España carece de una ley de acceso a la información pública que reconozca el derecho fundamental a saber. Somos el único país grande (de más de 1 millón de habitantes) de la Unión Europea que no tiene este tipo de Ley; los otros son Chipre y Luxemburgo (¿por razones bancarias?)
El derecho puede llamarse de diferentes formas: derecho a saber, derecho a la transparencia, derecho de acceso a la información pública... lo importante es su concepto: se trata de un derecho fundamental derivado del derecho a la información. No es sólo la transparencia de las Administraciones Públicas. La transparencia viene motivada en algunos casos para lograr un administración más eficiente. Pero no se trata de ese enfoque: nos dan información porque la Administración es transparente, es buena. En realidad el paradigma se puede enunciar como: recibimos información porque es nuestro derecho fundamental.
Se trata de un derecho fundamental del nuevo siglo; sin él, de nada sirven la votaciones, no se logra la eficaz participación de los ciudadanos... y se genera un divorcio entre dirigentes políticos y funcionarios por un lado y, ciudadanos por otro.
Los Poderes Públicos, las Administraciones Públicas, los organismos del Estado, de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, además de los entes con financiación pública (sindicatos, partidos políticos, fundaciones...) deben de ser transparentes ante sus auténticos propietarios: las personas.
Son titulares de este derecho todas las personas, ciudadanos o no, las personas con independencia de su credo, orientación política, nacionalidad, sexo...
Si se aprobase una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública se generaría una transformación radical de las Administraciones Públicas, con el cambio de paradigma de lo secreto por lo público y, por tanto, con mayor dificultad para el desarrollo de la corrupción. Además, del ahorro generado por la transparencia, del control que supone sobre lo público; la información en manos de los poderes públicos, puesta a disposición del público actuaría como agente dinamizador de la economía.
Por eso demandamos, exigimos, que los políticos, los funcionarios y, en general, quienes trabajan en los servicios públicos se pongan a disposición del público, no al revés. Necesitamos servidores públicos, no quienes se sirven del público.
En este vídeo del 15 M se puede comprender el porqué de esta importante demanda.
(http://vimeo.com/25811353)
Una reflexión sobre porque ahora es necesario aprobar una ley de acceso a la información público la encontramos en "Que lo urgente no nos haga olvidar lo importante" http://www.derecom.com/numeros/articulo0506.html
Y un enlace a la Coalición ProAcceso que viene trabajando porque se desarrolle este derecho.
El Partido Popular presentó en la pasada legislatura una Proposición de Ley sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno mejor valorada que el borrador de Anteproyecto del Gobierno. Faltan algunas cosas -la naturaleza jurídica del derecho de acceso como derecho fundamental o un órgano de control que sea capaz de imponer mediante sanciones el desarrollo de éste derecho-, pero en general está lo más importante. Desconozco si este texto hay que atribuirlo a la sensibilidad frente a las demandas del 15M, a alguien que en el PP tiene una sensibilidad extraordinaria, a que el PP está despertando y empezando a hacer POLÍTICA con mayúsculas, o a no se qué... pero desde luego vaya mi aplauso por delante. El PP ha movido ficha, falta por ver que hacen el Gobierno y los demás partidos políticos.
Este es un tema importante que debería estar apoyado por todos los partidos políticos, quienes no lo hagan deberían justificar muey d
5 comentarios:
CRISTINA JIMÉNEZ GÓMEZ (3º D)
He leído su artículo con atención y estoy de acuerdo con las razones que esgrime para solicitar que se desarrolle una ley orgánica que regule, de forma eficaz, un derecho tan fundamental como éste. Sin embargo, son varios los motivos que me hacen pensar que la ley puede tener grandes dificultades en los momentos actuales. El primero de ellos es la interinidad del gobierno actual, que tiene un presidente que no será candidato para las próximas elecciones, por lo que las iniciativas que pueda tener en este sentido serán muy limitadas, por no decir inexistentes. Otro argumento en contra es la incertidumbre respecto a la próxima convocatoria electoral sobre la que no deja de especularse, que mantiene a nuestros políticos, como sucede a menudo, más preocupados por los asuntos internos de sus partidos que por los intereses generales de España.
Por otra parte, la cercanía de las elecciones también puede jugar a favor. En los últimos días estamos asistiendo a la implantación de algunas medidas que se pueden considerar como populares, como la nueva limitación de la velocidad en autopistas y autovías a 120 kilómetros por hora, y se están adelantando otras impopulares, como la subida de las tarifas eléctricas o del gas, con el más que posible objetivo de no tenerlo que hacer en otoño. Además, como hemos podido constatar en el vídeo, la necesidad de una mayor transparencia por parte de la Administración, es un objetivo fundamental de los convocados por el movimiento del 15M, al que nuestros políticos no dejan de hacerle guiños últimamente. Algo que ha quedado claramente de manifiesto en el último debate sobre el estado de la Nación. ZP se refirió a este movimiento de forma explícita y Rajoy, aunque de forma más soslayada, también lo hizo.
De todas maneras creo que desarrollar el derecho de acceso a la información pública es algo que debe ser irrenunciable como una medida más a tomar, si no por el actual gobierno, por las circunstancias que hemos señalado con antelación, sí por el que surja de las próximas elecciones. En los momentos actuales tenemos la sensación de estar mal administrados, los esfuerzos que, como consecuencia de la actual crisis económica, se les están exigiendo a los ciudadanos, en mi opinión, deben estar acompañados de una ley que garantice la plena transparencia de la Administración, y que permita explicar a los administrados cómo se utilizan unos recursos que son de todos los españoles.
Cristina Jiménez Gómez 3ºD
Cristina:
Estoy de acuerdo. Es necesario iniciar este proceso de transparencia.
Soy consciente que seguramente se exigirá no sólo una adecuación de nuestros registros para proporcionar de forma rápdia la información que se pida.
Pienso que además necesitaremos seguramente una generación para que este derecho fundamental cale en los funcionarios, en los políticos... y en las personas que puedan realizar solicitudes.
YA veremos que puede pasar.
Ha pasado tiempo y esta Ley se habrá quedado en el cajón. El peligro es que el 15-M ha perdido mucho fuelle y se ha confundido con otros movimientos e ideas. Por lo tanto ya no representan una manifestación de malestar tan fuerte como ocurría al principio del Verano.
Debemos tener en cuenta que para la clase política, es muy cómoda la situación actual. Además más o menos todos sabíamos a esas alturas que el calendario electoral iba a adelantarse, por lo que las fechas juegan en contra de tramitar una ley, máxime con las posibilidades de que una reforma como la que proponía el PP fuera desechada por la Mayoría del Congreso o al menos se hubieran introducido enmiendas que la habrían hecho mucho más light. Claro, al PP le convenía también buscar apoyo entre ciertos votantes que no se sentían representados por las instituciones, que les generaban desconfianza, al tiempo de que Rajoy y los suyos tratan de alejarse lo más posible de los fantasmas del pasado ya que puede ser la diferencia de gobernar con gobernar con mayoría absoluta...
En fin, esto ahora mismo puede que sea agua de borrajas, el verano no obstante ha sido bastante interesante en ámbitos económicos y políticos. Tenemos esta reforma constitucional (innecesaria y preocupante a mi modo de ver) que se ha aprobado hoy, esta sí, con bastante urgencia con poco espacio al debate. Creo que es una reforma que introduce ideas preocupantes en el estado actual de nuestra economía (el famoso punto tercero de la reforma del artículo 135), ya que probablemente esto justificará próximas rebajas en el Estado del Bienestar para pagar las deudas que es lo prioritario. Va a ser una nueva legislatura curiosa la que afronte el PP, ya que le va a tocar comerse marrones que ya el PSOE no se ha atrevido a hacer, mientras que los causantes de todo esto siguen ganando millones a costa de jugar con nuestra deuda.
Un saludo.
Diego Cabanillas
He aquí que nos encontramos casi un año después de la publicación de esta entrada y, por suerte, la propuesta de ley que hizo el Partido Popular sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno no se ha quedado en un cajón como comentó Diego Cabanillas, sino que se comentan sus directrices en el Consejo de Ministros.
De propuesta ha pasado a anteproyecto y eso se merece otro aplauso porque la situación anterior de desamparo informativo es una de las circunstancias que ha llevado al país a la situación en la que estamos. Una situación, no sólo maltrecha en lo referente al ámbito económico, sino una coyuntura en la que la malversación de fondos y el despilfarro parecen estar a la orden del día. España siempre se ha caracterizado por una picaresca centenaria pero ese carácter avispado es preferible que se quede en los grandes clásicos de la literatura; cuando se trasladan al entorno de las Administraciones Públicas y salpica de lleno a los contribuyentes no se puede tachar con otro adjetivo que el de vergonzoso y ofrece una imagen deplorable a nivel internacional.
Eludir los impuestos, aprovecharse de los subterfugios legales y despilfarrar a diestro y siniestro son prácticas que no deberían estar normalizadas. El problema es que en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, todos esos agujeros llaman más la atención porque se convierten en zanjas por las que se cuelan sumas de dinero desorbitadas para el común de los mortales.
No puedo por menos evitar apelar al caso de malversación de fondos que envuelve al presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, del que se sospecha utilizó dinero de las arcas públicas para costear distintos viajes privados. A la espera de observar el transcurso de la denuncia presentada por un vocal del Poder Judicial, y al margen de los detalles que la secundan, es inevitable pensar en si es lícito que políticos, empresarios y funcionarios, en el desempeño de sus actividades para con la Administración, inviertan grandes cantidades económicas a costa del erario público, ¿por qué deben hospedarse en hoteles de cinco estrellas? ¿Por qué las ceremonias públicas y los convites no dan ejemplo de austeridad? ¿Por qué hay chóferes que aguardan todo el día de brazos cruzados a la salida del trabajo de un cargo público?
Son preguntas que rondan una mente indignada ahora que el 15 M está de aniversario, ahora que los ciudadanos nos acercamos legalmente a nuestro derecho a la información, ahora que muchas otras cosas deberían haber cambiado y que, sin embargo, permanecen iguales.
Un saludo,
Ainhoa Muguerza Osborne
3ºD Periodismo
Para empezar, decir que estoy bastante de acuerdo con las ideas expuestas en el comentario anterior por mi compañera Ainhoa Muguerza.
Pero me pregunto ¿cómo es posible que en el año 2012, siglo XXI, en este país miembro de la Unión Europea, no exista una ley reguladora del acceso a la información pública?
El derecho de información como derecho fundamental expresado en nuestra constitución, como tal, otra vez me pregunto ¿necesita una ley reguladora? La respuesta evidentemente es que sí. Entiendo que básicamente es una utopía lo que voy a decir pero al ser un derecho, por su propia naturaleza no debería ser regulado. Ahora bien, seamos realistas, en la coyuntura actual por la que estamos pasando económica, financiera, social... raro es el día en cualquier medio de comunicación, en el que no nos enteremos de algún escándalo provocado por algún político, juez, funcionario local (léase alcalde), etc.
Tanto el Estado, sus representantes, como en los niveles inferiores de las comunidades autónomas, administraciones públicas, entidades locales y cualquier otro funcionario público, deberían por sí mismos (y de acuerdo con un famoso concepto griego de lo que es la política), es ser transparentes. Entiendo que la transparencia a la información pública debería ser connatural a los citados poderes públicos puesto que los ciudadanos somos en último término los titulares del derecho a esa transparencia.
Lo que no tengo claro es que una ley reguladora del acceso a la información pública nos libre de los anteriormente citados escándalos, malversaciones...
Es curioso, que algo que ya debería de existir, se tramite ahora con un gobierno conservador, por lo que me vuelvo a preguntar ¿por qué ahora?, ¿es que antes no era necesario?, ¿ha sido alguna vez una demanda social?, ¿es que estamos tan verdaderamente mal, que en este momento se hace absolutamente necesario regular este derecho fundamental?, ¿es que con la entrada en vigor de esta futura ley se va a frenar la corrupción?, ¿es que con ella, una vez aprobada, nos vamos a sentir informados correctamente como ciudadanos?...
A pesar de creer necesaria esta ley, yo no creo que por el hecho de que se aplique vaya a satisfacerme como ciudadano de a pie.
Aún así, bienvenida sea.
Juncal Ortega Rivas
3ºD Periodismo- ESTADO
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