera en los juzgados y tribunales. En este sentido, basta con acercarse a un juzgado-cosa que he hecho en unas pocas ocasiones-para comprobar la desafección con la que el personal de administración de los centros judiciales atiende al ciudadano. Estos pueden encontrar sus causas, fundamentalmente, en la falta de motivación, escasa formación especializada y volumen ingente de trabajo. Y es que no podemos pretender recibir un trato diligente de miembros de una administración-la judicial-desbordada y carente de vocación de servicio (la cual es perfectamente recuperable en tanto se reúnan las condiciones necesarias, estas son una mayor agilidad en los procesos y mayor formación especializada). No obstante, no es conveniente generalizar, pues en todos los juzgados y tribunales también hay profesionales cualificados para tales menesteres.
(continúa)
(parte 3)
Otro de los aspectos que determinan un buen trato al ciudadano son las esperas que este tiene que hacer cuando asiste a cualquier requerimiento judicial. No es de buen recibo esperar toda la mañana para prestar declaración y que finalmente no pueda efectuarse porque el juicio había sido suspendido y nadie había notificado tal suspensión (circunstancia que se repite con frecuencia en gran parte de los juzgados de nuestro país). De igual manera, no es concebible que alguien que tenga que esperar toda la mañana para que llegue su turno de declarar o de responder a algunas preguntas, más cuando vivimos en la tecnología de la información que nos brinda la oportunidad de mantenernos en contacto estemos donde sea gracias a los dispositivos móviles. Así pues, considero necesario una apuesta por personal más motivado y cualificado y mejor comunicación de la administración judicial con el ciudadano, a lo que ayudará una mayor agilidad en los trámites judiciales y la consecuente reducción en el volumen de trabajo-en lo que nos centraremos en el siguiente párrafo-y las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación. Si se acometen tales acciones el crédito del sistema judicial se verá incrementado, pues uno de los valores que pivotan sobre el mismo es la experiencia que el ciudadano tiene en las dependencias judiciales.
(continúa)
(parte 4)
La lentitud de la justicia es otro de los motivos de las quejas y otros de los puntos descritos en el post (concretamente el punto número ocho), aunque debemos citar los puntos siete-excesivo litigio- y cuatro-ordenamiento jurídico complejo-para explicar las raíces sobre las que se hunde. Tal es la gravedad de la cuestión que el Consejo de Europa hizo público en octubre del año pasado un informe bienal (con datos de 2008) donde advertía una tendencia alcista en la duración de los procesos judiciales, que nos sitúan los terceros por la cola de los países Miembros (una demanda ante un tribunal español de primera instancia fue ese año de 296 días, sólo superado por Portugal e Italia). Las causas de la tardanza desmedida en las resoluciones de casos la encontramos en la ingente cantidad de juicios pendientes. Y es que la media de casos que lleva cada juez se ha cuadriplicado en los últimos veinticinco años y en la última década la cantidad de asuntos que tramita nuestra administración de justicia ha pasado de los seis a los nueve millones. Con estos datos no es de extrañar que los expedientes se apilen en salas habilitadas ex profeso y en almacenes improvisados en forma de silla u otro mobiliario de oficina capaz de servir a tal efecto.
(continúa)
(parte 5 y final)
Al número de casos hay que añadir el exceso de liturgias procesales, que no hacen más sino aumentar la maraña judicial. En este sentido, la ex magistrada Manuela Carmena apunta en un reportaje de El País dónde radica el fallo del sistema. “El problema es que hemos metido el siglo XVII en el ordenamiento y ahora lo vamos a meter en el expediente judicial digital, pero sin cambiar las normas del proceso”, expone su excelencia. Además, indica que “la mayoría de los papeles que tramita el juzgado no sirven para nada” por lo que precisa de su eliminación. Todo esto, unido a una estructura obsoleta y tan pesada, hacen que el sistema judicial no satisfaga las expectativas de los ciudadanos (en el barómetro del CIS de febrero de 2010 el 48% de los entrevistados considera el sistema de justicia español mal o muy malo y el 28,7%, regular).
En suma, concluyo que los problemas fundamentales de la justicia española son la lentitud y la impersonalidad del sistema-lo que origina sensación de malestar entre los ciudadanos-, males que encuentran su causa en los excesivamente complejos procedimientos litúrgicos y en el número exorbitado de casos que resuelve la justicia española, que necesita de más personal cualificado, más jueces, menos trámites y mayor informatización del sistema. No obstante, es mi mera aportación al texto de María Peral, elaborado una vez ha sido consultados datos de referencia y habiendo reflexionado sobre los puntos expuestos por la periodistas.
Saludos,
Víctor Nauzet Hernández 3ºD
He de aclarar que Manuela Carmena, a la que hago alusión en mi comentario, no es magistrada del Tribunal Supremo, por lo que su tratamiento correcto es el de señoría ilustrísima y no de excelencia, como así lo dejé constar en la anterior entrada.
Disculpen,
Víctor Nauzet Hernández
Me gustaría participar en el debate incluyendo un tema que, si bien no tiene -quizás- la relevancia que puedan tener otros temas ya comentados, creo que también es interesante y puede aportar algo nuevo a la discusìón. Así evito también repertirme con respecto a lo que han dicho mis compañeros.
Se trata de la escasa presencia de las mujeres en el cuerpo judicial, especialmente en los puestos de mayor rango. ¿Es esto un problema para la justicia? A mi modo de ver, no, aunque hay algunas voces que sugieren llevar a cabo medidas de discriminación positivas para que el porcentaje de mujeres en los juzgados se eleve.
Esta baja representación no se debe a que las mujeres no se hayan decantado por esta disciplina, o a que hayan tenido dificultades para acceder. El acceso a la carrera judicial depende, en la mayoría de los casos, de aprobar unas oposiciones, y en ellas no cabe discriminación por razón de sexo -o de cualquier otro tipo-. Se ingresa por motivos de mérito y capacidad. ¿Y es que las mujeres no lo tienen? Sí, pero no les ha dado tiempo a demostrarlo.
La legislación franquista impedía a las mujeres opositar a cualquier puesto público que no fuese el de enfermera, maestra o administrativa. Es decir, hasta la instauración de la democracia y la aprobación de la Constitución, no tuvieron posibilidad alguna de ser juez. El artículo 14 de la CE anula esta legislación franquista porque, obviamente, violaba el principio de igualdad, y a partir de 1978 las mujeres pueden opositar para ser juez.
Habrá entonces que darles tiempo: hoy ha salido en los medios que en la última promoción de juez el 74% son mujeres.
Paula Talero Álvarez
Para complementar mínimamente todo lo dicho hasta ahora quisiera aportar mi opinión.
Un ejemplo reciente que hace referencia al punto 5 y 6 es la prohibición por parte del Tribunal Supremo a Bildu de participar en las elecciones del 22M (por mayoría de 9 votos a 6) y la posterior aprobación por parte del Tribunal Constitucional de la coalición como participante de los comicios (con mayoría de 6 a 5), que dejó en evidencia, una vez más, la supeditación de la Justicia a los interéses políticos.
El cometido del Poder Judicial en un país que se hace llamar democrático es aplicar las leyes vigentes de forma objetiva, bajo su independencia y profesionalidad y al margen de lo que sea más o menos conveniente políticamente.
Nos encontramos en un momento en el que la sociedad pide a gritos un cambio y esto afecta también al ámbito judicial. Sería necesario promover un sistema en el que los miembros del órgano de gobierno de los jueces, como es el Consejo General del Poder Judicial, se elijan entre magistrados que no señalen los partidos políticos, sino por sufragio universal entre los jueces, de manera que el Poder Judicial fuera un efectivo control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y no al contrario como viene siendo hasta ahora.
Eva Jiménez Pérez-Morales (3ºD)
Me gustaría expresar mi opinión personal sobre algunos de los puntos considerados por María Peral. En cuanto a la falta de implicación de los operadores jurídicos su presumible falta de entusiasmo no es ni mayor ni menor que la que puede observarse en otros funcionarios de la administración, sus retribuciones no son inferiores a las de otros ámbitos administrativos, posiblemente a igualdad de categoría profesional otras secciones de la administración pública estén incluso peor consideradas. También se dice que la justicia es lenta, esta lentitud puede deberse a un volumen excesivo de trabajo, sin embargo, frecuentemente hemos podido constatar cómo muchos juzgados a las 8 o a las 8,30 de la mañana están totalmente vacíos. Por tanto, volumen excesivo puede que sí, pero tampoco se observa una mayor intensidad en el desempeño de sus funciones. Lo que si me parece realmente importante es su falta de medios. En la era de la comunicación los juzgados están muy atrasados, aunque he podido leer en la prensa que, en los últimos tiempos, existe un interés por parte del Ministerio de Justicia para dotarles de una mayor tecnología, algo muy necesario a tenor de algunos estrepitosos errores que se han producido en el pasado como consecuencia de esa falta de comunicación y coordinación entre los diferentes juzgados.
Un punto que me parece trascendental es la tensión entre el TS y el TC que ha tenido su última manifestación en la sentencia sobre la presencia de BILDU en las elecciones municipales y autonómicas recientemente celebradas. Si bien hay que acatar las decisiones judiciales es evidente que, en opinión de varios expertos, que he tenido la posibilidad de escuchar en los medios de comunicación, el TC se ha extralimitado en la sentencia, ya que, en opinión de los citados expertos, ha actuado como un auténtico tribunal de casación entrando a juzgar pruebas utilizadas por el TS, etc. Algo que está fuera de sus competenciasm, que son las de juzgar la constitucionalidad o no del hecho. Esto es un ejemplo más de la falta real de separación de poderes del estado que existen en nuestro país. Algo que han manifestado algunos de mis compañeros en este blog.
Finalmente, en mi opinión, la mejora de la justicia en España no es puramente una mejora en sus remuneraciones, algo que en los momentos actuales es impensable por la situación económica en la que estamos inmersos, sino que debe incidir en dos aspectos fundamentales. El primero, el aspecto formativo, en este sentido, me ha llamado al atención la noticia publicada ayer en la prensa que afirmaba que el período para superar las oposiciones se eleva a 5 años y medio y que más del 70% de los nuevos jueces son hoy mujeres. El segundo, es la necesidad de que exista una clara y decida voluntad política de despolitizar la justicia, algo que no veo muy claro que ocurra en las actuales circunstancias políticas.
CRISTINA JIMÉNEZ GÓMEZ. Periodismo 3ºD
Diego Cabanillas Raboso 3ºC
Tras leer a alguno de mis compañeros hablando acerca de lo injusto que pueden resultar las condenas de ciertos actos sobre otros moralmente más reprobables y presuntamente graves, decir que en algunos casos la justicia falla a la hora de establecer una proporcionalidad. Claro está que resulta muy complejo el poder regular sobre toda conducta ilícita que pueda tener el ser humano. Más es el regular de una forma proporcional a otros casos mucho más graves y que a lo mejor no conllevan una pena mucho mayor, pero el problema no creo que esté en las propias leyes, sino en la forma en la que la aplican los tribunales, que han de tener en cuenta los hechos para establecer una sentencia justa, sin que una ley demasiado severa sobre algún comportamiento no sea aplicada en su totalidad sobre un caso en concreto. Después cada caso y sus circunstancias son distintos, influyen distintos condicionantes y distintas consideraciones que se han de tener en cuenta, y aunque en ocasiones puede que la justicia haya fallado y se haya aplicado una pena demasiado severa a alguien que no la merece, no hemos de olvidar el componente subjetivo de la justicia. Dependiendo del perfil de un juez, este será más o menos riguroso aplicando una Ley de acuerdo a un caso. En ocasiones una aplicación demasiado rigurosa de la Ley puede ser tan injusta como que una persona declarada culpable de algún delito no merezca el castigo merecido. Pero un sistema judicial perfecto sería utópico, y sin ánimo de defender estos hechos, decir que la Ley en primera instancia emana del pueblo y que el poder legislativo como representación de este debería tener también un mayor carácter revisionista para modificar leyes y adecuarlas a las necesidades de cada momento, modificando también aquellas que tras los pertinentes informes demuestren que no se adecuan o no son proporcionales al delito cometido una vez estás se ponen en práctica en el circuito judicial. Y también como ya he comentado, sería igualmente interesante hacer una simplificación del sistema.
Diego Cabanillas Raboso 3ºC
Tras leer a alguno de mis compañeros hablando acerca de lo injusto que pueden resultar las condenas de ciertos actos sobre otros moralmente más reprobables y presuntamente graves, decir que en algunos casos la justicia falla a la hora de establecer una proporcionalidad. Claro está que resulta muy complejo el poder regular sobre toda conducta ilícita que pueda tener el ser humano. Más es el regular de una forma proporcional a otros casos mucho más graves y que a lo mejor no conllevan una pena mucho mayor, pero el problema no creo que esté en las propias leyes, sino en la forma en la que la aplican los tribunales, que han de tener en cuenta los hechos para establecer una sentencia justa, sin que una ley demasiado severa sobre algún comportamiento no sea aplicada en su totalidad sobre un caso en concreto. Después cada caso y sus circunstancias son distintos, influyen distintos condicionantes y distintas consideraciones que se han de tener en cuenta, y aunque en ocasiones puede que la justicia haya fallado y se haya aplicado una pena demasiado severa a alguien que no la merece, no hemos de olvidar el componente subjetivo de la justicia. Dependiendo del perfil de un juez, este será más o menos riguroso aplicando una Ley de acuerdo a un caso. En ocasiones una aplicación demasiado rigurosa de la Ley puede ser tan injusta como que una persona declarada culpable de algún delito no merezca el castigo merecido. Pero un sistema judicial perfecto sería utópico, y sin ánimo de defender estos hechos, decir que la Ley en primera instancia emana del pueblo y que el poder legislativo como representación de este debería tener también un mayor carácter revisionista para modificar leyes y adecuarlas a las necesidades de cada momento, modificando también aquellas que tras los pertinentes informes demuestren que no se adecuan o no son proporcionales al delito cometido una vez estás se ponen en práctica en el circuito judicial. Y también como ya he comentado, sería igualmente interesante hacer una simplificación del sistema.
Jennifer García Jiménez
3ºD Periodismo
Parte 1
Al hablar de los problemas de la Justicia parece preferible diferenciar, por un lado, entre la justicia que se imparte para el ciudadano corriente, de a pie y; por otro lado, la justicia mediática, con eco en los medios de comunicación.
Los primeros (ciudadanos de a pie) acuden a la justicia por asuntos cotidianos. Por ejemplo, ha sido despedido y no se le indemniza lo suficiente (muy frecuente en la actualidad); tiene alquilada una casa y el inquilino no le paga… etc. Para todos ellos, el problema de la justicia es el mismo: lentitud. La falta de medios humanos (personal) y materiales impiden una justicia rápida y eficaz. Y ya sabemos que una justicia que tarda años, deja de ser justicia, al no satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Para superar el obstáculo de la lentitud son muchas las necesidades a cubrir, fundamentalmente: mayores recursos económicos, mayor coordinación entre Estado y Comunidades Autónomas para dirigir e inspeccionar al personal a su servicio, más personal y más medios materiales e informáticos. Todavía recordamos el caso de Mari Luz, en el que la falta de coordinación informática impedía a un Juzgado conocer los antecedentes penales que constaban en otro Juzgado.
Pero para todas estas personas bien puede decirse que la justicia es independiente, que los jueces intentan hacer ese trabajo de la forma que mejor pueden saber, dejando totalmente al lado las convicciones políticas que puedan tener. Es evidente que para decidir desahuciar a un inquilino nada tiene que ver las ideas políticas que se puedan tener.
Distinto es el problema existente en la justicia que hemos llamado mediática. Aquélla que protagoniza los titulares de los medios de comunicación: la ilegalización de un partido político, la concesión o no de beneficios penitenciarios a un terrorista… Todos estos casos son solucionados y juzgados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En estos casos, el problema de la justicia no es el de su lentitud, sino el de su politización. El Tribunal Supremo es un órgano judicial, que ocupa la cúspide de la pirámide del organigrama judicial español. Sin embargo, sus miembros son designados por las Cortes Generales y el Gobierno (a través del Consejo General del Poder Judicial). Ello supone que suelen designarse como miembros del Tribunal Supremo a personas afines a los partidos mayoritarios para que, en los casos que deban conocer (ilegalizaciones de partidos, excarcelaciones de terroristas…), que son casos judiciales, pero con trascendencia política, decidan siempre teniendo en cuenta el interés partidista y político del gobernante de turno.
Otro tanto de lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional. El Tribunal que debe garantizar el respeto de la Constitución es designado por las Cortes Generales. De nuevo, los partidos políticos suelen designar como integrantes a personas afines a su ideología, contribuyendo a esa politización del poder judicial que los ciudadanos perciben. Ejemplo claro de lo anterior lo encontramos en el caso de la ilegalización de Bildu por el Tribunal Constitucional, en el que, con anterioridad a la deliberación y votación de los magistrados, ya se podía percibir el voto de cada uno de ellos, dependiendo de qué partido político lo había designado.
Jennifer García Jiménez
Parte 2
Para poner fin a esa politización de los órganos superiores de la justicia española, parece claro que lo primero a proponer es que los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial sean designados por los propios jueces de carrera. Si se trata de un órgano de gobierno de jueces, qué menos que sean los propios jueces quiene designen a quienes los gobiernan. De esa forma, se garantizaría una mayor independencia del poder judicial. En ese caso, los miembros del Consejo no deberían rendir cuentas a las Cortes Generales que les designaron, sino a los jueces que les votaron para que les gobernaran de una forma recta e imparcial.
Por lo que respecta al Tribunal Constitucional, quizá sea hora de replantearse su papel en el actual sistema jurídico español. El Tribunal Constitucional ha pasado a ser un órgano judicial, encargo de revisar los criterios del Tribunal Supremo. De ahí la lucha que mantienen ambos órganos. El tribunal Constitucional debe velar por el respeto de la Constitución y de los derechos de las personas. Normalmente, lo suele hacer con varios años de retraso, con lo que sus resoluciones, lejos de solventar los problemas, suele ampliarlos. Por ello, parece conveniente replantearse el papel del Tribunal Constitucional en un doble aspecto: 1- Que la designación de sus miembros se haga en virtud de principios de mérito y capacidad más estrictos y 2- que sus funciones cambien, pasando a controlar la constitucionalidad de las leyes con anterioridad a que se apliquen, con carácter preventivo y no una vez que llevan aplicándose 5 o 6 años, en cuyo caso, la resolución que dicte, lejos de resolver los problemas, los aumente.
Cristina Jiménez Gómez (3ºD)
Mucha gente coincide en que el principal problema de la justicia es su politización. He estado reflexionando sobre si realmente la justicia es un poder del estado o un servicio público y, en mi opinión, creo que debe ser considerada más como servicio lo que incidiría muy positivamente en su despolitización, que es principal mal que, en los momentos actuales, se cierne sobre la administración de justicia en España. Hay un hecho que es incontestable, el juez en España es un funcionario, si queremos un alto funcionario, pero no diferente a cualquier otro que pudiera estar en la administración pública. El entendimiento del juez como tal está en consonancia con lo propuesto por la tradición europea, en la que el juez es un aplicador de las normas que otros elaboran, diferente al modelo americano o anglosajón en el que es elegido por la ciudadanía. En consecuencia si entendemos este concepto funcionarial, que en los momentos actuales no parece que tenga contestación, sería un elemento eficaz para luchar contra la politización. En definitiva, la única vía de acceso a la judicatura debería ser la oposición libre. La justicia, aunque es un poder del estado, no lo sería tanto en el sentido de aplicador de normas que ellos sólo interpretan pero no elaboran.
Si analizamos las ventajas se me ocurren varias, a la vez que dejo abierto el debate para cualquier otra. En primer lugar la vía de intervención política quedaría totalmente cerrada, los políticos no tendrían modo de inmiscuirse en el nombramiento de los jueces y magistrados. En el caso de algunos tribunales, como el TC, en el que hay una clara intervención del poder político, la solución que algunos expertos proponen es que el TS sea competente en temas de constitucionalidad, algo que ya ocurre en otros países de larga tradición democrática. Por otra parte, cumple perfectamente con la tradición europea que es la que siempre ha imperado en España. Finalmente, al entenderse como servicio público queda abierta la posibilidad de ser evaluada, que es un requisito indispensable para su modernización. Otros sectores de la administración que también son servicios públicos, como la sanidad o la educación, son evaluados por los usuarios. Un ejemplo lo tenemos en las encuestas de evaluación del profesorado que cada año se hacen en nuestra universidad. La evaluación, si se hace correctamente, incide en la mejora, por lo que representa como incentivo para el evaluado. En el sentido que nos ocupa, si una evaluación positiva se tradujera en un aumento de las remuneraciones o de los complementos para los jueces, podría ser un arma eficaz para luchar contra la lentitud, otro de los males endémicos de la justicia española.
Cristina Jiménez Gómez, Periodismo 3ºD
Seré breve. Creo que el problema de la justicia no son los jueces o las sentencias, sino la mala gestión administrativa (igual que en otros órganos públicos). Estoy de acuerdo, por tanto, con el punto 1, el volumen de trabajo. En cuanto a la falta de entusiasmo discrepo porque no me parece un razonamiento que excuse el mal funcionamiento de la justicia, no porque no sea verdad, sino porque creo que es algo personal de cada funcionario y nadie excepto él mismo puede solucionar.
Siguiendo con temas de gestión, me parece vergonzoso que aún haya problemas relacionados con la transferencia de información por culpa del idioma o los sistemas informáticos.
Por otro lado, en lo de "no legislar a golpe de acontecimiento", creo que pasa como con el control represivo de los derechos. No se actúa antes, sino después. No se pueden hacer leyes si no hay hechos para legislar, es lo que entiendo por "golpe de acontecimiento".
Mi propuesta es que ningún juez tendría que ser propuesto ni por el Gobierno tampoco los magistrados del TC y además tendrían que eliminarse aquellos "sin sentidos" como el atenuante por lentitud.
Respecto a la lista que elabora María Peral, estoy de acuerdo en mayor o menor medida con todos los puntos que destaca. Me detendré en los puntos 7 y 8 que a mi parecer son los más acertados. El 7 se refiere a la ingente cantidad de asuntos a la que deben hacer frente los Tribunales, objetando que es relativamente barato pleitear en nuestro país y que con los recursos a los órganos superiores de justicia que proceden se consigue dilatar la condena.
El problema yo no lo veo en la posibilidad de recurrir cuando crees que una sentencia no es justa porque en su origen la intención era tener más oportunidades para que la verdad saliese a la luz y cada cual acometiese con su responsabilidad, el problema si está en utilizarlo como una mera estrategia para ganar. No se trata de una competición de juristas por ver quién es mejor o quién gana los casos más difíciles. La inteligencia, astucia o experiencia de un abogado que en el ejercicio de sus funciones es mejor que otro puede llevar a que el verdadero culpable quede en libertad o a que su condena, como pasa en muchas ocasiones, sea irrisoria. Se apela por tanto a la ética del profesional que se está viendo cuestionada en varios casos y trabajos diferentes, si el recurso es verdaderamente necesario se interpone sino no.
Cualquier conflicto en el que se vean inmersos personajes mediáticos son inmediatamente problemas que deben solucionarse en los tribunales, ejemplo de ello son las innumerables demandas y querellas que se interponen. Al igual, hoy en día los problemas de familia que antes eran solucionados por ellos mismos son llevados ante la justicia. Por tanto hay una falta de consenso entre las partes que podrían resolver sus conflictos en el ámbito cotidiano y una falta de ética por parte de quienes consideran necesario apelar a los tribunales cuando no lo es. En ocasiones se lo toman como un juego, un tira y afloja por ver quién se queda con la cuerda y en otras, las verdades son a medias no siempre blancas o negras y a cada uno le toca una parte de la cuerda que quizá no es la que esperan.
Los delitos y enfrentamientos que se dan en la sociedad parecen que van en aumento lo que una vez más me plantea la duda de si todos estos problemas no se simplificarían manifestando como motivo la degeneración del ser humano en los últimos años, en los que parece carecer de la ética y la capacidad para razonar que siempre le han caracterizado y solucionar todos estos problemas desde su raíz común.
Para finalizar abordaré el punto 8 de la lista de Peral, que habla sobre la lentitud de la justicia y cómo ese factor la convierte en injusta. Si a la gran cantidad de conflictos que se agolpan en los tribunales le añadimos la tardanza en darles una solución lo más justa posible para ambas partes, el proceso es agotador y desesperante. A ello hay que añadir, además de lo anteriormente expuesto, que inevitablemente cada persona tiene una forma diferente de ver las cosas y que los jueces o magistrados aunque están sujetos al imperio de la ley y deben ser independientes y objetivos tienen diversas maneras de enfrentarse a los casos que les llegan, casos con innumerables matices que pueden modificar sobremanera la perspectiva de estudio e investigación. Una misma realidad enfocada desde distintos ángulos y posiciones puede cambiar la perspectiva y por tanto la solución.
Mª Carmen Ortiz Soto, 3ºD
Hola, se que a lo mejor algunas de mis opiniones son compartidas por mis compañeros pero de todas formas me gustaría decir lo que pienso con mis propias palabras resaltando algunos puntos:
Para empezar estoy de acuerdo con lo que dice María Peral, sobre todo cuando dice que no hay que legislar a golpe de acontecimiento, cosa que creo que también está relacionado con la politización de la justicia, porque cuando ha habido un hecho en concreto que ha que ha llamado la atención a los medios de comunicación, los políticos se ponen en marcha para hacer una ley para que se adapte a ese problema. Luego pasa lo que pasa que esa ley no es tan efectiva como se pretendía que fuese porque no se puede legislar en caliente, hay que estudiar los temas con tiempo y con cabeza aunque eso signifique que la opinión pública esté descontenta por ese problema mediático durante un tiempo porque por tapar un parche ahora, luego vienen las quejas y se quieren hacer reformas y es que en un asunto tan importante como la justicia no se puede estar cambiando constantemente las reglas del juego, no se puede estar todos los días cambiando la legislación así a la ligera, aunque es verdad que la sociedad evoluciona y la justicia con ella y ésta se tiene que preparar para adaptarse en la sociedad en la que se desarrolla.
Por otra parte, otra cosa con la que soy muy crítica como Peral es con la elección de los vocales del CGPJ ¿no se supone que la Constitución establecía una división de poderes? Al final si en la antigüedad el poder lo recogía el rey absolutista ahora ese poder lo recogen los políticos que al final eligen a quienes comulgan con sus ideologías y saben que si tienen algún problema estarán ahí porque ellos han sido los que han hecho que estén donde están.
Y otro de los problemas que tiene la justicia es que es un circulo muy cerrado ya no solo por su lenguaje técnico que hace que la gente que no ha tenido las mismas posibilidades de formación que ello no comprenda lo que quiere decir, sino también por como Peral también señala por los padrinos.
Si estamos ante un país en el que contamos con igualdad de condiciones me parece un horror que solo se pueda aprobar unas oposiciones porque los abuelos, padres o los familiares que tengan los opositores sean jueces y comento un ejemplo real de una conocida:de una chica de origen muy humilde, su madre es limpiadora en una casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid y su padre es obrero de la construcción, ella quería ser jueza desde siempre y durante sus estudios conseguía calificaciones excelentes e hizo todo lo posible para acortar los plazos para acabar la carrera cuanto antes y empezar a prepararse las oposiciones. Pues bien después de años dedicada a prepararse y presentándose a las oposiciones incluso aprobando y con nota era como si no existiera, hasta que un día uno de sus examinadores le reconoció sin problemas que iba a ser muy difícil que fuera jueza porque no era ni hija ni nieta de jueces y porque no la conocían de nada, aun así la chica no se rindió y la última vez que se presentó sacó matrícula de honor y ahí no tuvieron más opción… y ahora trabaja de jueza penitenciaria.
Creo que si esta barrera de los padrinos y demás servidumbres a la que está sometida la justicia, habría gente nueva, nuevos jueces y magistrados que romperían con lo establecido hasta el momento, que trabajarían con ganas y lucharían más porque las cosas cambiasen haciendo que hubiera justicia de verdad, pero a lo mejor a los que están ahora ahí se les acabaría el chollo en el que viven y eso no les interesa ni a ellos mismos ni a los políticos.
¡Saludos a todos!
Francisco Javier Hormigo Oliva, 3ºC
Me parecen muy interesantes los 10 puntos de María Peral de El Mundo y que el profesor Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva expone en su blog: A vueltas con el Estado.
Me centraré en el punto número 8. La lentitud de la Justicia. Hace tiempo que llevo escuchando la frase: "Peor que la injusticia, es la justicia tardía". Una de sus causas es el enorme volumen de asuntos que se tramitan al año y que provocan que los Juzgados estén totalmente saturados. Por otra parte también se puede hablar de falta de coordinación, carencia de recursos humanos, dispersión de los diferentes organismos...
En otro lugar queda que los diferentes gobiernos que se han sucedido en el poder se han preocupado más de controlar (politizando) el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que de intentar avanzar, asegurando y haciendo más viable el volumen de asuntos que se acumulan en los Juzgados.
Por último me gustaría destacar un artículo de El País que comienza así: "En España la justicia es lenta. Es lenta para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Es lento el Tribunal Supremo para resolver recursos. Es superlento el Constitucional para renovarse, gracias a que su situación actual aprovecha a determinados partidos políticos, y es provocadoramente lento para resolver un recurso por encima de voluntades autonómicas, acuerdos parlamentarios o referendos ciudadanos. Es lenta, sí, y eso ya no es justicia".
Indicando este artículo que la Justicia pierde su significado de "justa" cuando es lenta e incide en decisiones claves, porque no debemos olvidar que esta Justicia lenta se ha agravado con la crisis que esta misma sufre, ya que últimamente se pueden observar fallos en las condenas de importantes delincuentes sexuales, terroristas... que provocan altercados cuando deberían estar todavía bajo las manos de esa Justicia que además de lenta es incapaz, es decir, falta implicación de Jueces, Fiscales... y también estoy de acuerdo en que se legisla mal, un ejemplo clarísimo es la ley del menor que hemos podido observar en el caso de Marta Del Castillo.
Mª Antonia Rosado Gallardo 3º D
Ayer, 28 de mayo, encontré en El Mundo unas declaraciones de Pascual Sala, presidente del TC, en las que alude a los puntos 5 y 6. Os remito el enlace de la noticia en internet:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/27/espana/1306487944.html
En la noticia digital solo habla de la politización (o no) del TC pero en la versión de papel, en la que la propia María Peral es la autora, también se recoge sus declaraciones respecto a las posibles fricciones entre el órgano que preside y el TS. Afirma que "no hay choque de trenes", "en los 30 años de vida del tribunal ha habido tres o cuatro asuntos en los que se han producido discrepancias relevantes". Todo esto a la espera de que el TC resuelva algunos <> como, por ejemplo, la aplicación de la doctrina Parot. Un dato que me ha llamado la atención es que, en 2010, sólo se ha admitido 1 de cada 10 demandas de amparo.
En la última linea del comentario, entre "algunos" y "como" debería aparecer <>:
"amparos relativos a asuntos potencialmente explosivos para las relaciones con el TS"
Detecto que en los comentarios al artículo sobre reforma electoral son mucho mejores que los referidos a la reforma de la justicia. Quizás porque hemos dedicado más tiempo a explicar los sistemas electorales, quizás porque en la reforma de la justicia sólo hay un esquema.
De todas formas agradezco el esfuerzo realizado.
A Marian Rosado y otras comentaristas que han sacado el tema de los medios de comunicación, les diría que tanto éstos, como los órganos jurisdiccionales realizan una función más que de poder, de contrapoder.De ahí su tensión. De hecho se controlan entre sí.
Se ha comentado como otro mal de la Justicia la falta de conocimiento de la misma (Sofía Domínguez Fernández). Es verdad. Pero nos encontramos en una sociedad que se rige por la división del trabajo, por eso debemos confiar en el abogado, el médico, el fontanero o el electricista para realizar tareas que nosotros no sabemos hacer.
Considero que para mejorar la justicia española no es únicamente necesario aumentar cuantitativamente los medios humanos y materiales, puesto que esto supondría, de antemano, un gasto muy elevado que en la situación económica actual no estaría bien visto por el grueso de la sociedad. Bajo mi punto de vista, potenciar las mejoras cualitativas debería ser también básico en nuestro sistema, por ejemplo, mejorando las instalaciones, motivando a los trabajadores, etc. En este sentido, recientemente ha ocurrido lo contrario, puesto que el Juzgado de lo Social Número 1 ha cambiado su ubicación y no precisamente para mejor.
Para mí, la relación de la sociedad con la justicia es un bucle: no funciona correctamente, se prefiere ‘ignorarla’ salvo que te toque de cerca, que es cuando ya movilizas a tu entorno para que actúe contigo (como sucedió con el padre de Mariluz) y todo esto provoca que no interese. Si se encaminara a lo que desea la sociedad estarían todos más satisfechos.
En referencia al punto 5 ‘La politización de la Justicia’ no hay ninguna duda de que los partidos utilizan la justicia como un método más para conseguir votos. Actualmente, el Partido Popular ha anunciado que si llegan a la Moncloa en el 2012 suprimirán la Ley de matrimonios gays y reformarán la actual Ley del Aborto.
Estoy en muchos casos de acuerdo con los comentarios de esta entrada, y es alarmante ver como preguntes donde preguntes, siempre se piensa lo mismo, y es que en España la justicia esta de capa caída.
Esta claro que la visión que se tiene de la justicia en España es bastante nefasta, casos tan distintos como el caso Gurtel o el caso Mariluz hacen que frases como las que usted ha mencionado sean escuchadas constantemente.
También hay que mencionar que los casos que salen a la luz y ponen a la justicia en evidencia sólo solo la “punta del iceberg”, y que detrás de estos, hay cientos de casos más donde la justicia es ineficaz.
Muchos casos se intentan exculpar y ya han salido cientos de veces las imágenes de los juzgados colapsados, y despachos inundados de papeles. Pero no se puede exculpar a la justicia, la lentitud judicial es un hecho al que no se le pone solución.
Pero, como pueden exculpar casos como ¿el constante goteo de etarras que salen a la calle? o ¿Bildu? que en estas pasadas elecciones ha conseguido ser la segunda fuerza más votada del País Vasco.
De los motivos expuestos, creo que el más destacable es el hecho de que la justicia es usada por los políticos según convenga, es una herramienta más para ellos, siempre la utilizan para descalificar al oponente, o con amenazas constantes de llevar leyes que a un grupo u otro no les gustan ante el Tribunal Constitucional.
Si tuviera que destacar los problemas más relevantes de los citados anteriormente, la politización y la lentitud serían los dos más graves. El sistema judicial debería dejar de alejarse tanto de la Constitución.
Estoy en muchos casos de acuerdo con los comentarios de esta entrada, y es alarmante ver como preguntes donde preguntes, siempre se piensa lo mismo, y es que en España la justicia esta de capa caída.
Esta claro que la visión que se tiene de la justicia en España es bastante nefasta, casos tan distintos como el caso Gurtel o el caso Mariluz hacen que frases como las que usted ha mencionado sean escuchadas constantemente.
También hay que mencionar que los casos que salen a la luz y ponen a la justicia en evidencia sólo solo la “punta del iceberg”, y que detrás de estos, hay cientos de casos más donde la justicia es ineficaz.
Muchos casos se intentan exculpar y ya han salido cientos de veces las imágenes de los juzgados colapsados, y despachos inundados de papeles. Pero no se puede exculpar a la justicia, la lentitud judicial es un hecho al que no se le pone solución.
Pero, como pueden exculpar casos como ¿el constante goteo de etarras que salen a la calle? o ¿Bildu? que en estas pasadas elecciones ha conseguido ser la segunda fuerza más votada del País Vasco.
De los motivos expuestos, creo que el más destacable es el hecho de que la justicia es usada por los políticos según convenga, es una herramienta más para ellos, siempre la utilizan para descalificar al oponente, o con amenazas constantes de llevar leyes que a un grupo u otro no les gustan ante el Tribunal Constitucional.
Si tuviera que destacar los problemas más relevantes de los citados anteriormente, la politización y la lentitud serían los dos más graves. El sistema judicial debería dejar de alejarse tanto de la Constitución
Marta Delgado Delgado 3ºD
Los 10 puntos que se mencionan son sin duda acertados. Al finalizar la lectura de esta entrada me preguntaba ¿quién es el responsable de que la Justicia española sea tan deficiente? Por una parte se menciona al poder ejecutivo pero también se menciona la falta de entusiasmo de los jueces, la lentitud con la que trabajan, etc. La solución viene de privar a los políticos a entrometerse en el poder judicial por ejemplo que el Presidente del Gobierno no tenga ese poder de designar al Presidente del Tribunal Supremo que al mismo tiempo es el del CGPJ, por el simple hecho de que no puede ser que la justicia en España cambie cada legislatura. Pero evidentemente ningún partido político propondrá eliminar esta autoridad porque a todos conviene. Por tanto, el punto 5 de politización de la Justicia es para mí el más escandaloso ya que va en contra de la Constitución Española.
En cuanto a la litigiosidad excesiva creo que la solución es simple, introducir más personal jurídico y sobre todo informatizar los asuntos. Este punto es importantísimo porque de este modo desde cualquier juzgado de España sea de la especialidad que sea se podrá ver el desarrollo de ese asunto. Así no existirán contradicciones o falta de conocimiento de cómo se está llevando el caso. Esta informatización influirá decididamente en el punto 8 la lentitud de la justicia ya que agilizaría los procesos y además se ahorraría mucho espacio, una de las quejas de algunos juzgados de España.
Me gustaría añadir otro gran problema que tiene que ver con el origen y consecuencia de estos 10 puntos: el gran desconocimiento que tiene la sociedad de la Justicia. Es por este desconocimiento la sensación que tiene la sociedad de que la Justicia "no va bien". Este desconocimiento es aprovechado por el poder ejecutivo y judicial. Una solución sería hacer más accesible la justicia a los ciudadanos utilizando un lenguaje más comprensible o incluso aclarando ciertos conceptos judiciales que se utilizan diariamente por los informativos de televisiones o radio.
Por tanto, los dos puntos que deberían mejorar del poder judicial son la litigiosidad excesiva y la politización de la justicia.
Hay un artículo que recomiendo que se lea: http://xn--antoniomuozmolina-nxb.es/2011/05/hora-de-despertar/
Lo cierto es que el Presidente del Gobierno no es quien debe designar al Presidente del Tribunal Supremo. Cuando ZP dijo quien iba a ser el Presidente del Tribunal Supremo descubrió los manejos que los políticos se traen. Seguramente también del Presidente del Tribunal Constitucional fue "indicado" desde el ámbito político.
Eso no debía ser así.
Acabo de leer esto: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/02/espana/1307005867.html
¿Podría ser una solución? ¿Daría independencia al TC?
En esta materia no hay inocentes: tanto PP (el Pacto de la Justicia de 2003 fue en realidad un Pacto para el Control de la Justicia: se introdujo un límite en el nombramiento de los Fiscales jefes, cinco años, y se mantuvo el sistema de designación política de los mismos con lo que al cabo de un tiempo el Gobierno tiene fiscales de su cuerda en los puestos claves; y para el Poder Judicial, al estilo Lampedusa, se hizo un cambio de designación para que no cambiase en realidad nada: los partidos políticos eligen a los vocales). Ese fue el Pacto de nuestros partidos mayoritarios, que se reparten el CGPJ, el TC y se turnan en la FGE. Recuerdo, por ejemplo, que el nombre del anterior presidente del CGPJ, el Sr. Hernando, con mayoría absoluta del PP, se conoció meses antes para presidir el órgano que los vocales que habían de elegirle, los cuales, por cierto, le eligieron más tarde por unanimidad.
Mientras tanto, hay en este momento, solo en la jurisdicción penal y según la Memoria del Tribunal Supremo del año 2010, ¡¡1.150.000 causas pendientes!! Mas de un millón de investigados, de víctimas, de testigos... pendientes de tramitacición. Apenas hay 2200 jueces penales y 1500 fiscales a pie de obra para sacar ese regalo. Y crece cada año. Todo esto es una verguenza.
Saludos
Hola, al final del Blog, preguntas que ideas puedes aportar para mejorar la Justicia. No olvidemos que en un proceso, intervienen varias partes y cada una de ellas con intereses contrarios, si al demandante le interesa una Justicia rápida, al demandado le puede interesar una Justicia lenta, si a esto unimos que tras la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional, que determinó que una cosa era la Administración de Justicia y otra era la administración de la administración de Justicia, que dio el pistoletazo para la transferencias de los medios personales, craso error, a las comunidades autónomas, el diluir responsabilidades es lo mejor que a los que les interesa la lentitud les llena de satisfacción.
Además de estar la justicia divida entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, para los medios personales para el Secretario tiene atribuida la competencia el Ministerio y los Jueces el Consejo, con todo esto es muy difícil que los problemas se solucionen, cada uno tira para su lado, cualquier persona con este organigrama es imposible que funcione.
Dada la separación de poderes que promulga el estado constitucional, propongo
1º desaparición del Ministerio de Justicia y todos los componentes de la oficina judicial, Juez, Secretario, Oficial (Gestor), Auxiliar (Tramitador) y Agente (Auxilio), estar adscritos al Consejo.
2º Simplificación de los procesos.
3º Mayores competencias a los funcionarios Gestores para que la tramitación pueda ser mas ágil y no sea soportada solo por el Juez y el Secretario, si en un Juzgado de Madrid, existen un Juez un Secretario y cuatro gestores, por una simple regla se determina que se tramitaran mas procesos, mas del doble.
4º Mejor formación de los funcionarios, y rebaja de los interinos
5º Una única aplicación informática para toda España, y un solo idioma, el retraso que la traducción de los procesos en otras lenguas, es caldo de cultivo para los que desean una justicia lenta.
A titulo personal, puedo decir que durante 20 años he estado trabajando en un Juzgado de Instrucción, y el retraso de los asuntos era mínimo, por no decir nulo, el motivo la implicación de los componente del Órgano Judicial, desde el Juez al Agente Judicial.
La tramitación de los procedimientos de diez años para acá, se ha hecho más engorrosa, con el objeto de no caer en la indefensión, todo los pasos legislativos han servido para enmarañar mucho más el procedimiento, con lo que los interesados en la lentitud se frotan las manos.
Quiero llamar la atención sobre el último comentario publicado el 6 de junio a las 19 horas.
En efecto, una de las propuestas más interesantes ha sido la eliminación del Ministerio de Justicia y que sus competencias sean asumidas por el Poder Judicial. Al menos, que quede reducido a un ministerio testimonial...
La coordinación exige que las normas sustantivas y de procedimiento se simplifiquen: menos normas más claras, mejor redactadas; menos procedimientos que sin que generen indefensión, permitan que los procedimientos finalicen cuando deben finalizar, no cuando una acción sistemáticamente dilatoria quiere que terminen.
En cuanto a la lengua: totalmente de acuerdo. Pero creo que debemos diferenciar dos cosas: la lengua de tramitación que debe ser el castellano y la lengua en la que pueden comparecer los interesados en cuyo caso hay que respetar su lengua materna. Aquí también deberiamos diferenciar la posición del individuo -como demandante, como acusado, como querellante...-, así como el tipo de lengua -no es lo mismo el francés que el gallego en Galicia...
Y, por último, algo clave: la formación y motivación del personal al servicio de la Justicia. Hace unos años diseñé un curso de especialista para formar y dar formación continua sobre este asunto. No se llegó a realizar por... digamos motivos políticos, no imputables ni al CGPJ, ni a los Magistrados y Secretarios Judiciales, ni a la Comunidad de Madrid... la culpa de mi querida UCM y de un Rector más político que gestor y académico.
A su disposición para lo que quiera.
La gente es bastante ignorante en todo lo referido a la Justicia (yo el primero de ellos). Se desconoce tanto su fomra de composoción como los mismo órganos que la componen. La gente normal basa su información y conocimiento en todo lo que sale en los medios de comunicación que lo único que hacen es crear en torno a este poder un espectáculo movido por motivos tanto políticos como comerciales que distorsionan totalemten la realidad de la misma.
Esta alteración llega directamente a la gente que la asume como tal, haciendo que la realidad de la misma acabe viéndose condicionada por esta imagen. Por decirlo de alguna manera, se acaba asuminedo a tal nivel la imagen que se percive de la misam que esta pierde su "identidad".
Otro factor determinante en el concepto de Justicia que se tiene hoy en día es que el mismo Poder participa en el espectáculo que se monta en torno a la misma, tanto a nivel político como mediático. Las decisiones de los órganos que las dictan se ven condicionadas por el mismo y carecen del grado de autonomía que se espera de la Justicia, ya que están prevenidas antes las reacciones que puedan levantar por la carga política que se le ha asignado a todo proceso judicial de mínimo interés público. Para recuperar su esencia la Justicia tiene que alejarse de todo lo anteriormente mencionado. Que se le deje desempeñar de forma autónome e independiente sin interferir en las decisiones y procesos que se lleven a cabo montando una historia, que funcionando como un culebrón, tiene en vilo a toda la audiencia en vilo a la espera de que se dé el desenlace esperado, y que si este no llega el sector indignado monte en cólera. Para el buen funcionamiento de la Justicia la gente debe asumir las decisiones que esta dicta pese a que no sean de su agrado.
Gonzalo Delgado Meana. 3ºC
Jamás había reparado en la posibilidad de suprimir el Ministerio de Justicia como se ha señalado en los últimos comentarios. Sin embargo, más que una supresión como tal de ese Ministerio, lo interesante sería hacer una reconfiguración interna en la que desapareciesen las decenas de puestos directivos y asesores que hay, no ya sólo en el de Justicia sino en todos los demás y en las Consejerías de las diferentes Comunidades Autónomas.
Ministerios y Consejerías sí, pero con una estructura más ligera, más ágil y, por tanto, menos burocratizada.
Más allá de ese pequeño apunte, quisiera centrarme en el cuarto punto de su esquema, ese que habla de la excesiva y mala legislación.
La buena o mala legislación es una cuestión más bien subjetiva en la que pueden entrar, además de factores jurídicos otros de corte ideológico que, inevitablemente, pueden contaminar el debate, o al menos hacerlo descender a la categoría de confrontación de opiniones y no de hechos medibles.
Pero la excesiva legislación, ya sea buena, mala, excelente o pésima, está ahí. Se puede comprobar. Y creo que el hecho de que en un Estado se intente legislar sobre todo y desde todos los ámbitos posibles (estatal, autonómico, europeo) no significa que en ese país se haya alcanzado un nivel democrático y jurídico superior a los demás. Más bien todo lo contrario, pues si hay algo evidente es que cuanto menor sea el número de leyes y mayor claridad tengan sus contenidos, más fácil será hacerlas cumplir, pues se evitarán en gran medida las contradicciones que surgen entre ellas cuando son excesivas.
-Borja González Andrés (3ºD)
Cristina Jiménez
Quería introducir en el foro la nueva noticia con la que nos desayunamos ayer, que no es otra que la crisis que se ha desatado en el TC tras la renuncia de tres magistrados que, finalmente, el presidente Pascual Sala no ha aceptado. En mi opinión no es más que otro botón de muestra más del estado en el que se encuentra este Tribunal, en los momentos actuales. De todo esto se deduce fácilmente que el sistema de la justicia, basada en nombramientos políticos, se ha desmoronado por completo y el espectáculo, al que estamos asistiendo, de enfrentamientos entre los dos partidos mayoritarios, con acusaciones mutuas, es realmente lamentable.
Ante este espectáculo lo mejor sería prescindir de este tribunal que, de hecho, no existe en otros países constitucionales y democráticos. Ha sido ya demasiado larga la lista de casos en los que sus sentencias no han convencido a unos o a otros, y que han interpretado de acuerdo a sus intereses.
Cristina Jiménez Gómez 3ºD
Son desgraciadamente ciertos todos los puntos y no entiendo por que no se arregla. Respecto al punto 8 "lentitud de la justicia" recientemente en un programa denunciaban la cantidad de archivos acumulados por falta de personal (llegando a utilizar el lavabo como almacén), no entiendo por que no se contrata más personal y más haciéndole falta a tanta gente el trabajo. Además esta lentitud lleva a que ocurran casos en los que les llega la condena cuando ya han rehecho su vida por lo que la cárcel les devuelve otra vez a la miseria (en lugar de reinsertar que se supone que es de lo que se trata).
También estoy totalmente de acuerdo con el punto 4 "se legisla mucho y mal" y tenemos muchos ejemplos de ello además actuales. La ley no se puede meter en todo, a veces considero que sería más eficaz educar que legislar y sancionar todo.
MIRIAM COLLADOS 3ªC
Bajo mi punto de vista los principales problemas son los que se exponen en este artículo, el problema de la lentitud creo que es el que más molesta a los ciudadanos. los ultimos acontecimientos entre el TS y el TC demuestras que la justicia no va bien que un cambio es necesario en muchos aspectos pero debido a esa politización de la justicia no se llegara de momento, ni a corto plazo a un acuerdo beneficioso para los ciudadanos.
Como bien
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Estoy totalmente de acuerdo con los 10 articulos citados, pero sobre todo con el articulo 9 " La lentitud de la Justicia".
Es cierto que los ciudadanos deben deberían de confiar en la justicia, ya que en un primer comento la justicia es segura confiable, es decir, justa. Pero en la práctica esto no es así.
Como bien dice mi compañera miriam collados, los ultimos acontecimientos entre el TC y el TS, demuestran que no se puede llegar a confiar en la justicia, ya que no va del todo bien. Se debería superar todas esas fronteras que no dejan que la justicia sea algo unificado.
Saludos
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Cristina Vega Garrandés, 3ºC
Considero que tiene toda la razón en los 10 puntos citados y que resumen muy bien los problemas que sufre la justicia en España, hoy en día.
Y todos ellos, algunos más que otros, favorecen la desconfianza que los ciudadanos sienten respecto de la justicia. Considerándola injusta y de mala calidad, a la vista de acontecimientos como el asesinato de la niña Mari Luz, el cual se podía haber evitado si el asesino de la niña hubiera estado en la cárcel, como le correspondía, debido a una sentencia previa por abuso a una menor. Este y otros casos vienen promovidos por algunos de estos 10 problemas, principalmente por la lentitud de la Justicia, la litigiosidad excesiva y los tres patrones para la Justicia.
Como idea, creo que se solucionarían varios de estos problemas si se facilitara la entrada de jueces y funcionarios, y si se mejorara su formación. Es un tema que tengo muy de cerca pues tengo un amigo recién licenciado, que quiere opositar para juez, pero esto conlleva un gasto económico importante, lo que le hace replanteárselo muy seriamente; como él hay muchos más, que optan por el ejercicio privado o la enseñanza, en detrimento del número de jueces, que va decayendo año a año. También se debería renovar su formación con cursos periódicos, de forma que recuperen ese entusiasmo con el que iniciaron su andadura en la carrera judicial.
Un saludo.
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Esmeralda Jiménez Serrano 3º D
Como bien se indica al principio de la entrada, la justicia cuenta con un alto grado de desconfianza por parte de la sociedad. Muchos motivos de ello pueden leerse en el texto, como especialmente la tardanza de las resoluciones y los conflictos que está causando últimamente la politización de la justicia. Pero además de esto, se suma el eco del que se hacen los medios de comunicación de resoluciones contradictorias, injustas o casos mediáticos con penas que creen insatisfactorias y ridículas. Sintiéndose así parte de la sociedad desamparada e insegura.
Los diez puntos comentados que provocan el mal funcionamiento de nuestra justicia no están aislados, todos se relacionan, creando un “barullo” en el que nadie sabe cómo poner orden. Prueba de ello es la sugerencia de suprimir el Ministerio de Justicia que se comenta en algunos comentarios anteriores. Otra opción sería la elección del presidente y vocales del Consejo General del poder Judicial por votación de los propios profesionales, que para eso es “su gobierno”, no el del partido de turno que esté en el Ejecutivo.
A la distribución de competencias traspasables se suman las contradicciones entre el TS y el TC. La sobrecarga de los juzgados se une a la falta de medios y tecnología, solucionable por un lado con el aumento de personal, que los gobiernos prometen y nunca cumplen. Si al problema de las competencias sumamos la variedad de legislación y de distintos fallos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegamos a un caos in crescendo.
Por ello, creo que el Gobierno debería comenzar solucionando los problemas de “arriba”: la politización clara del CGPJ y del TC, que lo único que provocan es una separación (más aún) en este partido a dos bandas que es España. Si bien es cierto que la ideología es algo intrínseco a la persona, los jueces y magistrados, como bien indica uno de sus principios, deben estar sometidos únicamente a la ley y a la Constitución Española, neutralizándose contra los demás poderes.
Partiendo de aquí, lo demás es solucionable con una buena política económica y definición clara de competencias intransferibles.
Rocío Iglesias Tejedor, 3ºD
Los diez puntos destacados me parecen muy pertinentes pero me gustaria recalcar que el problema de la lentitud de la justicia no es sólo el más grave, si no que de él emanan muchos otros.
Se trata de una incógnita de díficil solución, es una "negación de la justicia" ya que no se cumplen los plazos de las leyes a la hora de resolver conflictos, con lo cual el derecho falla: o os plazos dictados por las leyes no están bien previstos, o se legisla demasiado o la lentitud de los juzgados es aterradora. No es normal que la gente tenga que esperar dos o tres años en resolver un problema que necesita una solución ahora. La desilusión de muchos profesionales desemboca de esta pérdida de tiempo y de este tremendo "sosiego" judicial.
Por otra parte entre los encargados de hacer justicia se encuentra mucha decepción: los abogados están hartos de los jueces, no están lo suficientemente preparados, entre bambalinas todo el mundo... Se trata de un desencanto de la profesión y los juristas reconocen que no es una falta de implicación, si no de medios.
Jesús Coloma Caballero, 3ºC
Obviamente estamos ante un conflicto no sólo de intereses entre gobierno-justicia sino de poderes en sí mismo, que como independientes que son buscan su beneficio, en cierto modo y con ello pueden olvidarse de nosotros, de los ciudadanos.
Yo me he fijado en el punto 1, la falta de implicación, de entusiasmo, puede parecer que no, pero si una actividad de tal calibre como la de impartir justicia no se hace con vocación y entusiasmo se puede convertir en una arma muy peligrosa, cayendo en la abulia.A partir de aquí pueden deducirse muchos (no todos) de los problemas del sistema jurídico actual como la lentitud, la inseguridad que provocan en la gente o las tensiones entre administraciones.
Como soluciones es difícil aportar una respuesta que no sea cuanto menos utópica a tales problemas. Si pretendemos reformar dicho sistema, debería ser una reformar ¨desde arriba¨ con ello quiero decir desde la administración más importante, el gobierno. Una reorganización coherente de la finalidad, obejtivos y medios que tiene el sistema judicial sin incurrir tanto en la burocratización excesiva a la que asistimos hoy; sin olvidar en último caso un ápice de humanidad y empatía con los ciudadanos, los cuales son y serán su razón de ser.
Alberto Barranco Ruiz (3ºC).
Elaboraré mi comentario en relación con el punto 5 de su artículo, el que versa sobre la politización de la justicia.
A menudo me pregunto si la independencia absoluta del Poder Judicial no debería ser uno de los pilares de un Estado Constitucional como es España. Resulta evidente que el Gobierno, en aras de un mayor control sobre el ámbito judicial, trate de incorporar reformas y medidas que le permitan más amplitud de poder. ¿Debería permitirlo el Tribunal Constitucional? El hecho de que sea el jefe del Ejecutivo el que elija al presidente de un órgano como el Tribunal Supremo, o que que el Tribunal Constitucional sea mediáticamente tratado como un Tribunal dividido en "conservadores y progresistas" son ejemplos de que esa politización no se intenta ni disimular por parte de las instituciones.
Nadando en un mar de contradicciones, me pregunto si realmente puede ser factible una justicia completamente centrada e independiente. Más allá, me pregunto si un sujeto, al margen de su oficio, puede obviar las ideologías para posicionarse en según qué situaciones. Nos olvidamos que a menudo gran parte de las resoluciones que tienen que llevar a cabo los jueces son conflictos políticos, y decidan lo que decidan, muchos simpatizantes de la parte afectada van a acusar de imparcialidad al juez.
Lo que intento transmitir es que me posiciono a favor, como es lógico, de toda medida que defienda la separación real de los tres poderes, pero siendo consciente que para un juez, supone un esfuerzo no dejarse llevar por su ideología a la hora de dictar sentencias. Por más que se incluyan elementos de control a los jueces y magistrados para evitar la politización, siempre habrá un órgano superior, el que ejerza esa control, al que se le pueda acusar de estar posicionado ideológicamente, como a menudo se dice del Supremo o el Constitucional.
Un problema que, en mi opinión, es de una complejidad tal y conlleva tantos matices, que su resolución resultará harto complicada.
Punto por punto se deja claro que la justicia se encuentra en un momento tan intrincado como delicado.
Seguramente, todas las argumentaciones que se exponen tiene un claro fondo verídico. Lo que no se ha realizado es una jerarquización de los problemas. En mi opinión unos influyen más que otros en el terreno jurídico y en su estado.
Considero clave que el ámbito de justicia esté plénamente informatizado. Para ello, se tiene que dedicar, entre otras cosas, atención desde la esfera del poder. No abandonar un sector pilar en la democracia y elevar la dosis económica que recibe. Si echamos la vista atras hacia la última gran manifestación de funcionarios, vemos imágenes como los montones de papeles y sumarios apilados en los juzgados, incluyendo las zonas de baños y pasillos.
Otro problema, es que la falta de promoción y reconocimiento a los trabajadores hacen que disminuyan sus motivaciones y disminuya su productividad. Asimismo, otros trabajadores se pueden aprovechar de esta situación, al no recibir penalización ninguna si realizan su trabajo con menor atención, énfasis y profesionalidad.
Si el poder se aprovecha de la falta de calidad del sector judicial, es entre otras cosas, porque tanto la sociedad como el mundo periodístico se lo permite. Informar y actuar deben ser las bases de una democracia que tiene que estar moldeada por todos sus ciudadanos.
Javier Calero 3ºC
Según la opinión de un estudiante novato en estas lides sus puntos enunciados, en general, constituyen los mayores déficits del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Sobre este "decálogo" se debería actuar para limpiar la imagen del sistema.
Se halla en el pueblo una tremenda desconfianza en la validez de las instituciones por su degeneración progresiva. Se encuentran influenciadas en demasía por la casta política. Los vicios del hombre, la borrachera de poder, hacen acto presencia cada día en cualquier organismo que se precie, sin embargo, donde tendría que haber un páramo libre de alienaciones, existe una disputa por ver quien coloca más o menos representantes afines. Estoy hablando del Tribunal Constitucional.
Se debería atacar de raíz esta malformación del TC si se quiere erradicar progresivamente la desconfianza del pueblo. No es posible que los representantes del órgano preponderante en este país sean partícipes del tradicional "dedazo". Resulta hiriente que dos de los tres magistrados que presentaron su dimisión aleguen que hacen esto por que se sienten maniatados. Decisión loable que sin embargo coincide justo cuando las elecciones generales se encuentran a la vuelta de la esquina. Eugene Gay y Elisa Pérez Vera, del sector progresista del Tribunal y dos de los 6 que apoyaron la inclusión de Bildu en las instituciones, han llevado a cabo dicha decisión cuando ven que el PP será, seguramente, el ganador y que situará a un mayor número de magistrados afines a su política.
Sin embargo, algo más ofensivo que la postura de los magistrados es que ninguno de los partidos mayoritarios esté dispuesto a cambiar el tan cacareado sistema corrupto. No les interesa. Prefieren el juego de esperar a que les llegue su turno para gozar durante 4 años en el mejor de los casos.
Sinceramente, para como funciona el Tribunal Constitucional no entiendo que continúe haciendo y deshaciendo sin oposición. Debería seguir unas directrices y un planteamiento semejantes a los del Tribunal Supremo.
Hay muchos casos en los que todo se arregla con dinero y éste es uno de ellos. Uno de los puntos que más me ha interesado ha sido “El PSOE prometió dedicar el 2% del PIB… nunca ha llegado al 1%”, es decir, que se dedique solo un 1% del PIB me parece increíble, no me lo esperaba en absoluto. Por lo tanto, creo que es necesario dedicarle a la justicia una mayor inversión por parte del Estado, no tanto para subir sueldos si no para la inversión en infraestructuras judiciales y en la preparación de los funcionarios de la Oficina Judicial.
Con respecto a la politización de la justicia, lo considero una característica inevitable en ella, aunque sí se debería siempre tener la despolitización o la máxima objetividad política como fin último, siempre en su búsqueda por parte de toda la sociedad y de los que hacen justicia.
Además de la falta de recursos, otro de los problemas de la justicia es la falta de formación continua o de desconocimiento de las nuevas leyes, de los problemas sociales que se pueden dar en cada momento, o incluso de la actualidad misma. Como solución, propondría que se impartiera cursos, charlas o conferencias obligatorias para los trabajadores de la Justicia.
Quisiera retomar el tema de la lentitud que tiene la Justicia hoy en día. A razón de este problema quiero tratar el proyecto de Ley de Agilización Procesal publicado el 18 de marzo en el BOE.
A consecuencia de esta preocupación sobre la lentitud se trata de reducir los tiempos restringiendo los recursos de los que disponía el litigante. La forma de hacerlo es impidiendo los recursos ante la Audiencia Provincial a sentencias que no superen los 6 000 euros, mientras que en el caso del Tribunal Supremo la cuantía exigida para la revisión es de 800 000 euros, frente a los 150 000 que se exigían anteriormente.
Con estos proyectos de ley, no es de estrañar que surjan críticas acusando a la Justicia de ser justa sólo para los ricos, quedando muchos ciudadanos privados del amparo de sus derechos y garantías, en cuestiones tan simples como el querer recurrir una pequeña multa de tráfico que no supere la cuantía. Se está buscando la rapidez en la Justicia a costa de impedir la presentación de recursos, en lugar de recurrir a otras salidas como la inversión en medios personales o en tecnología. O, incluso olvidando las inversiones, quizá se puedan encontrar formas de agilizar la Justicia sin tener que destinarle un importante ingreso económico, pese a la imposibilidad que le creemos destinada.
En el caso de obviar estas críticas y admitir cierta validez de la medida, la verdad es que tomar medidas coyunturales es insuficiente, si no se refuerzan con una reforma estructural del sistema judicial.
Sin embargo, hay que decir que la constitucionalidad de la medida no es tan cuestionable como la justicia de la misma, ya que el derecho a recurso no forma parte de la tutela judicial efectiva (salvo en casos penales).
Se espera que el 30 de junio la reforma sea tramitada por el Senado.
Noelia Suárez Rincón, 3º C.
María de las Mercedes Muriel Sáiz (Periodismo 3ºC)
Leyendo el post publicado sobre la situación de la justicia española a día de hoy, creo que todos tienen su parte de razón, pero sobre todo los puntos 5 (La politización de la Justicia) y 8 (La lentitud de la Justicia).
Creo que el punto 5, es realmente importante que sea tratado, en el sistema democrático que tenemos hoy en día, que muchos estamos cuestionando en nuestras calles desde hace más de un mes, el poder que han tomado la personas que viven en torno a la política es altísimo, llegando incluso a que su palabra determine un tema tan cuidadoso como es la Justicia. Creo que es un error tremendo que la justicia y la política vayan de la mano, pueden y deben escucharse, aconsejarse cuando así se considere, pero no entiendo la razón por la que los magistrados y jueces son designados por la Cámara Baja y Cámara Alta. Creo que cada cosa tiene su lugar y sus personas dedicadas a ellos, y no es justo (según mi visión de justicia evidentemente) que por tener una ideología u otra vayas a tener más papeletas para ascender en tu carrera profesional. Por tanto habría que frenar la politización de la justicia, de la cual tanto se está hablando estos días por ser uno de los mínimos que pide el 15M, y empezar a entender que cada profesional tiene su campo, que hay que diversificación de especialidades profesionales, y que igual que es los políticos, no eligen quién será el jefe de urgencias de un hospital, tampoco tendría que ser el encargado de seleccionar a las personas encargadas de velar por uan correcta aplicación de la justicia.
En cuanto al tema de la lentitud de la justicia, creo que es sobre todo porque se trata de un sistema obsoleto, en el cual no se ha llegado a informatizar las cosas a día de hoy, hay pilas y pilas de papeles, con pocas personas para atender todas las dimensiones de casos, o por lo menos no las suficientes y cada vez menos personas debidos a los recortes. No creo que sea por un mal hacer de los trabajadores, como sí creo que no hay tiempo material con tan pocas personas para resolver toda la cantidad de casos.
Para terminar aclarar que está bien que opinemos, porque la libertad de expresión es un derecho y no un privilegio, pero tenemos que tener especial cuidado con nuestras opiniones, las que son especialmente rectas ya que muchos de nosotros, donde me incluyo, tenemos nociones muy básicas sobre la Justicia española, y no somos expertos en la materia para poder hacer críticas constructivas realmente buenas, y aunque me alegra ver que cada vez en la sociedad tomamos más conciencia de la realidad que nos rodea y se plantean temas hasta entonces ignorados, como el tema de la politización de la justicia por ejemplo, debemos prestar atención a las palabras que usamos para referirnos a una tema del que solo somos muchos de nosotros, ligeros entendidos.
Estoy acuerdo con los diez puntos mencionados en el blog, con mi propia experiencia a mí me gustaría destacar la lentitud de la Justicia (he estado una vez como acusador, pero me apuntaron mal mi móvil, faltó un número, y no se daban cuenta, me llamaron un año después). Por un lado está la falta de recursos y personas profesionales por otro lado un montón de estudiantes de derecho tienen que buscar su futuro en otros mercados. Es decir, no es por lo que la gente, sobretodo los jóvenes no están interesados, es por la escasez de plazas, la falta de recursos financieros, el porcentaje de PIB para invertir en sectores públicos españoles está a la cola de muchos países de la UE tanto por las consecuencias históricas como por las medidas tomadas de los gobiernos anteriores para poder entrar en la UE, el gobierno debería invertir más mientras el control de presupuesto debería ser más independiente. Así también ayudaría a suavizar la desigualad de la población.
Luego me extraña la ausencia de asignaturas relacionadas con derecho en ESO y del bachillerato(hay de economía, pero no de derecho) a cambio en otros países sí que hay (por ejemplo en China, una asignatura anual sobre derecho), la gente sabe poco sobre el sistema y el procedimiento, aun son complejos, pero creo que es necesario, con más conocimiento la gente estaría más independiente ante la influencia mediática por ejemplo.
Mª Ángeles Aguilar Lucendo 3ºC
Me gustaría dar una visión general del tema. Es cierto que aquellos que trabajan relacionandose día a día con la justicia están desilusionados. Pero, ¿Quién no lo está en estos tiempos que corren? justicia, sanidad... Son muchos los campos que sufren recortes y ven con horror como se les amontona el trabajo en las mesas. En mi opinión la justicia es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y tanto unos, los juristas; deben ser conscientes de todo lo que representan; como otros, el Estado; debería replantearse los recortes en ciertas áreas. Ambos PP, PSOE y compañia, harían lo mismo. Mismo perro con distinto collar. Se que pareceré populista, pero la sensación que hay en la calle es que la justicia es un status muyyyy superior que no llega a los problemas de los ciudadanos, a lo que, por desgracia, está sucediendo cada vez más en nuestro país. Casos de corrupción, y por tocar la vena sensible, la dichosa ley del menor que tanto espacio ha ocupado en los medios y que tanto sueño ha quitado a tantas personas. Lo que no se tolera es que haya 3 niñatos sevillanos toreando al Estado de Derecho como si fueran los mismísimos califas o que de alguna manera no se puedan parar las listas en las que haya imputados por corrupción. La justicia debe acercarse a la gente, está para servir a los ciudadanos.Pero, bajo mi humilde opinión, no interesa. Eso sí cuando algún organismo debe valerse de la justicia contra algún ciudadano ¡¡la justicia es divina!!. ¿No resulta un poco triste que una persona de tan corta edad muestre tanto desencanto en unas pocas líneas?. Un saludo ;)
He de decir que estoy de acuerdo en todos los puntos. Pero en mi opinión hay 2 puntos que tienen mucho más peso y por ende afectan más al buen desarrollo de la justicia. El primero de ellos es: - El peso de la política en el mundo judicial. Cada vez la separación de los tres poderes tal como los ideó Montesquieu está más difuminado. Ya no hablo de la influencia que puedan tener los políticos sobre los jueces y las administraciones de un modo secreto o bajo cuerda, que no nos engañemos lo ha habido siempre. Hablo de que por ejemplo en el tribunal constitucional se muere un miembro (García Calvo) y pasan los años y no se es capaz de nombrar a un sustituto. O que se quiera retrasar el nombramiento de los miembros que tienen que ser renovados por el congreso para que tenga más fuerza tal o cual partido. Me parece absolutamente bochornoso porque como he dicho antes esas influencias sabemos que existe pero aunque sea un actitud un poco hipócrita el aceptarlo, es evidente que esas influencias son díficiles de demostrar. Pero lo otro lo esta viendo todo el mundo. Y los políticos no ejercen sus obligaciones porque piensan más en tener cargos en la justicia afines a sus intereses que en impartir la propia justicia. Este es solo un ejemplo más.
-Otro punto clave me parece el de la financiación, es evidente que otros puntos derivan de este (como por ejemplo el de los retrasos o el de la falta de implicación de los operadores juridicos).
En cuanto a si hay otro problemas más en la justicia me gustaría añadir uno: Y es la gran cantidad de organos jurisdiccionales distintos. Por ejemplo hay (si con funciones muy separadas en algunos casos) 11 organos distintos en la jurisdicción civil, desde luego demasiados.
Y mi única idea esta relacionado con el problema que he añadido y sería simplicar las compentencias (que el gobierno no luchase con las comunidades autónomas por ejemplo) y el otro reducir el número de organos jurisdiccionales para simplificar el sistema.
Jose Antonio Díaz Maroto 3ºC
Profesor, ¿una opinión sobre la sentencia a Garzón?
En breve publicaremos una opinión sobre la sentencia por la que se ha condenado a Baltasar Garzón por prevaricación al haber ordenado la grabación de las conversaciones entre detenidos -por un asunto de corrupción, no de terrorismo- y abogados.
El planteamiento del texto no es sencillo, por la enorme diversidad de variables que deberían jugar en el análisis de la justicia española como tal. En todo caso, estoy de acuerdo en que puestos a ello, por algún punto hay que comenzar. Algunos de los problemas que aquí se reflejan, sorprenden por su eco social, tal es la falta de implicación de los operadores jurídicos, falta de voluntad política, la politización de la Justicia, la lentitud de la misma, etc. De hecho, no hay quien no escuche alguno de estos problemas cuando la conversación deriva hacia el tema justicia, máxime si alguien lo ha vivido en sus "propias carnes". Entonces, ¿por qué no se hace algo para cambiarlo? ¿qué mecanismos podrían encauzar dichos problemas y hacer de la justicia una dimensión socio-política valorada? La respuesta no es simple, pero la sola idea de que no se puede hacer nada, debe ser rechazada frontalmente. No sólo porque ello alimenta la pasividad ciudadana, sino algo peor, porque la justicia bien pudiera seguir siendo la misma y quedarse estancada, o bien irse por derroteros menos deseables. De forma un poco general, una de las cosas que se podrían hacer, y que sale reflejada en el texto, sería la simplificación de la esfera judicial, no sólo a nivel de la lengua, sino también en los procesos llevados a cabo; hecho que sin duda aligeraría la actividad de los implicados. También deberían crearse mecanismos que actuaran de "cortafuegos" frente a posibles injerencias de otros poderes como el político. Tampoco parece muy normal que los profesionales de la justicia pasen la mayoría de sus años jóvenes estudiando un sistema que evoluciona a pesar de todo con las nuevas demandas sociales. Para cuando terminan, lo más lógico es que no tengan ningún tipo de experiencia, estén un poco desmotivados y hayan perdido ese cierto idealismo que la juventud aporta y la experiencia te va arrebatando poco a poco. Y por supuesto, uno de los grandes problemas, la falta de unificación del ordenamiento jurídico, es harto deseable que se lleve a cabo. No sólo porque así se estarían eliminando multitud de ineficaces mecanismos de actuación, duplicación de competencias, excesiva información... sino, lo más importante, desigualdad a la hora de aplicar la ley. Algo que es inadmisible en una sociedad donde el derecho a la igualdad se exige como algo necesario. En fin, la verdadera clave es no someternos a la pasividad que puedan aportar opiniones del tipo <>, y someter constantemente, en este caso a la esfera jurídica, en tema de debate y crítica constructiva, algo sano y muy provechoso.
Santiago Carrasco García, Estructura Constitucional del Estado Español (2ºC Grado en Periodismo)
Tras leer este artículo estoy de acuerdo con lo propuesto y me gustaría comentar varios aspectos sobre lo expresado:
En primer lugar respecto al apartado 8 de la justicia, estoy totalmente de acuerdo. No se puede permitir, ni consentir, que cuando se necesita que se imparta justicia se demoren los tiempos como se hacen; ya que esto genera que la gente que acude a ella, "tire la toalla" y desconfíe de ella. Por ello considero que se deberían de reducir los tiempos necesarios para impartir justicia, quizás si se consiguiera esto habría gente que confiaría más en ella y la vería como algo positivo, en lugar de como algo que beneficia a unos pocos y perjudica a otros.
En segundo lugar, respecto al apartado 1 considero que los jueces, magistrados, fiscales y demás personas encargadas de impartir justicia debían de amar su profesión como hace un médico, un dentista o cualquier otro trabajador que hace lo que le gusta, porque eso haría que estuviera comprometido día a día con su profesión Lo que no pueden hacer es dedicarse a un mundo tan importante como la justicia por seguir la tradición familiar.
Tras leer este artículo me surge la pregunta ¿por qué no se intentan solucionar los problemas que existen en la justicia?, se me ocurren dos hipótesis: quizás porque ellos( los encargados de impartirla) piensan que la justicia funciona perfectamente o porque no quieren involucrarse en un proceso de cambio, el cual sería muy costoso,
Para finalizar considero que la justicia tiene aspectos negativos como los mencionados y alguno más como la falta de una regulación apropiada en determinados casos. Acabar con todos los problemas que tiene en estos momentos la justicia, es prácticamente imposible, por lo que se debería ir solucionando poco a poco los problemas que se encuentre y así se conseguiría llegar a una modelo de justicia en el que toda la población creyera.
Tras leer este artículo estoy de acuerdo con lo propuesto y me gustaría comentar varios aspectos sobre lo expresado:
En primer lugar respecto al apartado 8 de la justicia, estoy totalmente de acuerdo. No se puede permitir, ni consentir, que cuando se necesita que se imparta justicia se demoren los tiempos como se hacen; ya que esto genera que la gente que acude a ella, "tire la toalla" y desconfíe de ella. Por ello considero que se deberían de reducir los tiempos necesarios para impartir justicia, quizás si se consiguiera esto habría gente que confiaría más en ella y la vería como algo positivo, en lugar de como algo que beneficia a unos pocos y perjudica a otros.
En segundo lugar, respecto al apartado 1 considero que los jueces, magistrados, fiscales y demás personas encargadas de impartir justicia debían de amar su profesión como hace un médico, un dentista o cualquier otro trabajador que hace lo que le gusta, porque eso haría que estuviera comprometido día a día con su profesión Lo que no pueden hacer es dedicarse a un mundo tan importante como la justicia por seguir la tradición familiar.
Tras leer este artículo me surge la pregunta ¿por qué no se intentan solucionar los problemas que existen en la justicia?, se me ocurren dos hipótesis: quizás porque ellos( los encargados de impartirla) piensan que la justicia funciona perfectamente o porque no quieren involucrarse en un proceso de cambio, el cual sería muy costoso,
Para finalizar considero que la justicia tiene aspectos negativos como los mencionados y alguno más como la falta de una regulación apropiada en determinados casos. Acabar con todos los problemas que tiene en estos momentos la justicia, es prácticamente imposible, por lo que se debería ir solucionando poco a poco los problemas que se encuentre y así se conseguiría llegar a una modelo de justicia en el que toda la población creyera.
Rocío Gallo Jiménez (3ºD periodismo)
Tras la lectura de su exposición, he realizado mi propio análisis y estoy de acuerdo en gran parte de sus comentarios.
En primer lugar es de sobra conocido el problema que hay en torno al excesivo trabajo que tienen los jueces y magistrados, provocado en parte por la falta de medios, lo que genera un total colapso en la justicia.
No parece razonable que se tarden meses o años en acabar un proceso y unido esto con el punto 7 (La litigiosidad excesiva), esta demora a la hora de resolver el juicio es provocada en gran medida por las propias partes del proceso como bien ha dicho usted con poner todas las trabas para que el proceso se eternice. Pero no son las partes las únicas culpables, sino que puede considerarse que hay un colapso generalizado en la justicia. Por ejemplo, el TC lleva años para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP sobre el matrimonio homosexual.
Si en tiempos anteriores no se llevó a cabo una reforma para dotar de los medios suficientes a la justicia española, me temo que ahora, tampoco tendrá lugar una reforma a corto plazo y la situación no mejorará.
En cuanto a la legislación actual, es cierto que se legisla mal y demasiado, y sobretodo se legisla en materias populares. Hay numerosas materias que están mal reguladas y que por tanto necesitan de una solución inmediata, pero sin embargo se opta siempre por regular primero aquellas materias cercanas a la opinión pública.
Junto con los efectos negativos de la politización de la justicia creo que habría que añadir las consecuencias negativas que a veces generan los medios de comunicación.
En muchos casos se pone de entredicho la justicia española, desde un tribunal del jurado hasta los máximos órganos judiciales como el TS o el TC. Casos como el de Garzón, Marta del Castillo, o el Caso Gürtel han provocado el rechazo de esas sentencias en numerosos medios de comunicación. Desde mi punto de vista eso no hace ningún bien a la justicia, y en vez de discutir sobre la sentencia de los tribunales, quizás sería más conveniente plantearse la situación actual de la justicia española y la legislación actual, en lugar de cuestionar continuamente la tarea de los jueces y magistrados.
En cuanto al punto 6, parece evidente que se ha generado una cierta tensión entre el TS y el TC apreciable en casos como el de BILDU, en el que cada tribunal valoró posturas opuestas.
Respecto al último punto, el acceso a la jurisprudencia por parte de los ciudadanos es muy complicada. Son pocas las páginas web públicas que ofrecen un servicio eficaz para consultar bases de datos de jurisprudencias (por ejemplo, CENDOJ), y el acceso a portales como Westlaw, son prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población. Además, es cierto que las sentencias son redactadas con un lenguaje difícil y muchos tecnicismos, sin embargo, esto no se aleja de la redacción de las leyes, las cuales suelen ser difíciles de entender en muchos casos. Por ello opino, que esta redacción de las leyes y sentencias no facilita la comprensión a los ciudadanos, los cuales se ven obligados a acudir a profesionales para interpretarlas.
Para concluir, creo que una forma de mejorar la justicia sería dotar de más medios a los tribunales y llevar a cabo proyectos como La Ciudad de la Justicia de Madrid para concentrar la justicia, así como la informatización de todos los procesos judiciales y hacer desaparecer las gigantescas pilas de papel en los juzgados. Son muchas las reformas que deben hacerse, por lo que sería conveniente que los partidos políticos tomarán cartas en el asunto.
Ana María Clemente Puigserver 3ºD
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