Problemas de la Justicia en España
Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Recupero una vieja entrada sobre la Justicia. Recientemente un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acusado al Presidente, Carlos Divar, de abonar viajes privados a Marbella con cargo al presupuesto del CGPJ. Lo que pudiera ser una vendetta por el asunto Garzón, o por algún otro, es en realidad una cuestión anecdótica en relación con la gravedad de la Justicia. Nos estamos fijando en el resfriado cuando en realidad el paciente necesita un tratamiento largo y efectivo contra el cancer.
Parece claro que la Justicia en España
no funciona todo lo bien que debería. Esta es una fórmula que evita
manifestaciones más radicales como “la Justicia es un cachondeo”, “es una
Justicia injusta….”.
Los
ciudadanos deben de confiar en la Justicia como último recurso para
proteger sus derechos y bienes. Una de las claves para la regeneración
de nuestro país, incluso para afrontar la crisis económica es
precisamente conseguir un sistema judicial que sea ágil, seguro,
confiable, apolítico... en una sola palabra: justo.
El 15 de julio de 2011 podíamos leer la siguiente columna de José María Carrascal titulada "El rapto de la Justicia" que recomiendo.
El 15 de julio de 2011 podíamos leer la siguiente columna de José María Carrascal titulada "El rapto de la Justicia" que recomiendo.
A
lo largo de más de un año el Aula Política del CEU San Pablo ha
estudiado este asunto. Entre las muchas aportaciones interesantes, la
visión crítica de la periodista María Peral de El Mundo es de agradecer
por su tremenda sinceridad. Muchas de sus reflexiones se recogen en los
siguientes puntos completados por otras reflexiones de magistrados,
políticos, académicos... Todo ello nos han llevado a ofrecer de forma esquemática un diagnóstico que se somete a su
consideración:
1.-Falta de implicación de los operadores jurídicos. La desilusión de los que hacen Justicia: Jueces, Fiscales, Funcionarios, Procuradores, Abogados…
1.-Falta de implicación de los operadores jurídicos. La desilusión de los que hacen Justicia: Jueces, Fiscales, Funcionarios, Procuradores, Abogados…
- Falta de entusiasmo
- Volumen de trabajo
- Escasa retribución (la carrera fiscal)
- Falta de prestigio profesional
- Falta una promoción profesional objetiva. Promoción premiada por la fidelidad, por los padrinos, las asociaciones... en definitiva la política pequeña cuando debería hacerse por la calidad de la actuación profesional, por los méritos...
- Es necesario que los mejores sean los que promocionen, sin interferencias políticas o de asociaciones profesionales.
- Falta de preparación de los funcionarios de la Oficina Judicial (porcentaje de funcionarios interinos en Madrid 38%; en Andalucía 43%)
- Falta de medios
- Buenos jueces pero a veces sin experiencia en la vida.
- Respeto entre los operadores judiciales. Jueces desaliñados, Magistrados que no respetan a los abogados...
- Respeto hacia el sistema judicial o repudio de los recursos absurdor que bloquean los tribunales
2 .-Falta de voluntad política. ¿Una Justicia que controle al poder?
- El PSOE prometió dedicar el 2% del PIB… nunca ha llegado al 1%
- No se quiere arreglar la Justicia porque la función de control de poder es mejor que se ejercite mal y tarde.
- La idea que los actos de políticos sean revisados por el Tribunal Supremo (o TSJ) 6 años después… y salen gratis.
- Cuando se quiere arreglar un servicio público, se puede hacer, tal y como ocurrió con Hacienda.
3.-Tres Patrones para la Justicia. El Estado Autonómico y la Justicia
- La concurrencia de las competencias del CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma que tenga transferida competencias en materia de Justicia dificulta el funcionamiento de la Justicia
- Entre los efectos negativos:
- Las CCAA quiere controlar –mandar porque para eso pagan‑ la parte de de la Justicia que les compete.
- Problemas de compatibilidad de los sistemas informáticos y transferencia de información entre las comunidades autónomas.
- Uso de lenguas autonómicas en la propia tramitación.
- Pérdida del sentido de un sistema judicial único.
- Quiebra del principio de igualdad de los españoles
4.-Se legisla mal y demasiado. Un ordenamiento jurídico complejo.
- Hiperinflación normativa. Unión Europea, Estatal, autonómica… se introducen disposiciones normativas en Leyes que nada tienen que ver con dicha norma, se legisla de forma contradictoria, para satisfacer intereses particulares (de comunidades autónomas, de grupos económicos…). Quizás la mejor expresión de todo esto es la Ley de Economía Sostenible que en su artículo 4 proclama la simplificación normativa y, la propia norma es un galimatías que modifica decenas de normas jurídicas, que bajo la rúbrica de Economía Sostenible agrupa cuestiones heterogéneas…
- No legislar a golpe de acontecimiento (legislación sobre el menor, modificación del Tribunal Constitucional…)
- Necesidad del consenso sobre las leyes básicas del Poder Judicial, sobre las normas procedimentales....
5.-La politización de la Justicia.
- “La designación” del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por parte del anterior Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero dijo quien iba a ser antes de ser elegido por el CGPJ) significó una burla de la separación de poderes.
- La vinculación de los vocales del CGPJ a una opción política, aunque sean dos personas quienes representen a las asociaciones que más peso tienen en el CGPJ
- De los 20 vocales del CGPJ, 12 son magistrados y jueces. Han existido tres formas de designación de esos 12 magistrados. La originaria establecía su elección por parte de los propios jueces y magistrados, la de 1985 se designaban por mayoría cualificada de 3/5 el Congreso y el Senado y, por último, la del 2001 establece un doble mecanismo: presentación por parte de las asociaciones de magistrados y por avales de magistrados no asociados de 36 candidatos y posterior elección en el Congreso y Senado.
- Las asociaciones de jueces y magistrados como correa de trasmisión entre Política y Justicia.
6.-La tensión entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo que ha dejado de ser Supremo.
- Tensión que ha llevado a que los magistrados del Constitucional sean sancionados por el Tribunal Supremo. El TS estimo que hubo negligencia en la actuación del TC al rechazar un recurso contra la designación "a dedo" de los letrados del Tribunal Constitucional. La responsabilidad civil la estableció la Sala 1ª del Tribunal Supremo
- En cuestiones de mera legalidad el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana al Supremo: (prueba de la paternidad, la prescripción de los delitos, igualdad de sexos en la sucesión de los títulos nobiliarios...)
7.-La litigiosidad excesiva. O los expedientes en la silla
- Algunos Tribunales están desbordados por el número de asuntos.
- Pleitear es relativamente barato en España
- Una forma de dilatar una condena es recurrir y poner todas las trabas que se puedan para que el proceso se eternice.
8.-La lentitud de la Justicia. Una Justicia lenta es injusta
- Es tal la demora que hasta se ha convertido en un atenuante la lentitud en impartir justicia. Un condenado por un delito puede ver reducida su condena cuando se ha tardado mucho en condenarle.
- La lentitud para cobrar un impago puede llevar a la ruina a cualquier pequeña empresa.
9.-Una Justicia desigual. Falta de unificación de la Jurisprudencia.
- En asuntos que no son unificados por el Tribunal Supremo, podemos encontrar fallos y criterios dispares en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
- Otros muchos procedimientos no llegan la Tribunal Supremo por lo que no se unifica la doctrina jurisprudencial.
- Se produce una gran inseguridad jurídica al no conocer cual es la solución previsible.
10.-La falta de transparencia de la Justicia. La jerga de los tribunales
- Desde conocer cómo actuan los tribunales a conseguir alguna sentencia han sido materias vedadas para los no inicidados en el mundo judicial. Hoy en día es fácil conseguir una determinada sentencia, cuando antes sólo por amiguismo se conseguía. Es verdad que la transparencia judicial ha mejorado de forma notable en los últimos años, en gran parte gracias a los gabinetes de comunicación, pero todavía queda camino que recorrer.
- La redacción de los escritos judiciales presenta en muchos casos una lenguaje y unas expresiones difíciles, cuando no incomprensibles para los neófitos.
¿Crees que la Justicia tiene otros problemas?
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los 10 que he citado?
¿Qué ideas puedes aportar para mejora la Justicia?
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34 comentarios:
Tras la lectura de su exposición, he realizado mi propio análisis y estoy de acuerdo en gran parte de sus comentarios.
En primer lugar es de sobra conocido el problema que hay en torno al excesivo trabajo que tienen los jueces y magistrados, provocado en parte por la falta de medios, lo que genera un total colapso en la justicia.
No parece razonable que se tarden meses o años en acabar un proceso y unido esto con el punto 7 (La litigiosidad excesiva), esta demora a la hora de resolver el juicio es provocada en gran medida por las propias partes del proceso como bien ha dicho usted con poner todas las trabas para que el proceso se eternice. Pero no son las partes las únicas culpables, sino que puede considerarse que hay un colapso generalizado en la justicia. Por ejemplo, el TC lleva años para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP sobre el matrimonio homosexual.
Si en tiempos anteriores no se llevó a cabo una reforma para dotar de los medios suficientes a la justicia española, me temo que ahora, tampoco tendrá lugar una reforma a corto plazo y la situación no mejorará.
En cuanto a la legislación actual, es cierto que se legisla mal y demasiado, y sobretodo se legisla en materias populares. Hay numerosas materias que están mal reguladas y que por tanto necesitan de una solución inmediata, pero sin embargo se opta siempre por regular primero aquellas materias cercanas a la opinión pública.
Junto con los efectos negativos de la politización de la justicia creo que habría que añadir las consecuencias negativas que a veces generan los medios de comunicación.
En muchos casos se pone de entredicho la justicia española, desde un tribunal del jurado hasta los máximos órganos judiciales como el TS o el TC. Casos como el de Garzón, Marta del Castillo, o el Caso Gürtel han provocado el rechazo de esas sentencias en numerosos medios de comunicación. Desde mi punto de vista eso no hace ningún bien a la justicia, y en vez de discutir sobre la sentencia de los tribunales, quizás sería más conveniente plantearse la situación actual de la justicia española y la legislación actual, en lugar de cuestionar continuamente la tarea de los jueces y magistrados.
En cuanto al punto 6, parece evidente que se ha generado una cierta tensión entre el TS y el TC apreciable en casos como el de BILDU, en el que cada tribunal valoró posturas opuestas.
Respecto al último punto, el acceso a la jurisprudencia por parte de los ciudadanos es muy complicada. Son pocas las páginas web públicas que ofrecen un servicio eficaz para consultar bases de datos de jurisprudencias (por ejemplo, CENDOJ), y el acceso a portales como Westlaw, son prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población. Además, es cierto que las sentencias son redactadas con un lenguaje difícil y muchos tecnicismos, sin embargo, esto no se aleja de la redacción de las leyes, las cuales suelen ser difíciles de entender en muchos casos. Por ello opino, que esta redacción de las leyes y sentencias no facilita la comprensión a los ciudadanos, los cuales se ven obligados a acudir a profesionales para interpretarlas.
Para concluir, creo que una forma de mejorar la justicia sería dotar de más medios a los tribunales y llevar a cabo proyectos como La Ciudad de la Justicia de Madrid para concentrar la justicia, así como la informatización de todos los procesos judiciales y hacer desaparecer las gigantescas pilas de papel en los juzgados. Son muchas las reformas que deben hacerse, por lo que sería conveniente que los partidos políticos tomarán cartas en el asunto.
Ana María Clemente Puigserver 3ºD
Tras leer la entrada de su blog, he de decir que algunos puntos de su análisis me han dado que pensar y, de hecho, es a éstos a los que me voy a referir en mi comentario.
En primer lugar, creo que está en lo cierto al resaltar el alto volumen de trabajo como factor problemático de la Justicia. Es más, hace algunos años fue hasta tema de debate y centro de numerosos reportajes (como el de Comando Actualidad). Considero que esto es algo inaceptable porque solamente acarrea tiempo de espera para las personas implicadas en problemas judiciales.
Hilando con la lentitud de la Justicia, me ha sorprendido descubrir que esa lentitud puede ser atenuante en un delito. Esta medida no me parece bien porque creo que si alguien ha hecho algo malo debe pagar por ello y el hecho de que el sistema judicial sea lento no debe servirle como ayuda para atenuar su responsabilidad.
Por otro lado, creo que otro de los grandes errores de la Justicia es la politización que sea hace de ella. Lo cierto es que, el sistema judicial según hemos estudiado durante este año, tiene en sus bases la característica de ser independiente. Pues bien, con este fallo esa cualidad queda totalmente anulada.
Entiendo que actualmente existen muchísimas presiones de todo tipo, que pueden condicionar el trabajo de los jueces (aunque tampoco deberían ser así), pero de ahí a que se introduzcan en la Justicia entes o motivaciones políticas, creo que es algo que se debería cambiar pero muy seriamente.
Por último otro punto con el que estoy plenamente de acuerdo es el hecho de que hay un multiplicidad de ordenamientos que podían ejercer justicia.
Comprendo que hay determinadas cuestiones que deben ser tratadas judicialmente según determinados ordenamientos. No, eso no es lo que crítico. Lo que no me parece bien de lo expuesto en este punto es que gracias a esta herramienta puede suceder que un mismo acto que debe ser penalizado pueda ser dictaminada de manera diferente.
Creo que en la entrada se explican muy bien los fallos de la Justicia, de manera muy completa. Lo que yo buscaría en una reforma de la Justicia sería la unidad y la independencia de la misma, así como una agilización de ésta.
ESTADO 3º D SANCHEZ – REBATO VALIENTE CLARA
Empezaré por el asunto de Carlos Dívar. No creo que sea, en absoluto, una cuestión anecdótica. Puede que en el mundo Judicial sí, no lo sé, espero que así sea (por otro lado a estas alturas ya no pongo la mano en el fuego por nadie), pero no lo es principalmente porque en los últimos meses los españoles hemos sido testigos de como las más altas instituciones del estado, a las que se supone, como mínimo, servicio al país y decencia en el ejercicio de su cargo, se han visto salpicadas por escándalos de corrupción absolutamente vergonzosos. Por lo tanto, nada de anecdótico, tristemente.
Me parece evidente, por otro lado, que es bastante difícil que, observando estos repugnantes comportamientos el ciudadano de a pie pueda seguir confiando en la Justicia. Pero bueno, no nos dejemos llevar por lo que se espera que sean casos aislados.
Como no conozco el mundo judicial, más allá de las dos asignaturas que hemos tenido en la carrera, hablaré de uno de los mayores inconvenientes que encuentro yo en la Justicia española: la lentitud. Juan José Millás hablaba de este tema en El País Semanal del domingo pasado. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional no haya resuelto aún el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2005 relativo a la ley de matrimonio homosexual? ¿A qué esperan? ¡Dentro de nada ese recurso cumplirá 10 añitos! Lo cual me hace pensar que puede que haya quien no quiera saber ahora si la ley es o no constitucional, por el tremendo follón que se podría montar, dijese el Tribunal lo que dijese. Lo mismo digo con el recurso a la ley del aborto, que aún no se ha resuelto. Pero además ahora parece ser que fue un recurso inútil, porque el Gobierno ni siquiera ha esperado a que se pronuncie para empezar a preparar la nueva ley, alegando que el TC ya habló en el año en el año 1985. ¿Para qué el recurso entonces? No hace falta que respondan. Señores, dejen de hacer un uso populista de la Justicia.
¿Falta de voluntad política? Por supuesto, como en todo en este país. Es cierto lo que se dice en la entrada, no interesa que la Justicia controle al poder político, no interesa nada, y si lo hace, mejor que sea a toro pasado. Y por supuesto, el tema de los acuerdos necesarios para renovar el Tribunal Constitucional… otro rollo.
En general, y siendo consciente siempre de mi desconocimiento en la materia, creo que para mejorar la justicia harían falta varias cosas, algunas ciertamente imposibles, otras imposibles por el momento en que estamos. En las totalmente imposibles se encuentra la necesidad de que los partidos políticos cesen en su empeño de abarcarlo todo y colocar a sus miembros en todo y dejen a la justicia hacer, y así mismo dejen a la justicia vigilar. De lo contrario no es legítimo pedirles a los ciudadanos que confíen en la justicia. Y entre las que son imposibles por el momento en el que estamos, es decir, en crisis, supongo que todo lo relativo a la lentitud de la justicia se arreglaría bastante aumentando el presupuesto, contratando a más jueces…pero tampoco estoy muy segura de esto.
Clara Marín Pelegrín, 3ºD
En mi caso, la acusación a Carlos Divar me lleva de nuevo a recordar lo de que “cuando el río suena, agua lleva”. Estamos cansados de ver y escuchar cómo altos cargos, en este caso del mundo de la Justicia, se ven envueltos en enrevesadas tramas de las que con muchas dudas suelen escaparse, precisamente debido a esta complejidad de nuestro sistema judicial. El grado de culpabilidad del susodicho, la lentitud de los procesos y la cuestionable no politización de Tribunales y Juzgados, son muchas veces los responsables de la indignación popular con respecto a la Justicia española.
Estoy totalmente de acuerdo con todos los puntos aquí citados, aunque yo los ordenaría de otra forma, siguiendo un esquema de causas y consecuencias diferente. ¿Cómo podemos pedir entusiasmo a los profesionales de la justicia, si se mueven dentro de un mundo laboral en el que se premia la fidelidad más que la profesionalidad? No creo que el Estado haya dado con la clave de la motivación laboral para este sector, y si la tiene, se ha encargado de no utilizarla. Y por tanto, he aquí la prueba de la falta de voluntad política; claro que este es un problema que se extiende a otros ámbitos: las habladurías con fin electoral deberían superar la barrera de la promesa, y convertirse en contratos punibles ante su incumplimiento.
Y es que el electoralismo ha hecho mucho daño, entre otras cosas, llevándonos a un federalismo asimétrico que arranca desde la propia constitución. Las Comunidades Autónomas se han visto inmersas en una lucha por conseguir competencias, y los distintos ejecutivos, han ido cediendo cada vez más a lo largo de la historia de nuestra democracia. Este reparto de competencias, en mi opinión, es el causante de la pérdida del sentido de la unicidad del sistema, y también de la complejidad del ordenamiento jurídico (a lo que se le añaden las nuevas normativas europeas). Una reestructuración desde el poder legislativo, sería probablemente una de las soluciones para resolver este galimatías en que se convierte nuestra Justicia.
Por otro lado, me gustaría hacer referencia también a la cantidad de asuntos que se acumulan en las habitaciones de los Tribunales y Juzgados de nuestro país. Comprensible por otro lado, si tenemos en cuenta que no sobran precisamente funcionarios en nuestras salas… La consecuencia, la lentitud; y con ella, la desconfianza y la crítica de los españoles. Y me parece normal, no tanto porque no funcione bien el sistema, sino porque vemos (en una actitud pasiva la mayoría de las veces, todo sea dicho) cómo no hay ningún intento por poner remedio a la grave enfermedad que padece nuestro sistema judicial.
Por último, también tenemos que sentirnos orgullosos de tener una justicia gratuita, al alcance de todos, y que es tomada como ejemplo en otros países que no brillan por su claridad política o judicial, pero que ven en nuestro modelo un posible salto hacia el cambio. Es el caso de la República Popular de China, quien como sabemos, envió el pasado mes a varios dirigentes del gobierno para conocer cómo funciona nuestro sistema e intentar importarlo. En mi opinión, tenemos los pilares sobre los cuáles es posible edificar un ordenamiento jurídico excepcional. Ahora sólo falta ponerse a trabajar en ello.
Estado-3ºD- Marín Sánchez, Lourdes
Es completamente cierto que cada vez son más comunes las frases que hacen referencia a los problemas de la justicia española y a su necesidad de cambio y renovación.
En mi opinión, estoy de acuerdo con el análisis de los 10 principales problemas o fallos de la justicia española, y quiero resaltar los que a mi parecer son los más dañinos, y algunos más que también pueden influir en la mala fama de este poder.
La excesiva burocratización de la justicia, que provoca que se acumulen documentos y casos en las jurisprudencias hacen que la lentitud sea uno de los peores problemas; algo que hace que muchas veces haya personas que decidan no denunciar ni acudir a la justicia cuando tienen algun problema sólo por esta razón, por la lentitud y las pocas soluciones que la mayoría de las veces se sacan en claro.
Otro punto negativo es la complejidad de las leyes, y la excesiva cantidad; habría que reorganizarlo, pero teniendo en cuenta que no pueden hacerse leyes para cada caso concreto, como muchos piden; es imposible.
También la poca cohesión de todos los órganos e instituciones que forman parte de este poder es otro obstáculo para lograr un correcto y fluido funcionamiento.
Pero creo que lo más complicado de mantener para la justicia española es la independencia del poder político, económica y mediática; haciendo especial hincapié en la independencia del ejecutivo, ya que éste no debería involucrarse en la promoción, selección o suspensión de los jueces y magistrados y que estas labores las llevara a cabo el propio poder judicial.
La independencia en cuanto a los medios de comunicación es algo que cada día se ve menos claro, ya que es muy complicado porque éstos pesan mucho para encumbrar o destruir (véase caso del juez Garzón); por no nombrar en cuanto a la relación jueces-medios el tema de las filtraciones que se sabe que algunos jueces hacen a los medios.
Por tanto creo que sí hay problemas en el poder judicial que deberían solucionarse para beneficio de la sociedad y de los miembros que integran este poder.
Me llamo Fan Yang, soy del segundo C.
Yo personalmente como una estudiante extranjera creo que he sido victima de la lentitud de justicia. El caso es que en España para quedarse a estudiar aquí hay que renovar anualmente el Nie--la tarjeta de identidad extranjera. Entregué mis documentos el febrero, se tardaba 2 meses para que tu expediente entrara en el departamento que examina los documentos, se tarda otros dos meses en examinar tus documentos, y otro un mes para mandarte una carta para que vayas a poner huellas, después de poner las huellas, otros 45 días esperando para que finalmente te dé la tarjeta. En total se tarda más de medio año. Además no se establece ningún sistema de vigilancia ni de quejas. Por este problema muchos estudiantes chinos como yo muy posiblemente no podemos volver a nuestro país durante el verano. La razón de esta falta de consideración de justicia en questiones de los extranjeros podría ser la falta de voluntad política, porque no somos votantes.
Tras leer su exposición de argumentos, estoy bastante de acuerdo en todos los puntos que menciona. Pero si he de destacar algunos serían el punto 5 referente a la politización de la justicia. Creo que la política no debería influir para nada en los temas relacionados con la justicia, pero por desgracia esto no es así. En muchas ocasiones, un determinado caso se trata con mayor rápidez cuando esta un partido en el gobierno u otro, solo porque a un partido le interese más unos temas diferentes a los del partido de la oposición.
En este punto, considero que esta muy vinculado al punto 9 que usted menciona como Justicia Desigual. A parte, del desigual trato a unos temas u a otros como he mencionado anteriormente, también existe un trato desigual a determinadas personas. En los juicios en los que están implicadas personajes públicos, la justicia es mucho más rápida que si se trata de asuntos que culpan a personas anónimas. Se que esto depende de la sala y del caso del que se trate, pero esto no debería influir en la gran diferencia de tiempo y de trato que se da a unos y a otros.
Otro de los puntos que quiero destacar es el de la letigiosidad excesiva. Si la justicia es lenta ya de por si, aquí hago referencia también la punto 8, el hecho de que cada juez o tribunal tenga que hacerse cargo de numerosos casos afecta en exceso el normal desarrollo de los juicios, prolonagandolos, en algunos casos, a varios años después de que fueran acusados.
Para finalizar, quiero destacar el último punto, que considero que es de los más importantes. Es el punto 10 que usted menciona como Falta de transparencia. Este es uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad, pues en muchos casos se considera que los juicios no quedan del todo claro el proceso que se ha llevado a cabo. En ocasiones, cuando alguien quiere conocer el contenido de una sentencia no puede, simplemente porque no lo entiende debido al lenguaje excesivamente técnico empleado en ellas, lo que hace que se desconozca en gran parte el contenido de esta.
Estado-2ºC-velasco Arango,Mayra Alejandra
Me interesa mucho el tema de una justicia desigual, así como yo muchos pensarán que los tribunales no tratan por igual a todos los ciudadanos, salen más favorecidos los adinerados que los pobres, aunque también puede haber otra categoría que son la de los políticos, posiblemente estos últimos son más beneficiados que cualquier ciudadano corriente.
Los ciudadanos pobres carecemos de numerosos medios con los que cuentan los ricos para hacer frente a la decisión de los jueces después de ser procesados.
Los menos favorecidos deberíamos de contar con más protección -en cuanto a justicia se habla- porque con los escasos recursos con los que contamos, no se puede ver un avance en los casos que lleva un abogado de oficio. Los más poderosos sí cuentan con estos medios y de esa manera podrán obtener una justicia más rápida, sin tener que estar esperando una respuesta. Aunque también los políticos, los más beneciados en este campo, por sus influencias, por sus altos cargos, por su figura política y encima adinerados (algunos), son los que con más suerte cuenta en este ámbito.
¿Tenemos que ser ricos o políticos para tener una buena justicia?
Estado-3ºD-ROjo Martín, José
Estoy completamente de acuerdo con que el informe de gastos millonarios del Presidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar que ha trascendido esta semana no es sino la punta del iceberg. Aunque todas las profesiones adolecen de un cierto corporativismo, aquellas revestidas de un aura de prestigio y prerrogativas – como es el caso de los jueces y magistrados – lo llevan aún más allá; no por nada recibe el nombre de “poder” judicial. Y todo poder, al margen de lo que se defienda en intervenciones y discursos, tiene como principio fundamental el de afianzarse sobre el resto y sustraerse a influencias ajenas.
Es bastante posible que el vocal que ha presentado la denuncia, sea, como suele decirse, un hombre que haya hecho lo correcto por las razones equivocadas; es bastante posible que, dada su conocida afinidad con Garzón, magistrado que debe no pocos golpes al poder judicial durante el último año, Gómez Benítez persiga cobrarse una pequeña venganza a costa de Dívar. Cuanto más conozco de la política y el poder, más me doy cuenta de cómo dentro de las organizaciones e instituciones – ya sean partidos políticos, instancias judiciales, etc. – las conductas poco éticas son de sobra conocidas entre los miembros (quizás no todos, pero sí los suficientes) de la organización. La información comprometida, que debiera compartirse de inmediato con la ciudadanía, se reserva a modo de arma arrojadiza que airear cuando y contra quien más convenga.
Pero sean cuales sean las intenciones que le han llevado a presentar la denuncia contra Dívar, el magistrado ha conseguido devolver a la primera plana la opacidad de un poder judicial que sigue resistiéndose a los intentos de control y fiscalización. No obstante, quisiera distinguir aquí entre la justicia mediática, aquella que encuentra un camino a las portadas de los periódicos y la justicia real, de la que la mediática representa nada más que una pequeña parte. Por cada sentencia incomprensible, se dictan en nuestro país cada día decenas de sentencias razonablemente justas; por cada juez que se apoya en las prebendas de su cargo para justificar gastos millonarios, existen decenas que se limitan a hacer su trabajo. Por eso, si queremos reflexionar sobre la justicia como tal, no debemos limitarnos a su vertiente mediática por muy sobredimensionada que esté.
Quizás la fuente de los males aquí la constituyan, en gran parte, los partidos políticos. Unos partidos políticos que han extendido al poder judicial su planteamiento de cuotas y lealtades, de regionalismos populistas que conducen a que no se imparta la misma justicia en Oviedo que en Valencia. Unos partidos políticos que han inyectado en los jueces y magistrados ese esquema por el cual uno medra no – o al menos no principalmente – por la propia valía sino por la fidelidad hacia unas siglas, esa obsesión por alejar de los ciudadanos de las instituciones, por obstaculizar al máximo su acceso transparente a la gestión de una justicia que, no olvidemos, pagamos entre todos.
Si hay una consecuencia nefasta de la inacción de los políticos hacia una justicia que, de cualquier forma, no tienen demasiado interés en reformar, ese es el retraso crónico que hace que hasta en el juzgado más eficiente se apile montaña tras montaña de expedientes. Las cifras son escandalosas: en 2011, el propio CGPJ predecía un total de 3.1 millones de casos sin resolver al terminar al año; de ellos, un tercio aproximadamente correspondía a la jurisdicción penal. No parece, por otro lado, que el panorama pinte demasiado bien para las familias que no puedan permitirse unos procesos cada vez más lentos y dilatados: gobiernos autonómicos de todo signo ya se han manifestado a favor de introducir el copago en la justicia, una tasa que ayudaría, a su juicio, a agilizar los pleitos y disuadir a quien abuse de la justicia gratuita. De fondo, este debate responde a uno más amplio, casi fundacional: ¿Qué modelo de justicia queremos tener? ¿Qué modelo de justicia quieren los políticos que tengamos?
Paralelo a todos los problemas que se están enunciando, quisiera hacer referencia a los problemas de credibilidad del único órgano con poder sobre nuestra constitución, El Tribunal Constitucional.
Este órgano, está integrado por doce miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos).
La designación para este cargo se hace por nueve años, debiendo recaer en ciudadanos españoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
Esa es la teoría sobre la composición del Tribunal Constitucional, que está recogido en el título IX de la Constitución Española.
No obstante, nos encontramos con que la renovación de los 4 miembros nombrados por el Congreso no se ha hecho posible todavía por la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios (Se tendría que haber realizado en 2010).
Hace unos meses, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, pedía no demorar más la renovación de los 4 magistrados.
Por otra parte, la vacante por el fallecimiento en Mayo de 2008 del magistrado García Calvo, hacen que se cuestione la credibilidad de la institución.
¿Cómo recuperar ese retraso que dificulta el funcionamiento de la institución?
Además, cabe preguntarse por la imparcialidad de este tribunal. Los partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo en los miembros que deben designar.
Esto hace reflexionar y preguntarse ¿Sería necesaria una reforma del Tribunal Constitucional que garantizase su independencia?
Teniendo en cuenta que es un tema que puede dar mucho de sí y partiendo de que no conozco todos los intríngulis del sistema trataré de ser breve y exponer una visión externa y no contaminada.
-En primer lugar, considero que en los 10 puntos expuestos bajo mi punto de vista se cargan en demasía las tintas sobre la inmersión de la política en el poder judicial. Bien es cierto que hay intereses políticos por controlar órganos como el CGPJ, o el Tribunal Constitucional, de hecho sigue sin renovarse al magistrado fallecido por falta de acuerdo de PP y PSOE.
Pero también es cierto que los propios jueces y magistrados no pueden quedar impunes. Cada uno tiene su responsabilidad y si hablamos de “politización” es porque habrán dejado la puerta abierta a la intromisión. Y para su suerte o desgracia son los únicos que poseen los medios para deshacer el entuerto. Pero como vemos en el punto 6, parece que prefieren mantener sus enfrentamientos:
6.-La tensión entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Como se expone en el artículo dicha tensión ha llevado a que los magistrados del Constitucional sean sancionados por el Tribunal Supremo. Por su parte ante tal afrenta el Tribunal ha enmendado la plana al Supremo.
Sin ir más lejos las tensiones continúan a pesar de que el presidente del CGPJ, Carlos Divar, ha sido absuelto de las acusaciones vertidas por un vocal del mismo órgano. Este hecho expone a las claras la ausencia de cohesión y seriedad. Uno porque presuntamente es “un chorizo”, hablando mal y pronto, y otro porque su denuncia podría tener intereses secundarios. A pesar de esto, si conocía estos movimientos, debe denunciarlos.
Toda esta reflexión me sirve para mostrar que si entre ellos mismo son incapaces de mostrar una imagen de unidad, están dejando vía libre a la intromisión de la vida política en lo judicial. Quizá sea conveniente mayor autocrítica y unidad entre jueces, magistrados, abogados, en el panorama del Derecho en general.
-Por otro lado de cosas, prosigo el tema del problema interno de la justicia, con la opinión vertida por José María Carrascal, enlazada en la presente entrada. Destaco las siguientes palabras:
“Y ahora, déjenme explicarles qué entiendo por juez Ruz. Pues un juez a secas, sin adjetivos, que no se siente progresista ni conservador. Un juez cuya única ideología es el código que tiene que aplicar, que no contempla otro papel en la sociedad que el que le asigna su cargo. Un juez que no se deja influir por nada ni por nadie, incluidas sus propias tendencias o prejuicios. Un juez, en fin, sin otra agenda, ambición o guía que hacer cumplir la ley. Con cincuenta jueces de este estilo, los políticos españoles sabrían que tendrían que dar cuenta de lo que hacen, los poderosos sabrían que nadie les salvaría de sus desmanes y los españoles sabríamos que las leyes están para cumplirse.”
Totalmente de acuerdo, y por ello quizá el problema esté en la falta de jueces con esas características, que José María Carrascal presenta en la figura del juez que lleva la trama Gürtel.
Porque si hay que esperar a que un Gobierno dé el pase de independizar la justicia, igual no lo vemos. Para muestra, aunque en el ámbito de la comunicación, el reciente decreto ley por el que el Gobierno tiene la capacidad de elección del presidente de RTVE y la renovación del Consejo.
Para finalizar comparto a rasgos generales el resto de los puntos expuestos.
Adrián Blanco Ramos - Periodismo 3ºD
Lo que dice Carrascal es muy bonito, hasta emociona, pero seguro que en el primer manual jurídico que exista en la historia viene una definición de juez similar a la que realiza, algo armónico desde el punto de vista teórico, y utópico desde el punto de vista práctico, porque no existe el juez ni la persona en el mundo "que no contempla otro papel en la sociedad que el que le asigna su cargo".
De hecho, la ideología de los jueces es el menor problema de la justicia en la actualidad, o debería serlo si existiera un mecanismo de control eficaz que sancionara de manera correcta a los jueces cuyas sentencias destilen olor a parcialidad, pero como la relación entre los tres poderes existe, y cada vez se pone más de manifiesto -viva la democracia española, que se basa precisamente en esta separación- es imposible plantearse siquiera que algún juez se plantee sancionar a su colega, salvo que este empiece a poner en jaque al poder político y su puesto se vea también en peligro -esto me suena a un tal Garzón, populista y culpable, sí, pero el único sancionado entre tantos-.
Por tanto yo creo que la única manera de poder lograr que los jueces se evadan del poder económico, mediático e ideológico por los cuales se puede ver influido, es un tribunal popular elitista ajeno a cualquier poder que sea el que dictamine castigos. Aunque claro, una vez dentro ellos también entrarían a formar parte del círculo vicioso, tal, pero con que lo disimulen mejor vale.
Esto con respecto al problema de la politización, que es el más grave al menos de cara al ciudadano, que cuando ve a un político acusado por corrupción en TV, ya piensa automáticamente para sí mismo un: "No le van a condenar".
Esto a su vez desencadena que los políticos se sientan con mayor libertad a la hora de ejecutar acciones y mentir, viendo como quedan impunes porque manejan a su antojo el poder judicial, por lo que pierden también al confianza del electorado. La situación de desencanto e indignación en España en la actualidad se solucionaría con jueces competentes, no es un problema solo de la justicia, es nacional.
El resto de problemas también existen, y los puntos planteados son correctos, pero al fin y al cabo reflejan también un problema que existe en España, exceso de burocracia, de concesión de competencias, de funcionariado, de unificación de criterios...
En definitiva, que el problema va creciendo con el tiempo en vez de llevar a una reducción, y los encargados de denunciarlo, al menos en teoría, deberían ser los periodistas, pero si algún día me pagan y tengo que hacer un comentario similar en un medio, probablemente me tenga que deber también a intereses, así que aquí no pasa nada.
El número de matriculados en clases de alemán sigue creciendo en España. Aunque claro, la gran mayoría de la población piensa que la justicia es algo parecido a lo que hacen en el programa "De buena ley" o algo así en Telecinco. Porque en el fondo todo es un problema de educación.
Marcos Fernández Ferrero. Periodismo 3ºD
Empezaré diciendo que estoy bastante de acuerdo con los 10 fallos que propone en su entrada.
Aún así, me gustaría añadir uno más. Yo considero que la justicia viola la igualdad de todos a ante la ley a través de la Prerrogativas Parlamentarias, ya que no pienso que ni la inmunidad, ni el fuero jurisdiccional sean compatibles con el trato igual a todos los ciudadanos ante la justicia.
Por otro lado me gustaría destacar la Politización de la justicia, para mí sin duda un fallo garrafal. Leyendo su exposición ante el tema, he elaborado un análisis personal al respecto. Obviamente, me parece que la forma de elección tanto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, son totalmente opuestas al principio de independencia de los poderes políticos. Añadiré, quizá atrevidamente, mi consideración de un alto nivel de arbitrariedad en el interior de la justicia de nuestro país.
Además, desde mi punto de vista estamos alcanzando la "judicialización" de la política por culpa de la falta de responsabilidad de los altos cargos en España, que ni de lejos favorecen la agilización de los procesos judiciales, ni luchan contra el desbordamiento de algunos tribunales.
Sobre la hiperinflación normativa, pone en riesgo la seguridad judicial, provoca confusión, además los textos refundidos que tratan de combatir este problema, no pueden elaborarse para todas las materias, sólo para las fundamentales.
Por último quería destacar el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a pesar de que describirse como no vinculante. Debido a que una sentencia de un tribunal autonómico contraria a la del Tribunal Supremo sobre un mismo caso se podrá recurrir al Supremo alegando este motivo en el recurso.
Zana María Viso Muñoz, 3ºD
me gustaría decirle que estoy totalmente de acuerdo con los fallos de la justicia que afirma en su entrada. Supongo que uno de los fallos, aarte del tiempo que lleva cada uno de los procesos, podría ser la gran fragmentación que tiene el derecho en España. las Comunidades Autónomas actúan por un lado, la Unión Europea también tiene distintas competencias y el Estado o los municipios también forman parte de este entramado jurídico. Que la constitución sea el neo de unión está bien pero el hecho de que ni las Comunidades Autónomas ni la Unión Europea queden reflejadas entro de la misma uede ser uno de los detalles que pueden causar esos fallos. Como ya hemos visto en clase la introducción tanto de la Unión Europea como de las Comunidades Autónomas en la Constitución están prácticamente suspendidas por distintos motivos, entre ellos los nacionalismos.
por otro lado la dificultad de acceder a la vez de que se acceda por antigüedad y no por méritos también puede ser uno de los factores principales causantes de los fallos que tiene la justicia en España.
Montoya Mrtínez, Juan Antonio 3ºD
En primer lugar, me gustaría resaltar la importancia del sistema público español. Cuando hablamos de Estado del Bienestar solemos recordar como elementos esenciales de este a la sanidad y la educación, pero siempre pecamos al olvidar a la justicia como un sector que depende íntegramente de las arcas públicas y de cuya existencia como servicio público fundamental depende la adecuada actividad del Estado. En este sentido, el mal funcionamiento y colapso en la tramitación de sentencias podría vincularse a una paulatina reducción de la inversión pública y consecuentemente de trabajadores públicos (incluyendo jueces y magistrados); así, podemos ver como el promedio europeo de la población que trabaja en el sector público es de un 15%, en Suecia de un 25%, y en España sólo de un 9%.
En segundo lugar, en la justicia, como hace referencia el artículo, la transparencia brilla por su ausencia. El uso de un lenguaje lleno de tecnicismos y los vanos conocimientos de la sociedad española en esta materia hacen que el interés general y la creación de una opinión crítica sean todavía unos planteamientos surrealistas (incluso llega a imperar la sensación de que los organismos jurisdiccionales se encuentran en un estamento inaccesible). Por otro lado, que los miembros de entidades como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sean elegidos por acuerdos entre partidos políticos lleva a que prevalezca una desconfianza creciente, muy relacionada con el desprestigio social de los propios partidos políticos, y que se desgaste aún más la imagen de la justicia como un ente neutral y objetivo.
Por último, creo que debería hacerse una especial mención a una figura tan importante como el Defensor del Pueblo y que en reiteradas ocasiones se olvida como una pieza del puzle judicial y garante del respeto de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo, desde mi punto de vista, debería ser una personalidad con mayores poderes y competencias: se le reservan las competencias de presentar recursos de ámparo y constitucionalidad y de sugerir al órgano legislativo o Administración la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales para los administrados. Así su incapacidad de imponer coercitivamente sus decisiones, a la espera de ser atendido por los poderes públicos, hace que en ocasiones no pueda impedir con rapidez algo que prevé como injusto, ya que tendrá que esperar a los dictámenes de los recursos, cuyas publicaciones suelen superar los cinco años desde su presentación (sin olvidar que el Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes y que, como ocurre actualmente, la nueva figura esté regida por los principios políticos del Partido Popular).
En definitiva, como soluciones a todos estos fallos de la justicia española incrementaría los fondos destinados al sistema público, al igual que acrecentar su estructura y mejorar su organización, y respetar la separación del poder judicial de los intereses partidistas.
Daniel Grandell García - 3ºD Periodismo
Una vez leído el análisis, e incluso dando la razón a la totalidad del mismo, creo que el principal problema de la Justicia reside en algo mucho más básico. Define el DRAE la Justicia como "virtud cardinal que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece". La pregunta que cabe hacerse entonces es ¿y cómo se sabe lo que le corresponde o pertenece a cada uno? ¿Quién decide eso? Y, sobre todo, ¿quién le autoriza para ello?
Parto de estas preguntas para afirmar que el verdadero problema de la Justicia, el básico -a raíz del cual vienen todos los demás- no es otro que el hecho de estar impartida por humanos. Bien es cierto que no podría impartirse de ninguna otra manera (los tiempos de la Divina Providencia quedaron atrás para muchos), pero ese supone precisamente el obstáculo de partida. Entendemos la Justicia como un concepto abstracto y como tal es imposible llevarlo a la práctica sin que se nos queden lagunas o sin cometer, paradójicamente, injusticias. El problema de la Justicia, tal y como yo lo veo, reside en la imposibilidad de que un señor (o señora) por el mero hecho de haber escuchado a testigos y comprobado una serie de pruebas aportadas (que, seguro, sólo han sigo algunas de todas las posibles) conozca completamente toda la historia, entienda todos los detalles y matices y a raíz de ello emita una sentencia justa al cien por cien. El juez puede juzgar sobre lo que conoce, y lo que conoce no es otra cosa que lo que le han contado.
Por supuesto que cualquiera puede hacer estas reflexiones (que tal vez no sean propias de una estudiante de tercero de carrera), pero muchas veces lo obvio es lo que no se tiene en cuenta. Si asumimos esto como fallo de base (pero necesario, ya que no existe otro modo de impartir Justicia), debemos aceptar entonces que de ahí se descuelguen otra serie de fallos y carencias del sistema (como las enumeradas en la entrada). Lo cierto es que es una reflexión muy pesimista, ya que el obstáculo de partida no tiene solución. Lo único que cabe hacer es confiar en la buena voluntad de jueces y magistrados, aunque por desgracia muchas veces dicha voluntad quede diluida.
Estado - Lara Álvarez Charro - 3ºD
En mi opinión, el principal problema con el que se encuentra la Justicia en España tiene que ver y mucho con lo referido en el punto cinco. La más mínima relación del poder gubernamental con la práctica judicial supone la fragmentación de la imparcialidad, independencia y responsabilidad y este órgano debe tener en todo Estado de Derecho democrático.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano constitucional de Gobierno del poder judicial, un órgano constitucional y político independiente de los demás poderes del Estado y que cuya función no es jurisdiccional sino organizativa e instrumental en orden a garantizar la independencia del poder judicial sujeto exclusivamente al imperio de la ley. Es por ello que resulta contradictorio que esta teoría no sea puesta en práctica, ya que como recoge el artículo 122 CE, . Esa interferencia política en el proceso de nombramientos del órgano hace que veamos a la Justicia de este país como un fenómeno politizado.
Los demás problemas que podemos plantear alrededor de las competencia y obligaciones desempeñadas por la Justicia en España pueden concentrarse en una interrelación breve pero profunda a partir de la exposición de estos diez puntos.
Estoy de acuerdo en su totalidad con lo expuesto en el punto número tres.Creo que la falta de un sistema que englobe una unidad total de la justicia a nivel nacional, dificulta el transcurso y la puesta en práctica de sus competencias en base a la sociedad. La transferencia de poder judicial como por ejemplo con las Comunidades Autónomas, debería limitarse a casos excepcionales, concentrando el grueso de normas, competencias y modos de articular los procesos judiciales en torno a un órgano nacional que garantizase la compatibilidad total e igualdad de la ciudadanía ante un marco de derecho y de Justicia. En referencia al empleo de las diferentes lenguas autonómicas en los procesos judiciales creo que se debería actuar de inmediato para conseguir eso, una unidad ante el ejercicio de la ley.
En relación al caso del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, denunciado por una supuesta malversación de fondos públicos a raíz de una veintena de viajes que realizó a Marbella, mancha la imagen -aún más- que el ejercicio judicial acomete en España.
Considero que para este tipo de asunto, también salpicados con interrelaciones de poder e intereses personales, actúe la fiscalía y otro órgano competente de autoridad pero a nivel internacional. El hecho de que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, haya archivado la denuncia sin realizar las principales comprobaciones de investigación sobre el destino dado al dinero público gastado y apenas dos días después de conseguir algunos de los datos que había solicitado al Consejo General del Poder Judicial, hace que cause una sensación de que se podría hacer algo más. ¿Cómo es posible que no se ahonde más en esta cuestión? El decreto de archivo además recoge que el presidente Carlos Dívar no tuvo “una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio”. Según lo declarado pro algunos vocales del Consejo del Poder Judicial no eran tantos los actos oficiales que le competían al órgano en la ciudad malagueña.
Por tanto, ¿estamos ante una Justicia Justa, Eficaz e Independiente?
ESTADO: DE TORO CHACÓN, MARIO 3ºD
Para empezar, he de señalar que estoy totalmente de acuerdo con el texto y me gustaría mencionar la cantidad de veces que habremos escuchado o dicho la frase “¡Es injusto!” sin pensar en las verdaderas consecuencias que acarrea una injusticia, problema al que desgraciadamente creo que nos hemos acostumbrado y que me lleva a plantearme si realmente la justicia española merece llamarse justicia.
Desde mi punto de vista, es cierto que vivimos en un país en el que la lentitud a la hora de encontrar una solución objetiva y honesta ante un acto delictivo es protagonista. Y es que, cada vez aumentan los casos en los tribunales, pero también el período, incluso de años, para solucionarlos. Pocos países superan nuestra calma.
Otro inconveniente lo encontramos en la estrecha relación de la política con la justicia, quedando esta última sometida a la primera. Obstáculo, puesto que la ley ha de estar por encima de todo, y ley es sinónimo de justicia. Parece ser que es muy complicado ceñirse a las leyes dejando a un lado la ideología o los intereses y por ello se prefiere alargar el deterioro social en casos de violencia, terrorismo o corrupción. Así unos pocos son los que se libran, por lo que nos adentramos en otra cuestión ¿la justicia es igual para todos? El Rey y la Constitución Española afirman que sí, pero como bien dice usted el principio de igualdad de los españoles se ha quebrado: véanse ciertas exculpaciones en casos de corrupción.
Para finalizar, respecto a las posibles mejoras de la justicia apoyo la separación de la política de esta, evitando “amiguismos”, una justicia objetiva e igualitaria, primacía de la ley sobre influencias mostrando profesionalidad. Y, sobre todo, un interés por parte de la ciudadanía junto con una apertura de miras social que pueda conseguirse con los medios necesarios porque todos merecemos saber como funciona, y como debe funcionar, realmente la justicia.
ISABEL SALINERO, 2ºC DE PERIODISMO
Según Ulpiano, gran jurista romano, describía a la justicia como dar a cada uno lo suyo "Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no dañar a nadie y da a cada uno lo que es suyo". Pues bien aquí esta el problema, ¿Cómo, Cuándo y en Qué condiciones se le dá y aplica a cada ciudadano justicia?
A mi parecer la justicia que se lleva a cabo tiene unos cimientos endebles cuando se trata sobre todo de casos complicados, no de un simple juicio de faltas... Hay muchas manzanas podridas en aquellos casos dónde el dinero, la política, el amiguismo se anteponen a la justicia para que está no siga su cauce. Por ello, creo que los puntos expuestos de Carrascal para regular y mejorar nuestro sistema judicial son claves. De los diez puntos sugeridos yo me quedaría sobre todo con el segundo “Falta de voluntad política”, el sexto “La tensión entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional”, el noveno “Una Justicia desigual” y el último ”La falta de transparencia de la Justicia”.
Beatriz Muñoz Martínez 2ºC
MARÍA SÁNCHEZ OCAÑA 3ºD PERIODISMO
Tras leer esta aportación que usted realiza es su blog, me gustaría apuntar en primer lugar, que me parece acertado destacar estos diez puntos. Resultan los más visibles y los que la mayor parte de los ciudadanos españoles tenemos en mente.
Centrando mi comentario en el primer punto, considero injusto que muchas personas echen parte de la culpa a jueces, fiscales, funcionarios, abogados, secretarios judiciales, etc. En mi opinión, lo primero que se debería hacer sería buscar una solución a este primer punto destacado por usted. Hay que trabajar para mejorar las condiciones y para poder dotar a los profesionales de la justicia de instrumentos que les permitan hacer lo mejor posible su trabajo. No hay que olvidar que quién recibirá las consecuencias de estas mejoras serán principalmente los ciudadanos, del mismo modo en que son los primeros en sufrir todas las carencias con las que actualmente cuenta el sistema.
En definitiva, la modernización de la justicia es algo que no se debe prorrogar más. Resulta necesario interconectar informáticamente la justicia para hacer desaparecer esa imagen agobiante de estancias de juzgados llenas de papeles que, desgraciadamente, aparece demasiadas veces en los medios de comunicación. La modernización de la justicia proporcionaría numerosas ventajas y evitaría que se produjeran errores como la pérdida de expedientes o el olvido de algunas actuaciones judiciales que pueden tener consecuencias graves.
Primero, se deberían intentar buscar soluciones para sanear este problema lo más rápido posible para, a continuación, poder empezar a pensar en una solución para el resto.
Estoy bastante de acuerdo con los 10 puntos que se exponen y además lo estoy con la idea de que existe un grave problema en la justicia de nuestro país. La idea general que hay en la calle, lo que se escucha, es que la justicia no funciona ó que funciona mal.
Donde más de acuerdo estoy es en que la justicia en este país es lenta, absurdamente lenta y que está muy politizada. A los jueces no se les ve como a profesionales independientes. Desde luego no parece que se reparta justicia.
Pongo como ejemplo el famoso Caso Gürtel que ha dejado la sensación, al menos bajo mi punto de vista, de que la justicia se puede manipular desde algunos sectores ó poderes, de manera que queden impunes los delitos de los que son juzgados. Este ejemplo muestra lo lento que se puede volver un caso ó que la propia justicia pone los mecanismos al alcance de los acusados para que se puedan poner trabas al propio proceso con la idea de hacerlo largo y al final quedar impunes.
Hay gente que piensa, a propósito de este caso, que no se ha hecho justicia mientras que otra piensa que si se ha hecho. Lo que demuestra lo politizada que está la sociedad. Seguimos padeciendo esas dos "Españas".
Otro caso, que me llama la atención, estos días, es el juicio contra Javier krahe por motivos religiosos. Me asusta que se atente contra la libertad de expresión. Por un lado, creo que hay que respetar las conciencias de cada uno, pero ¿es merecedora de condena el criticar una religión? Pienso que por encima de todo debe existir la libertad de expresión.
Mateo Palencia Morales 3ºD
Estoy de acuerdo con el análisis elaborado sobre los problemas de la justicia en España, es inconcebible teniendo en cuenta la importancia social del poder judicial. Sin embargo, si reflexionamos sobre cada uno de los puntos expuestos, pensamos en casos prácticos y en la situación actual llegamos a una conclusión: todos ellos están interrelacionados, pero no sólo eso, todos tenemos parte de culpa (no podemos echar toda la culpa a los partidos políticos, ni a los operadores jurídicos).
Como comenzaba Sánchez de Diego la entrada, “la justicia no funciona todo lo bien que debería”, aunque nos encontramos ante la tesitura de que la justicia es, sin duda, el “último recurso” para salvaguardar nuestros derechos y nuestros bienes.
El problema es que nos hemos acostumbrado hacer de la justicia un uso habitual, llegando en algunos casos a abusar de ella; lo que hace que la situación actual sea insostenible. Es un secreto a voces que la Justicia en España se ha desbordado, así lo confirma el CGPJ: 3,5 millones de casos pendientes. Sabemos que la cantidad seguirá en aumento, pero cada vez es más difícil hacer frente en este período de escasez y de recortes. Estas circunstancias hacen que perdamos la confianza en la justicia, pero habría que replantearse si algún día la hemos tenido. Es paradójico. Hacemos uso de la justicia porque creemos que es necesaria para solucionar los conflictos que están fuera de nuestro alcance solventar; sin embargo, cuando nos toca hacer frente a la resolución pensamos en el “tarde, mal y nunca”.
Nuestros problemas puestos en manos de la justicia pasan demasiado tiempo aquí, mucho más del que nos esperamos o nos gustaría, llegan tarde. Mal, muy mal porque los responsables nunca parecen lo suficientemente competentes, no creemos en su buena voluntad o en su buen hacer. Y nunca acabamos viendo resueltas nuestras peticiones, puesto que normalmente nos dejamos llevar en la espiral de los recursos, pleitar y pleitar.
Es verdad que el art. 24 CE reconoce nuestro derecho a la justicia, que además de derecho, es un servicio que pagamos entre todos con nuestros impuestos, y para el que el PGE deriva una parte. Pensémoslo por un momento: ¿Acaso somos conscientes del verdadero valor de la justicia?, ¿Hacemos un uso prudente y/o apropiado de ella?
Os recomiendo esta página que es muy útil: http://dondevanmisimpuestos.es/. Creo recordar que un día en clase, el profesor hizo alusión a ella, pero creo que no la hemos prestado mucha atención. Es muy acertada la cita que subtitula la web: “un cínico conoce el coste de todo y el valor de nada” (Oscar Wilde).
A menudo, la duración del procedimiento nos disuade a la hora de disponer de la justicia. Aunque todo cambia cuando estamos inmersos en un proceso judicial, donde el tiempo se traduce en desánimo. Nos preocupa el paso del tiempo porque afecta a la eficacia de la justicia. Séneca decía “nadie se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. El tiempo se convierte en un objetivo más cuando buscamos la eficacia en un proceso judicial.
Fue toda una conmoción cuando nuestro recién nombrado Ministro de Justicia, Alberto Ruíz- Gallardón, anunciaba sobre las nuevas tasas para evitar “abusos” en el acceso a la Justicia. La medida implica hacer frente a los gastos en casos de recurrir por segunda instancia. Medida que busca reducir la litigiosidad excesiva y así agilizar la lentitud de los procedimientos.
Finalizo mi reflexión con una propuesta para mejorar la situación actual de la justicia. Una forma de resolución que cada vez está más de moda y que debería no sólo ser una alternativa a los procesos ordinarios, sino una vía apropiada: fomentar el uso de sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR) - el arbitraje, la mediación o la conciliación-. Un servicio que se traduce en unos costes más asequibles y en un ahorro de tiempo, sin que por ello se vea afectada la calidad; así como la posibilidad de solucionar cuestiones complejas o la confidencialidad del proceso, entre otras ventajas.
CRUZ ALONSO, LAURA - 3ºD
Para comenzar, estoy de acuerdo con los 10 puntos tratados puesto que me parece que retratan la realidad actual de la justicia con bastantes argumentos. Es cierto que la justicia española es lenta, que le faltan medios y ganas, que está totalmente politizada, desequilibrada, desunificada, es poco transparente, alejada del consenso, incoherente en muchos casos, excesivamente litigiosa, en constante tira y afloja entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y ante todo, desprestigiada y criticada entre la sociedad española.
Sin embargo, me parece que se ha pasado por alto un gravísimo problema que debe revisarse si realmente se quieren solucionar los problemas del sistema judicial español. Se trata de los códigos de justicia, a destacar el Código Penal.
Sin olvidar la voluntad de la sociedad española de creer en la rehabilitación y reinserción de los condenados, lo cual limita en cierta medida la modificación del CP, aportaré varios puntos discutidos continuamente en los medios y en la calle:
-Desproporcionado: el actual Código Penal presenta un carácter desproporcionado en cuanto a sus delitos y faltas. El caso de Miguel Montes Neiro, “el preso más antiguo de España”, indultado finalmente por el gobierno el pasado 20 de enero después de haber pasado 36 años en prisión pese a no haber cometido delitos de sangre, abrió recientemente de nuevo el debate en la sociedad. En cambio, poco se tardó en indultar –también a manos del gobierno, en este caso del socialista el pasado diciembre- al banquero Alfredo Sáenz, sentenciado por el Tribunal Supremo a una pena de tres meses de arresto e inhabilitado para ejercer cargos administrativos, después de que falsificara unos documentos para denunciar falsamente a cuatro individuos a los que acusaba de no pagar una deuda de 600 millones de pesetas, mientras ostentaba el cargo de presidente de Banesto.
-Injusto: Mucha gente no comprende que la suma de años por los delitos cometidos no se cumplan estrictamente. Piensan que si un individuo ha asesinado a varias personas y se le condena a 80 años en la cárcel debería cumplir todos los años aunque se pasara el resto de su vida encerrado. También consideran muchas penas demasiado flexibles y cortas en delitos graves, por ejemplo, de carácter sexual, mientras que otros como los delitos informáticos por descargar películas tienen unas sanciones de mucha gravedad.
-No acorde con los tiempos actuales: En la actualidad, los delitos y agresiones se cometen con un mayor grado de violencia ya que es más fácil disponer de numerosos instrumentos y armas en oposición a años atrás. Sin embargo, el CP no ha modificado prácticamente sus apreciaciones adecuándolas a las condiciones actuales.
-Incoherencias: Muchos ciudadanos opinan que no tiene sentido que un individuo que ha cometido un delito -independientemente de su gravedad- utilice a su favor el eximente recogido en el art. 20.2 del C.P. “Estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes […]”, consiguiendo con ello que se le rebaje la pena.
-La Responsabilidad Penal del Menor, en el ojo del huracán por casos atroces como el de la joven Sandra Palo, brutalmente asesinada y torturada, cuyos asesinos –tres de los cuatro eran menores- apenas han cumplido unos pocos años de los que fueron sentenciados. Casos como este son los que indignan y revuelven a la sociedad, que se siente desprotegida y desamparada ante situaciones en las que al ser un menor el implicado, no se ve castigado por la justicia si no tiene 14 años y su condena es corta, saliendo en libertad al poco tiempo.
Como vemos, la sociedad está en todo su derecho de hacer manifiestos como “la justicia es injusta”. Si de verdad se quiere cambiar esta situación y transformar nuestro sistema judicial para hacerlo respetable, no solo tenemos que acabar con los diez puntos explicados en el blog, sino también modificar y adaptar el Código Penal a nuestros tiempos y a la sociedad para que la justicia sea moderna, rápida, proporcionada y en definitiva, justa.
Evidentemente los puntos asignados se ajustan a la problemática de nuestra Justicia actual, la cual es parecer que se va parcheando lentamente y mal. No ajustándose a los momentos actuales de nuestra España. Existiendo códigos o reglas de otras épocas que cuesta trabajo adaptarlas o transcribirlas. Plenamente los legisladores se encuentran en una parte de desfase o de desaliento que pudiera existir voluntariedad manifiesta.
Podemos caer en la tentación de preguntarnos… ¿Tan difícil nos resulta elaborar Justicia?, ¿Acatarla?, ¿Cumplirla?.... Preguntas que desde la época del filósofo Griego Sócrates (“Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”); se criticaba a los cumplidores de la Justicia. O sea que ya fallaba algo….y de esto ya hace tiempo.
La pregunta primordial que nos debemos de hacer y que lamentablemente en nuestros días gana peso es…. En tanto desorden quien es… ¿el que se favorece?. Porque verdaderamente alguien sale ganando en estos casos. Y ya Napoleón Bonaparte nos anunció: (“Sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores”). Pues las víctimas en su papel no se benefician en tal desorden… sólo pierden, bien sea recursos materiales o gananciales. Así que el papel malvado se lo dejaremos a los “opresores”.
Actualmente pienso que el problema es la adaptación de la Justicia a los criterios actuales y la existencia de una multitud de reglas, normas, leyes o forma de impartid justicia “lo buenos, si es breve, dos veces bueno” (Baltasar Gracián). No se pueden pronunciar distintos órganos en la misma causa, con distintos pronunciamientos, produciendo un sinfín de indefensiones y agravios entre personas con los mismos problemas. Sinceramente aunque estemos en un proceso de creer que estamos en un punto avanzado, tal situación de adelanto, crea un sentimiento de retraso. Tal vez necesitemos un sistema jurídico distinto o cambiarlo por otro que sea mas corto y a la vez mas objetivo, aunque haya que suprimir algunos derechos o reglas.
SILVA PÉREZ, Rocio 2ºC PERIODISMO
Me gustaría dar mi punto de vista, ajeno casi totalmente a la justicia, el derecho, y sus problemas internos.
Creo que uno de los problemas principales se encuentra en la politización de la justicia. Como bien dices, la promoción en la carrera fiscal, la resolución de casos o el nombramiento de puestos de referencia se realizan por amiguismo, afiliación política o devolución de favores. Es decir, dentro de la propia justicia no se trabaja, no se actúa justamente. En definitiva, si los aplicadores de justicia no son justos consigo mismos y con sus compañeros, difícilmente podrán impartirla a los demás. Por tanto, lo primero, justicia dentro de la la justicia.
Y para ello, el estamento judicial debe apartar y evitar la instrusión de aquellos miembros que interpongan sus propios intereses ante la justicia. Y me refiero, en especial, a intereses políticos. No puedo permitirse que una votación supuestamente democráctica y sin presiones (Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo), se anunciara previamente por el Presidente del Gobierno, y jefe del poder ejecutivo, cuando teoricamente ambos poderes (judicial y ejecutivo) deben estar separados y ser autónomos.
Por último, uno de los puntos que más me ha llamado la atención es el de “Escasa retribución” de la carrera fiscal. Pienso que esta profesión es, como gran parte de las profesiones, vocacional. No podrás nunca realizar un trabajo positivo si no te interesa lo que haces. Y por tanto, si no trabajas bien, no puedes pedir una mayor retribución. En este punto tal vez paguen “justos por pecadores”, pero creo que puede aplicarse a un gran número de jueces, magistrados, fiscales...
Definitivamente, la renovación de la justicia debe empezar desde dentro para acabar fuera, en el cambio de consideración de la sociedad hacia la justicia.
ÁLVARO DOMÍNGUEZ GÓMEZ. "ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ESPAÑOL" 2ºB.
Para mí, uno de los mayores problemas que presenta la justicia española en estos momentos es precisamente la politización de la misma.
De los 12 magistrados del Tribunal Constitucinal, 4 son designados por mayoría cualificada de 3/5 por el Congreso y otros 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y los otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Este último, está formado por 20 jueces y magistrados que son elegidos por el Parlamento. Sin embargo,la Ley Orgánica del CGPJ 1/8 preveía que 12 de ellos fueran elegidos democráticamente por sus propios integrantes. Lo que no ocurre así y hace inmiscusirse demasiado al poder político en la justicia.
¿Qué hay de los principios del artículo 117 de la CE, según el cual "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistradros integrantes del poder judicial, INDEPENDIENTES, inamovibles, responsables y ÚNICAMENTE SOMETIDOS AL IMPERIO DE LA LEY"?
En una encuesta publicada por el Consejo General de la Abogacía en septiembre del año pasado, la mayoría de los encuestados estaban convencidos de la contaminación partidista en la justicia española.
Además, las dos asociaciones que hay actualmente en la carrera judicial y fiscal son también de signo político, una derechista y otra de carácter izquierdista.
Hay que aplicar la ley sea quien sea la víctima o el culpable, con rigor y sin ideología. Los españoles tenemos el derecho a tener una JUSTICIA JUSTA. La ideología debería depositarse en las urnas, y no en un tribunal como tan a menudo pasa...
Si a todo esto sumamos los cientos de miles de casos penales sin resolver acumulados en los juzgados, que España es uno de los países de la UE con menor número de jueces por habitante, que las normas cambian a tal velocidad que producen un gran desconocimiento entre los ciudadanos, que muchas veces las leyes no se ajustan a la realidad social que vivimos, la existencia de graves delitos con penas "insignificantes" y de otros de menor relevancia con penas "desmesuradas"... Todo ello, sumado a una larga lista de motivos, hace que la justicia española deje mucho que desear y que sea necesaria una reforma de la misma.
ANDREA MATEOS MÍNGUEZ 3º D
1) Al no ser las leyes claras, los operadores jurídicos se desentienden a la hora de buscar la solución más justa .Como diría el Marqués de Beccaria:”Feliz aquella nación en que las leyes fueran tan claras que no tuvieran que interpretarse”.
2) Es esencial un sistema de Checks and balances (controles y contrapesos) en la separación de poderes, refiriéndose a varias reglas de procedimiento que permiten a una de las ramas limitar a otra.
La justicia no debe obviar los incumplimientos por parte de los dirigentes políticos ya que, en el fondo, su mala gestión causa daño al pueblo incumpliendo uno de los tria iuris praecepta: alterum non laedere, cuya manifestación en el Derecho privado se halla en el artículo 1902 del Código civil (responsabilidad extracontractual).
3) La vecindad civil o sujeción al Derecho civil común o al especial o foral es causa de desigualdades hasta el punto de que se puede calificar de dislate el establecer como derecho supletorio antes que el Código Civil el que, en su caso, establezcan las legislaciones forales(Art 13.2).
4) La hiperinflación legislativa supone que entre los muchos preceptos existentes se encuentran previsiones de carácter incoercible como se observa en nuestro Derecho de Familia por la transformación de un deber moral en obligación jurídica (ejemplo: Artículo 67CC: Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia).
El objetivo es que las leyes se dicten para se, lo que reduciría el número, como ocurre en Alemania. También sería deseable que se destipificarán como delitos comportamientos, únicamente merecedores de una sanción administrativa.
5) El Ministerio Fiscal depende, en el fondo, del Poder Ejecutivo.
-La existencia de jueces tendenciosos en la fase de instrucción hace que se sobresean (archiven) casos que deben ser enjuiciados.
6) La supercasación existente debería limitarse, eliminándose como derechos fundamentales susceptibles de conocimiento por parte del TC el principio de igualdad (art14) y la tutela judicial efectiva (art 24) ya que por vía de estos dos artículos, se presentan ante el TC materias propias de la justicia ordinaria.
7) Debe descargarse a los Tribunales, traspasando a la fedatarios públicos extrajudiciales (notarios) y judiciales (secretarios) materias en las que no hay controversias o litigios (propias de la jurisdicción voluntaria).
También debe modificarse el criterio objetivo del vencimiento en la imposición de las costas, para que el que recurra tenga que pagar algo en aras a la disminución de recursos.
8) Podría ser interesante cambiar el tiempo de interrupción de la prescripción al momento en que se dicta sentencia firme para que los tribunales se esmeren en fallar lo antes posible. Actualmente: Artículo 1973.
9) La jurisprudencia debería ser fuente del Derecho como en el sistema anglosajón (en nuestro sistema no lo es a tenor del art.1.1 del CC) y procurar que hubiera un sistema efectivo de consulta al TS de cualquier duda sobre la interpretación de las leyes, con el objeto de unificar la justicia.
10) Esto es un problema derivado del juego de mayorías puesto que para contentar a los miembros de los distintos grupos políticos se promulgan disposiciones abstractas y ambiguas, citando el art.38 de la CE como ejemplo: Artículo 38.
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
• Podemos citar también como problemas a solucionar:
La existencia del Bloque de Constitucionalidad: Favoreau
La existencia de antinomias sin solucionar, como la de los art. 759 y 799 del CC, debiendo entenderse que este último se refiere al término y no a la condición.
Creo que el peor problema es su politización. La justicia debería estar completamente desvinculada de la política, ya no creemos en nuestros políticos y por extensión, difícilmente podemos creer en la justicia. El sistema de elección de los miembros del CGPJ no me parece bueno, quizás en el anterior sistema en el que se elegían entre los mismos jueces y magistrados, podría existir demasiado corporativismo pero sería más imparcial que el actual. Como ejemplo estamos viendo que aún no se ha resuelto la renovación de los cargos del TC, se necesitan 3/5 del Congreso y del Senado para la renovación, eso quiere decir que los dos grandes partidos políticos se tienen que poner de acuerdo.
Muchos de los otros problemas de la justicia pueden ser consecuencia de esta politización. La lentitud de la justicia supone que la mayoría de los ciudadanos no recurramos a ella por no meternos en un proceso costoso e interminable, aunque si es verdad que en muchos casos sale demasiado barato demandar al alguien por lo que los juzgados se ven desbordados de trabajo.
Deberían cambiarse las leyes para que no existieran problemas de competencias que alargan los procesos, el hecho de que muchas leyes tengan diversas interpretaciones y que para casos similares se den diferentes sentencias hace que el sistema sea o perezca injusto. Pero sobre todo se deberían adaptar las condenas a la verdadera gravedad del delito, y por supuesto cumplirlas. No puede ser que un ladrón esté toda su vida en la cárcel y que terroristas que han asesinado a sangre fría estén en la calle, que los asesinos de Sandra Palo o Marta del Castillo, se estén riendo de todos.
La justicia, aparte de ser justa, debe parecerlo y sobre todo dar ejemplo. El caso Dívar es un ejemplo de politización y poca transparencia, se que comparado con otros casos puede ser por la cantidad de dinero del que se habla, que parezca una nimiedad, pero a mí me parece sumamente grave. Es un máximo representante de la justicia en nuestro país y el más que nadie no puede desviarse ni lo más mínimo de la ley, he leído en un artículo “El Gobierno valora la "responsabilidad" de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que han optado hoy por no votar la dimisión de su presidente, Carlos Dívar, por la estabilidad de la institución a cambio de su compromiso a renunciar la semana que viene, pasados los actos del bicentenario del Tribunal Supremo que presidirá el Rey", me parece un grave error ¿Qué estabilidad de la institución?, me parece lamentable que Dívar aparezca en los actos del aniversario, creo que deberían haberle apartado de su cargo desde el primer momento y hasta que se demuestre su inocencia o culpabilidad. Este es otro de los problemas que existe, ¿Cuántos políticos siguen en su cargo acusados de diversos delitos?, la sensación de los ciudadanos es que gozan de plena inmunidad.
Enlazando con su artículo de “Normas y más normas”, creo que la justicia y la clase política deben dar ejemplo y mostrar la mayor transparencia, las normas están hechas para cumplirlas pero deben concienciarnos de ellas. Tantos altos cargos gastándose el dinero público, estafadores a los que se les aplica una amnistía fiscal, indemnizaciones millonarias de los banqueros que nos están llevando a la ruina, sueldos vitalicios a políticos que han pasado sin pena ni gloria por nuestro gobierno, ¿Qué clase de ejemplo nos están dando?. Viendo todo esto, si a nosotros, después de los recortes que estamos sufriendo, se nos ocurriera meter en nuestra declaración de la renta unos gastos extras sin justificar para que nos devuelvan 1000 “eurillos” más, ¿Cree que hacienda iba a tener alguna consideración con nosotros?, ¿por qué vamos a cumplir las normas si los que las hacen no las cumplen?
Podría seguir y seguir poniendo ejemplos del por qué no creemos en la justicia ni en nuestros políticos, son muchas cosas las que deben cambiar, sobre todo con respecto a las leyes, su cumplimiento y sus consecuencias, hasta entonces no nos queda otra que estar cada vez más “INDIGNADOS”.
A mi parecer estos diez puntos son los que enmarcan una llamada de atención de lo que esta haciendo con la Justicia en España, pero sobre todo el punto aun mas relevante de todo y el que encabeza esta realidad social es " la politización de la Justicia". Si bien es cierto es el dinero quien mueve grandes masas y con ello basta decir el poder, un poder que los solo los políticos gozan al ser ellos nuestros representantes a los cuales nosotros elegimos con el único objetivo de defender intereses del pueblo,haciendo de unas promesas políticas unas mentiras verdaderas que cada vez son mas vistas debido a deficiencias internas dentro de la gestión de un procedimiento interno que solo los partidos políticos afines mueven los hilos a su antojo.
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